Garza-Placencia: Actores y redes del movimiento por los derechos humanos en América Latina1



Introducción

En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. (Galeano, 1998).

El totalitarismo de Estado y las dictaduras militares son los casos más representativos en los que la violencia se reconoce como un recurso por medio del cual los Estados han ejercido y conservado el poder. Esta forma de violencia se practica mediante múltiples modos, como la censura, la vigilancia policial secreta, la justicia viciada, la represión política y los crímenes de lesa humanidad, es decir, los delitos que se cometen bajo el amparo del Estado. Después del exterminio judío por el nazismo, en 1946, se dio el juicio de Núremberg para castigar a los nazis por los delitos que habían cometido en contra de ciudadanos alemanes. Dichos delitos son llamados por primera vez “crímenes de lesa humanidad”. Desde entonces, en las situaciones en las que se cometieron crímenes como el genocidio, la desaparición forzada, la esclavitud, el traslado forzoso y/o la tortura contra la población civil, se imputa una especial responsabilidad a los jefes de Estado, líderes políticos, militares, funcionarios y colaboradores que estuvieron encima o más allá de la ley de sus propios Estados (Robertson, 2008).

En las dictaduras militares, la comisión de actos generalizados y sistemáticos de ejecuciones, desapariciones, tortura o persecución de civiles se realizaba en aras de una línea política dominante y, por tanto, el Estado era el marco tradicional de las formas de violencia que atentaban contra las libertades y los derechos fundamentales de la población. Con la llegada de los regímenes civiles elegidos democráticamente se confrontaron otras formas de violencia política, criminal y delincuencia común y económica que subsisten en las interacciones de múltiples actores sociales en un orden político diferente. En la perspectiva del “pluralismo violento”, se plantea que la violencia no solo se concentra en el Estado, sino que existen otros “actores violentos” que la emplean para mantener o acceder al poder (Desmond y Goldstein, 2010).

Las formas de violencia son diversas (conflicto armado, violencia paramilitar, impunidad policíaca, pandillas urbanas, delincuencia común), pero los altos costos humanos y sociales asociados principalmente a la criminalidad fueron el motivo para que el tema de la seguridad se convirtiera en un asunto de primer orden en la agenda de muchos gobernantes. Así, los argumentos de las elevadas tasas de criminalidad han llevado a los Estados a definir ciertas políticas de seguridad y promulgar leyes o artículos constitucionales que restringen las libertades individuales ofreciendo a cambio protección personal y patrimonial. Asimismo, algunos ciudadanos aceptan la expansión del poder policial en las calles y los abusos y las arbitrariedades que de él resultan a cambio de maximizar su seguridad (Pita, 2010). De esta manera, en muchos países latinoamericanos la expansión del poder policial y militar pasó no solo a ser tolerada, sino también propiciada, con el fin último de garantizar la seguridad pública y combatir el terrorismo o el narcotráfico.

Desmond y Goldstein (2010) sugieren que la interacción de múltiples actores violentos ha permitido la emergencia de nuevas formas de orden político, al mismo tiempo que se han constituido otras maneras de subjetividad política. De tal modo, el periodo de la transición democrática latinoamericana ha sido marcado por la emergencia de movimientos sociales que por las circunstancias tuvieron que evidenciar las desigualdades sociales, políticas y económicas. Estos movimientos generalmente han empleado el discurso de la democracia y los derechos humanos para asegurar y legitimar sus protestas, encontrando una manera para expresar las injusticias vividas por las distintas formas de violencia y los abusos del poder, sobre todo cuando ellos mismos no pueden funcionar como instancia de derecho positivo (Braig, 2012).

En América Latina se conformó un movimiento social y político trasnacional que durante varias décadas (1970 a la fecha) ha emprendido múltiples estrategias de presión e incidencia pública con el propósito de encontrar solución a sus demandas de justicia, verdad y memoria frente a las autoridades que minimizaban o negaban lo ocurrido durante las múltiples expresiones de violencia producidas en contextos de dictadura y democracia. Este artículo tiene como objetivo describir ese periodo de movilización social en situaciones donde los derechos fundamenta- les han estado plenamente vulnerados por Estados represivos. El texto se enfoca en las condiciones que hacen posible la emergencia y el desarrollo de actores políticos y colectivos que han luchado por el reconocimiento de la dignidad humana, así como para contener la represión y las graves violaciones a los derechos humanos en tres países: Argentina, Colombia y México.

En el estudio son centrales los familiares de las víctimas (principalmente de las personas desaparecidas), su organización en colectivos y su articulación con otros movimientos sociales. Por tanto, se propone la noción de “familiar de víctima” como una categoría que permite identificar a los familiares de las personas desaparecidas, quienes, ligados por los lazos de parentesco con las víctimas, se han convertido en un tipo particular de actor político o activista que surge como consecuencia de la injusticia y el agravio personal (Pita, 2010). De este modo, en las transformaciones producidas por el movimiento social o por las relaciones dinámicas de la acción colectiva se hace referencia a la capacidad de formar nuevos actores políticos, sistemas de alianza, identidades colectivas, así como a la posibilidad de generar cambios en los sistemas de valores, opiniones, actitudes y conductas sociales e individuales (Ibarra, Gomà y Martí, 2002; Calle, 2007). En ese sentido, Alonso (1990) argumenta que la novedad en los movimientos sociales estriba en su potencialidad para dar a luz a un nuevo sujeto social. Este autor propone que a los actores de un movimiento social hay que situarlos como parte de un sistema de relaciones que dan sentido a esa actividad colectiva sustentada en un conjunto de peticiones, reivindicaciones y demandas que permiten un despliegue de formas de lucha y posibilidades de organización.

A lo largo de la historia, diversas causas han motivado la conformación de activistas por los derechos humanos, porque siempre “hay algo que se combate y algo que propone construir” (Alonso, 2013: 114). Pero en el fondo de cada exigencia o demanda están los sentimientos de injusticia y agravio en los familiares de las víctimas, que vinculados al discurso de los derechos han dado la pauta para la organización, movilización, protesta y resistencia ciudadana. Para las organizaciones de derechos humanos, la defensa de los mismos implica considerar una perspectiva basada en la “dignidad humana” o “vida digna”. Por tanto, las luchas civiles se han enfocado en el reconocimiento y la conquista de los derechos que satisfacen una vida digna, como la libertad, la integridad física, las condiciones de igualdad, un ambiente sano, entre otros. Asimismo, los derechos humanos son considerados “valores” que requieren de acuerdos políticos para su realización fáctica y un marco de aplicación jurídica para su exigibilidad y “justiciabilidad”.

En la primera parte del texto se aborda el caso de las organizaciones argentinas, como Madres de la Plaza de Mayo, que lucharon por los derechos de las víctimas de la represión política durante la última dictadura en el país (1976-1983). Además, se exponen las experiencias del Juicio a los Juntas Militares y la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) como un logro concreto de las demandas de justicia del movimiento por los derechos humanos durante la transición democrática. Estas experiencias pueden considerarse como uno de los mayores esfuerzos gubernamentales por tratar de entender los crímenes del pasado y recordar los daños infligidos a las víctimas y sus familiares en la dictadura militar. En un segundo momento se presenta el caso de la movilización social que surgió principalmente en los años noventa como respuesta de un grupo de ciudadanos que decidieron manifestarse para exigir la paz negociada ante el conflicto armado, la construcción de una memoria histórica y buscar verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia en Colombia. Para finalizar, se analiza el caso del activismo de los familiares de las víctimas de la llamada “Guerra Sucia” en la década de los años setenta en México, quienes se convirtieron en los precursores de la defensa de los derechos humanos en el país, tanto a nivel nacional como internacional. De igual modo, se describen las dificultades que tuvo que enfrentar la primera Comisión de la Verdad (ComVerdad) que se estableció en ese país para realizar su mandato.

Sociedad civil y derechos humanos frente a la dictadura argentina

Durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983) se practicaba la represión, se difundía el miedo y se suprimían las libertades y los derechos fundamentales, al mismo tiempo que algunos de los ciudadanos afectados por la represión -familiares de desaparecidos y presos por motivos políticos, intelectuales, representantes religiosos, así como abogados- se organizaban para demandar la defensa de la vida de las víctimas y protestar por la violencia de Estado y las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo. Por ejemplo, a finales del año 1975 se fundó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con el propósito de denunciar los secuestros, los asesinatos y las desapariciones de personas que se habían intensificado a partir de la violencia política de la dictadura (Jelin y Azcárate, 1991).

Un caso emblemático son las organizaciones de las Madres de la Plaza de Mayo, conocidas porque a partir de estrategias de movilización de gran impacto público y vínculos con redes transnacionales de defensa de los derechos humanos han luchado por la recuperación de sus familiares desaparecidos, así como por el juicio y castigo a los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina. Una de estas estrategias de las Madres de la Plaza de Mayo fue conocida como la “ronda”, ya que en el año 1977 las mujeres, con un pañuelo blanco sobre la cabeza, comenzaron a caminar en círculo alrededor del obelisco de la Plaza de Mayo como respuesta a su desesperación y ante la orden policial que impedía la concentración de personas por disposiciones del Estado de excepción (Inclán, 2012). Asimismo, en 1979 la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había sido invitada por la Junta Militar, fue un hecho que a las Madres de la Plaza de Mayo y a otras organizaciones de derechos humanos les sirvió como respaldo para interpelar a las autoridades y ganar espacios mediáticos.

En los años ochenta, los artistas Rodolfo Aguerreberry, Julio Flores y Guillermo Kexel propusieron otras formas de denuncia e intervención del espacio público. Así, los artistas crearon masivamente siluetas con forma humana para ser puestas en la ciudad y como acompañantes en las marchas de las madres. De acuerdo con los artistas, las siluetas serían una expresión simbólica del tiempo social de la vio- lencia, de las formas en que se ejecutaba la desaparición de personas y la ausencia de cuerpos (Inclán, 2012).

A la causa de los familiares de las víctimas se sumaron abogados y organizaciones civiles creadas ex profeso para la defensa jurídica de los casos. En 1979 surgió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como respuesta a las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo durante la dictadura. La organización se había planteado como propósito “documentar el terrorismo de Estado y proporcionar ayuda legal y asistencia a los familiares de las víctimas, especialmente en el caso de detenidos-desaparecidos” (CELS, 2016: s. p.).

Para 1983, en la etapa inicial de la apertura democrática, el gobierno del presidente electo Raúl Alfonsín se apropió de algunas demandas y valores expresados por el movimiento de derechos humanos. “El juicio y castigo a los culpables” se había convertido en uno de los principales reclamos y consigas de este movimiento. Entre las iniciativas del presidente Alfonsín se pueden mencionar el juzgamiento a los principales responsables de la dictadura militar por las violaciones a los derechos humanos (Juicio a las Juntas Militares) y la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).2 Al principio, las organizaciones de derechos humanos se resistieron a cooperar con la CONADEP porque este organismo carecía de competencia para obligar a las Fuerzas Armadas a proporcionar información. Posteriormente, la Comisión consiguió trabajar con la colaboración de los familiares de los desaparecidos y en nueve meses la conadep tomó 7.000 declaraciones que documentaban los casos de 8.960 personas desaparecidas. Esta Comisión ha sido señalada como la más exitosa de América Latina, especialmente por el informe llamado Nunca más,3 que presentó numerosas pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.

En 1985 se realizó un proceso penal en el que se juzgaron a nueve excomandantes de las Juntas Militares por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Este Juicio a las Juntas Militares se conformó como un proceso histórico, resultado de una serie de decisiones, negociaciones y estrategias en el que participaron múltiples actores, tales como el Ejecutivo Federal, las Fuerzas Armadas y el movimiento de derechos humanos (Feld, 2002; Galante, 2015). El Juicio se caracterizó por ser un acontecimiento oral y público a partir del cual múltiples actores (ex detenidos-desaparecidos, familiares de las víctimas y militares) propusieron en sus testimonios sus propios marcos interpretativos del pasado (Feld, 2002; Galante, 2015).

Si a la fase de la “verdad” le correspondió lo que fueron las investigaciones llevadas a cabo por la CONADEP, en cuyo informe se dieron a conocer públicamente las atrocidades cometidas durante el régimen militar, a la fase de la “justicia” le correspondió como momento fundamental y fundacional el Juicio a los ex-Comandantes. Las dificultades políticas de la fase de justicia en el caso argentino se pusieron de manifiesto con el correr de la transición de manera sintomática. (Jelin y Azcárate, 1991: 33)

En ese periodo de transición democrática también se registraron protestas callejeras, marchas y actos conmemorativos para recordar el episodio de represión y violencia política durante la última dictadura militar. Por ejemplo, cada 16 de septiembre, desde 1985, se realizan actos y movilizaciones que participan en la reconstrucción del pasado y la activación de memoria que busca recordar a los jóvenes detenidos-desaparecidos en septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata. En ese hecho histórico de represión fueron secuestrados por su activismo estudiantil y pertenencia política: Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler. Los mismos represores bautizaron el operativo orientado a la represión política como “La noche de los lápices” (Lorenz, 2004). No obstante, ese episodio de represión política no era tan conocido hasta que el sobreviviente Pablo Díaz retomó su activismo político para denunciar la violencia y las vejaciones que sufrieron los estudiantes pertenecientes al movimiento estudiantil por su condición de ser militantes políticos. Las primeras denuncias públicas de Díaz ocurrieron con sus declaraciones en el juicio a las Juntas Militares en 1985.

Ahora bien, el movimiento social por la defensa de los derechos humanos no se conforma como un bloque homogéneo: se trata de un amplio espectro de acto- res sociales que han pasado por cambios en sus discursos, demandas, estrategias e incluso ha habido rupturas y conflictos internos. De acuerdo con Jelin y Azcárate (1991: 33), una parte del movimiento por los derechos humanos se fue distanciando del gobierno y comenzó a cuestionar y reclamar por la “tibieza de sus decisiones”. “Exigía más, tanto en lo que hace a la administración de justicia para con los militares responsables de las violaciones, como en el proceso de esclarecimiento de las desapariciones y en la libertad de los presos políticos”.

Para la segunda mitad de la década de los años ochenta, hubo un proceso de impunidad que se inició con la restricción de juzgar a las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias de rangos medios e inferiores (Ley de Obe- diencia Debida) (1986) y la prescripción de juzgar al grueso de los responsables por violaciones a los derechos humanos (Ley de Punto Final) (1987), y que continuó con los indultos4 a los jefes militares decretados por el presidente Carlos Menem entre 1989 y 1990. De modo que los actores y las redes del movimiento por los derechos humanos se convirtieron nuevamente en los protagonistas para la gestión del pasado (Feld, 2002).

Basta señalar que en ese contexto histórico y político se conformaron otras asociaciones principalmente integradas por los familiares de las víctimas. Por ejemplo, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) es una organización que surge en 1995 cuando se articularon los hijos de los desaparecidos, ejecutados, presos políticos y exiliados durante la última dictadura. H.I.J.O.S.-Argentina se sumó a las discusiones sobre la memoria e identidad de los desaparecidos, y especialmente participó en las disputas por la configuración del pasado. Inclán (2012: 74) afirma que la plataforma de acción de H.I.J.O.S., fue el escrache, “palabra que en el lunfardo (el habla popular rioplatense) designa evidenciar, hacer público algo que estaba oculto”. El escrache tuvo como sentido fundamental producir una condena social en los casos de violaciones a los derechos humanos donde no había posibilidades de justicia, por lo que este colectivo intervenía en los barrios para denunciar la represión de la dictadura e involucrar a más habitantes en sus visiones sobre el pasado, la violencia y las víctimas. Con un escrache se daba a conocer la vida o biografía de un represor y se cuestionaba su acción al ser parte de una dictadura; también se denunciaba el comportamiento de los que callaron o colaboraron con los militares.

Además, H.I.J.O.S., junto con otras organizaciones argentinas de derechos humanos, participó activamente en las discusiones que definirían las políticas oficiales de memoria impulsadas por el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) (Mendoza, 2012). Asimismo, con la llegada del presidente Kirchner se promovió la derogación de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). De modo que, en 2005, con la anulación de las leyes de impunidad, se abrió el camino para la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En los primeros juicios por desapariciones se culpabilizaron a más de 200 militares.

A la tradición del activismo argentino por los derechos humanos se pueden integrar otros casos de familiares de víctimas afectadas por la violencia policial. Por mencionar un ejemplo, en los años noventa se fue definiendo un movimiento conocido como los familiares del “gatillo fácil”,5 que ha ido construyendo un campo de movilizaciones y protestas contra la violencia policial y la impunidad (Pita, 2010). Smulovitz (2005) plantea que las conductas violentas de la policía también condujeron a la creación de organizaciones nacionales como la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia (COFAVI) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), las cuales asumieron la misión de reportar actividades policiales represivas y exigir justicia en casos de violencia policial.

Movilización social frente al conflicto armado en Colombia

Desde la década de los años cincuenta, en Colombia se vivió un conflicto armado6 que, vinculado a la militarización como estrategia para supuestamente contenerlo y la violencia estructural de la sociedad colombiana, han dejado una grave crisis humanitaria (Valdivieso, 2012). Por mencionar algunos datos, desde 1985 el con- flicto armado ha ocasionado la muerte de aproximadamente 220.000 personas y “la cifra de desplazados podría acercarse a las 5.700.000 personas” (GMH, 2013: 34). Además, fenómenos como la producción de coca y amapola han afectado a miles de campesinos a través de los procesos de fumigación, mientras que los habitantes de las zonas urbanas en conflicto armado viven en condiciones de exclusión social (Izquierdo, 2003).

No obstante, la expansión de las múltiples expresiones de violencia ha producido diversas formas de movilización y resistencia civil. Por ejemplo, se conformaron las organizaciones de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, detenciones ilegales y tortura para reclamar por su dignidad y derechos. La Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES) comenzó en 1983 sus acciones de denuncia y protesta con el objetivo de hacer visibles en el espacio público a las personas desaparecidas debido a que en ese tiempo las autoridades se negaban a reconocer la ocurrencia de la desaparición forzada en el país. Sus primeras manifestaciones y protestas públicas fueron conocidas como las “Marchas de los claveles blancos”, ya que los jueves a las doce del día los familiares de las vícti- mas portaban un clavel blanco y junto con algunos estudiantes de las universidades Nacional y Distrital tomaban las calles para exponer en carteles de gran formato las fotografías de sus desaparecidos (GMH, 2013). Con el transcurso del tiempo, ASFADDES se ha convertido en una organización defensora de los derechos humanos que acompaña a los familiares de las víctimas en sus procesos jurídicos, de formación política y apoyo psicosocial. Asimismo, esta asociación participó en las acciones de presión e incidencia política por medio de las cuales se consiguió la tipificación del delito de desaparición forzada en la Ley 589/2000 (ASFADDES, 2016).

En 1996, ASFADDES se vinculó con otras organizaciones como el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz para crear el proyecto “Colombia Nunca Más” (PCNM), con la intención de investigar, documentar y analizar los casos de viola- ciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en el país. Este proyecto se ha configurado como una alternativa de la sociedad civil organizada para recuperar la memoria de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, pero sus labores de investigación se han realizado en un contexto adverso, debido a que sigue el conflicto armado y persisten las personas agraviadas así como las sistemáticas y continuas violaciones a los derechos humanos en un sistema democrático. Por esta razón, el proyecto “Colombia Nunca Más” no ha presentado un informe final como los elaborados por las Comisiones de la Verdad en el Cono Sur tras las dictaduras militares (Colombia Nunca Más, 2008).

Además, se puede mencionar el caso de las organizaciones de las Madres de la Candelaria. En la ciudad de Medellín, estos grupos de mujeres, en su mayoría campesinas, se reúnen todos los miércoles o viernes desde las doce del día en un “plantón” frente al atrio de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria para recordar y exigir justicia por sus familiares desaparecidos. Las Madres de la Candelaria también han buscado participar en los asuntos relativos al conflicto armado y han incidido en las políticas públicas relacionadas con la atención y reparación integral de las víctimas a pesar de que la gran mayoría de las mujeres no tenían una formación política por tratarse de madres de familia y amas de casa con poca formación académica. En 2003, este movimiento de madres se divide en la Línea Fundadora, que se manifiesta todos los miércoles en el atrio de Nuestra Señora de la Candelaria; y con el financiamiento de proyectos de cooperación internacional surge la asociación Caminos de Esperanza-Madres de la Candelaria, que realiza sus plantones todos los viernes en el atrio (Martínez, 2010; Tamayo, 2013).

En la década de los noventa se conformó el Movimiento Ciudadano por la Paz en Colombia. En este movimiento convergieron actores sociales como grupos eclesiales, empresarios, familiares de las víctimas, organizaciones sindicales y académicas, que hasta entonces era inimaginable que pudieran compartir objetivos comunes por la búsqueda de la paz negociada ante el conflicto armado, el cese al fuego y el respeto al derecho internacional humanitario (Zuluaga, 2002). Este movimiento se caracterizó por ser una expresión ciudadana que se enmarcó en la transición hacia una aparente “democracia participativa” con la nueva Constitución Política de 1991, ya que en la norma se introdujeron nuevos mecanismos de participación como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildeo abierto, la iniciativa popular y la revocación de mandato, lo que suponía un intento por incrementar y facilitar la participación ciudadana.

Cuatro años después, estos mecanismos de participación quedaron reglamentados en una ley, pero no se crearon los espacios necesarios para su implementación (Escobar y Rodríguez, 2001; Zuluaga, 2002). Ante la ineficacia de los mecanismos formales de participación política para la sociedad civil, el Movimiento Ciudadano de Paz tuvo que proponer diversas estrategias de acción colectiva para la exigencia de la formulación de una política de paz. Estas estrategias se manifestaron con la votación de más de diez millones de personas por el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad,7 realizada el 26 de octubre de 1997, las marchas contra los secuestros dirigidas por la Fundación País libre y las marchas de trabajadores estatales (Escobar y Rodríguez, 2001).

El Movimiento Ciudadano tuvo un período (1997-1998) de mayor participación y movilización social; posteriormente, entró en una etapa de desacuerdos y conflictos internos (crisis de representatividad, protagonismos, competencia por los recursos, desconfianza) porque los integrantes se cuestionaban los pocos avances que habían logrado en el ámbito de la paz. De ese modo, los objetivos de la acción colectiva se diversificaron porque para ciertos actores la agenda debía definirse por la solución del conflicto armado, la entrega de armas y la desmovilización de los guerrilleros. Para otros actores civiles, “la paz es mucho más que eso: es la transformación de las estructuras sociales, económicas y políticas que permitan poner fin a una historia de exclusión e inequidad, única forma de sentar las bases de una paz sostenible” (Zuluaga, 2002: 352).

En los años noventa aumentó significativamente el repertorio de estrategias y acciones colectivas en pro de la paz (González, 2010). En esos mismos años también se articularon actores colectivos de la sociedad civil que compartían preocupaciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos y la justicia social; entre ellas se pueden mencionar la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ), así como la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (Escobar y Rodríguez, 2001). Ambas iniciativas cuentan con una trayectoria consolidada en el tiempo, ya que continúan realizando acciones colectivas que buscan incidir en los procesos de construcción de la paz y en el fortalecimiento a las organizaciones de víctimas de la violencia en el ámbito local, regional y nacional. Para González (2010: 45), algunas de estas iniciativas de participación ciudadana no han logrado constituirse como un interlocutor reconocido por el Estado y sus resultados de incidencia en las políticas nacionales no parecen muy “tangibles”. Otras organizaciones comunitarias por medio de la intervención de la Iglesia han desarrollo acciones que buscan reconstruir el tejido social “-fundado en la solidaridad, la participación y el trabajo colectivo-. Entre estas inicia- tivas se pueden destacar dos reconocidos ejemplos, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y las Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad del Cacarica” (González, 2010: 47).

Ahora bien, los actores en conflicto desarrollaron diversas iniciativas para implementar justicia transicional y construcción de la paz; pero los intentos de una salida negociada al conflicto no tuvieron éxito8 (Fisas, 2010; Valdivieso, 2012).

Tampoco las normas y leyes expedidas ex profeso han aportado a los procesos de reconciliación nacional. Por mencionar un caso, en 2005 se decretó la Ley de Justicia y Paz (Ley 975), pero esta no garantizaba el derecho a la reparación integral y la verdad de las víctimas, alejándose así de las exigencias de los estándares internacionales que obligan a los Estados a resarcir los daños de la población afectada (Fisas, 2010; Valdivieso, 2012).

Empero, surge la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) como mandato de la Ley 975/2005. Entre las actividades de la CNRR se destaca la participación del Grupo de la Memoria Histórica (GMH), integrado por un grupo de académicos que investigan casos emblemáticos de violencia (desplazamientos forzados, despojos ilegales de tierras, enfrentamientos armados, masacres) y organizaciones de resistencia frente al conflicto armado, con el propósito de develar desde una perspectiva histórica lo que aconteció con las víctimas, los perpetradores, las alianzas criminales y los actores en confrontación (GMH, 2013; Martínez y Silva, 2014). En el año 2013 se publicaron los resultados de las investigaciones del GMH en el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, donde se analizan las causas y consecuencias del conflicto armado en los últimos cincuenta años.

En tanto, diversas organizaciones de derechos humanos han logrado presionar al Estado colombiano para que cumpla con las disposiciones internacionales en materia de justicia transicional y de protección a los derechos. Por ejemplo, surgieron los proyectos encaminados a la exigencia de justicia, verdad y reparación integral promovidos por la sociedad civil organizada, como el caso del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). El MOVICE se conforma en 2005 en la ciudad de Bogotá como respuesta a la expansión del paramilitarismo y la creciente militarización territorial sustentada en la Ley 975/2005. Por eso, este movimiento tiene como principal objetivo la reivindicación de las víctimas de crímenes cometidos por la acción u omisión de miembros de la fuerza pública o fuerzas paraestatales o paramilitares que actuaron bajo la aquiescencia del Estado (MOVICE, 2015).

Las estrategias del movimiento se han enfocado en movilizaciones y protestas, así como en la incidencia política y las acciones jurídicas contra las leyes que propician la impunidad. El MOVICE también busca recuperar la verdad y la identidad de las víctimas a través de las “Galerías de la Memoria”, es decir, instalaciones colectivas, públicas e itinerantes de los objetos que recuerdan a las víctimas y los relatos de sus familiares o amigos que pretenden generar la presencia de los ausentes (Martínez y Silva, 2014).

En ese sentido, se han logrado avances y retrocesos en la reparación de las víctimas. Por ejemplo, durante la visita del Secretario General de la ONU Ban Ki- Moon a Colombia en el mes de agosto de 2010, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a aprobar una ley de víctimas en la que se incluiría un capítulo sobre la restitución de las tierras al campesinado (Semana, 2011; Valdivieso, 2012).

En 2011 se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de las Tierras en la que se establecen medidas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado. La importancia de esta ley radica en que por primera vez se proporcionó un reconocimiento a los agraviados y se planteó su reparación integral; pero dicha ley se ha implementado en medio de una serie de problemas administrativos y de articulación entre las institucionales locales y estatales. Incluso se ha recrudecido la violencia en algunas comunidades. La organización internacional Human Rights Wacth (HRW), en el informe titulado El riesgo de volver a casa: violencia y ame- nazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia, documenta diversos casos de asesinatos y amenazas de muerte en las familias desplazadas que intentan recuperar sus tierras (HRW, 2013).

Colombia es un país que comparte con México un contexto generalizado de múltiples violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad, los paramilitares, la delincuencia común y el narcotráfico. Si bien México es un país que se caracteriza por la práctica sistemática y generalizada de violaciones a los derechos humanos en gran parte de su territorio, la estrategia de militarización promovida desde el año 2006 ha puesto en crisis el respeto a los derechos humanos.

Precursores de los derechos humanos ante el autoritarismo en México

En México, por más de 60 años (1940-2000) el sistema político mexicano estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos se establecía bajo un régimen autoritario y presidencialista. La participación de la ciudadanía no se fortaleció y tampoco fue democrática: más bien funcionó con un perfil populista en el que se controlaron las organizaciones sociales y se las incorporó a un régimen de partido de Estado (Aziz y Alonso, 2009). Pese a ese contexto sociopolítico, el movimiento de 1968 en el que participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), además de profesores, intelectuales, amas de casa y profesionistas, se consolidó como una gran movilización social a favor de los derechos humanos (Saltalamacchia, 2009). Sin embargo, en aquel tiempo los jóvenes protagonistas del movimiento no lo concibieron así, puesto que el discurso de los derechos humanos todavía estaba fuera del radar de la sociedad mexicana. Este emergente movimiento estudiantil retomaba el ideal de la cultura nacional y la promesa de justicia social, “específicamente circunscritas al campo de las garantías jurídicas de participación de la sociedad civil en la política nacional” (Isunza, 2001: 142). Como es sabido, esta movilización ciudadana fue brutalmente reprimida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco por supuestas “razones de seguridad”, según lo justificaron las agencias del Estado.

La indignación por lo ocurrido (asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, presos políticos) fue el incentivo que llevó a organizaciones civiles a defender la causa del movimiento estudiantil. Mientras este movimiento modificó valores y comportamientos en diversos sectores de la sociedad civil, algunos actores sociales se agruparon en nuevos partidos políticos que desde la izquierda buscaban competir en el espacio electoral. Esta coyuntura política movilizó a jóvenes estudiantes y trabajadores en acciones que buscaban la autonomía campesina, la democratización de los sindicatos y la organización de las colonias urbanas, pero también propició la conformación de la guerrilla urbana y rural.9

Como ocurrió en las dictaduras de los países del Cono Sur, la Iglesia católica de línea progresista tuvo un papel fundamental en la lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales durante los años setenta en México. Los miembros de la Iglesia participaron activamente en la articulación de redes civiles y en la animación de los sujetos sociales en la defensa de su autonomía. Por ejemplo, sobresale la figura del obispo de Cuernavaca, Morelos, Sergio Méndez Arceo, por su compromiso teológico con el paradigma de la liberación y sus acciones de intervención para la apertura de espacios al diálogo. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se destaca la participación del obispo Samuel Ruiz en los movimientos populares que dirigieron su lucha hacia las modificaciones estructurales del sistema de explotación colonial que se vivía en esas regiones del país (Isunza, 2001).

Un periodo de intensa represión política conocido como la “Guerra Sucia” prosiguió desde finales de la década de los sesenta hasta principios de los ochenta, cuando las fuerzas de seguridad llevaron a cabo actos de represión y múltiples violaciones a los derechos humanos contra cualquier manifestación considerada por los propios operadores del gobierno como disidente o subversiva, incluyendo movimientos de la sociedad civil y grupos guerrilleros. Ante esta situación surgieron las primeras organizaciones de familiares de las víctimas de la llamada “Guerra Sucia”, quienes se convertirían en protagonistas de la defensa de los derechos fundamentales en el país. Por ejemplo, el día 28 de agosto de 1978, un grupo de familiares de personas detenidas-desaparecidas por motivos políticos iniciaron una huelga de hambre en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la presentación con vida de las personas desaparecidas. El ayuno de los familiares concluyó sin que sus demandas obtuvieran respuestas de las instituciones estatales. Pero en 1979 se integró el Comité pro Defensa de los Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, después conocido como el Comité Eureka bajo la dirección de Rosario Ibarra de Piedra (Saltalamacchia, 2009; Álvarez Icaza, 2010).

El Comité Eureka comenzó sus movilizaciones de protesta contra la ilegalidad del Estado mexicano, puesto que demandaba la presentación con vida de sus familiares con base en las garantías individuales otorgadas en la Constitución Política Mexicana. Posteriormente, este colectivo modificó los términos de su lucha, ya que añadió una dimensión moral a su exigencia legal que proyectó la situación de sus miembros agraviados como algo equiparable a lo que estaba sucediendo en otros países latinoamericanos como El Salvador, Chile, Argentina y Guatemala; es decir, en contextos de represión que el propio gobierno mexicano condenaba enérgicamente en su política exterior.

Paulatinamente, el Comité Eureka incorporó en sus discursos el lenguaje de los derechos humanos y encuadró sus demandas en normas y tratados internacionales, lo que generó los primeros vínculos de la sociedad civil mexicana con organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) (Saltalamacchia, 2009; Álvarez Icaza, 2010).

Años más tarde, en 1999, se fundó H.I.J.O.S.-México, organización hermana de H.I.J.O.S.-Argentina. H.I.J.O.S.-México (2014), inspirada en la lucha de sus padres por un país más justo e igualitario, propone “hacer de la memoria un verbo” al recuperar la historia de lo sucedido en 1968 y en los años que siguieron. Para ello, esta organización lleva a sus familiares desaparecidos al espacio público a través de distintas acciones, entre ellas se destaca la campaña fotográfica “Los desaparecidos nos faltan a todos”, en la que han participado artistas, intelectuales, activistas y ciudadanos que deseen tomarse una fotografía con la imagen de algún detenido-desaparecido. Dichas fotografías se exhiben en una galería virtual y se distribuyen como postales en los espacios públicos.

El año 2000 en México supuso cambios fundamentales con el primer gobierno federal controlado por el Partido Acción Nacional (PAN); se terminaba una época de régimen autoritario y en teoría iniciaba un periodo de rendición de cuentas sobre los abusos y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurridas durante la “Guerra Sucia”. El respeto por los derechos humanos había sido una promesa de campaña del candidato Vicente Fox, pero durante su gestión como presidente de México no hubo avances significativos. Acosta (2010) argumenta que el periodo de transición representó para el movimiento de derechos humanos una oportunidad de interlocución con el gobierno, acostumbrado en años anteriores a la confrontación y denuncia, más que a la cooperación mediante la formulación de iniciativas gubernamentales. En el nuevo contexto de apertura, la recién llegada Administración Federal se había propuesto vincular a la sociedad civil (intelectuales, activistas, organizaciones civiles, académicos, defensores de derechos humanos) con las instancias gubernamentales para que en conjunto pudieran discutir el diseño de las políticas públicas en materia de derechos humanos, al tiempo que se daría paso a la investigación y de ser posible al castigo de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el viejo régimen (Acosta, 2010; Aguayo y Treviño, 2010).

A finales del primer año de la administración de Fox, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un informe sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante la conocida “Guerra Sucia”. El informe era el resultado de diez años de investigación y proporcionó datos sobre 537 expedientes de quejas sobre las desapariciones de personas, cuyos familiares, integrantes del Comité Eureka, habían presentado cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari creó la CNDH en el año 1990:

[…] sólo en 275 casos “a las personas reportadas como desaparecidas se les conculcaron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa”. En 97 expedientes sólo encontró “algunos indicios que por sí mismos resultan insuficientes, jurídicamente hablando para concluir la existencia de desaparición forzada” y en 160 casos la “desaparición forzada no se logró acreditar”. Para atender esos casos recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) designar a un fiscal especial (DOF, 2001a). Esa recomendación fue presentada ante el Presidente en una ceremonia pensada para impactar por su simbolismo, pues fue realizada en el Palacio de Lecumberri, la antigua cárcel de los presos políticos. (Aguayo y Treviño, 2010: 343)

La Recomendación 026/2001 del 27 de noviembre de 2001 emitida por la CNDH dio origen al acuerdo de creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que tendría como objetivo concretar las investigaciones, integrar averiguaciones previas y perseguir los delitos federales cometidos contra personas pertenecientes a movimientos sociales y políticos (Montemayor, 2010). En apariencia, este hecho era un cambio para México porque tendría, después de muchos años, una fiscalía legal creada por el ombudsman nacional, situación que evidenciaba el “firme compromiso” del gobierno con los derechos humanos. Para algunos activistas e intelectuales como Aguayo y Treviño (2010: 344), la creación de esta fiscalía correspondía a un “montaje” que justificaba el remplazo de una Comisión de la Verdad.

En otras regiones del país también se formaron colectivos de familiares de víctimas de la represión en los años sesenta, como el caso de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM), que en 1992 se constituyó por un grupo de fa- miliares que reportaron alrededor de 470 casos de desaparición forzada en el municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) (CMDPDH, 2014). En la vicepresidencia de AFADEM se encuentra Tita Radilla, hija del líder social Rosendo Radilla, quien fue víctima de desaparición forzada el 25 de agosto de 1974. Tita Radilla denunció públicamente la desaparición de su padre e inició un proceso legal ante las instancias de justicia en el ámbito nacional.

Ante las nulas respuestas por parte del Estado mexicano, el 15 de noviembre de 2001 AFADEM y la ONG llamada Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llevaron el caso de Rosendo Radilla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como respuesta, el 27 de julio de 2008 la CIDH emitió el informe de fondo número 60/07, de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque el incumplimiento efectivo por parte del Estado mexicano de las recomendaciones señaladas en dicho informe llevó a que la CIDH demandara al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta forma, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por miembros del Ejército (CIDH, 2009).

El imprescindible esclarecimiento de la verdad en torno a las graves, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas a la población en el estado de Guerrero fue un tema que se abordó continuamente en los informes y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y en las recomendaciones emitidas por la CNDH (Recomendación 026/2011-08), así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Ra- dilla Pacheco. Estos informes y recomendaciones se convirtieron en mecanismos de presión que obligaron a la creación de la primera Comisión de la Verdad en México. Fue así que el 12 de marzo de 2012, por decreto de ley, se estableció la Comisión de la Verdad (Comverdad) para la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la “Guerra Sucia” de los años sesenta y setenta en el estado de Guerrero. Esta Comisión estuvo integrada por académicos y defensores de derechos humanos10 que se dedicaron a documentar principalmente los casos de ejecuciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados (Navarrete et al., 2014; Hernández, 2015).

La Comverdad tuvo una serie de dificultades para realizar su trabajo, como la falta de presupuesto y las respuestas negativas o los retrasos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Archivo General de la Nación (AGN) en la entrega de documentos solicitados. Los propios comisionados argumentaron que la Comisión de la Verdad surgió en un “clima de fuerte escepticismo”, ya que el tema de la “Guerra Sucia” había sido tratado por la CNDH y la FEMOSPP, pero los familiares de las víctimas no habían obtenido soluciones a sus demandas de justicia (Navarrete et al., 2014: 5). Además, los comisionados señalaron que fueron víctimas de amenazas y actos de hostigamiento que pretendían evitar que se difundieran los resultados del trabajo de la Comverdad. Finalmente, el 15 de octubre de 2014 se presentó el informe de esta Comisión de la Verdad, donde se expuso la participación de las fuerzas de seguridad (policías y militares) en actos represivos y la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición de 515 personas entre 1969 y 1985 (Hernández, 2015).

Consideraciones finales

El movimiento por los derechos humanos en Latinoamérica es plural y diverso, puesto que cada caso de acción colectiva tiene sus particularidades que han sido determinadas por el contexto. No obstante, durante los últimos cuarenta años el activismo por los derechos humanos se ha desarrollado a partir de “prácticas de resistencia” (Jelin, 2005) frente a la dictadura y las transiciones democráticas.

En tanto, la intención de este artículo no fue presentar una historia exhaustiva del movimiento por los derechos humanos en Latinoamérica, sino resaltar ejemplos del protagonismo de los familiares de las víctimas que han luchado contra la impunidad, la injusticia y el olvido. Las estrategias para canalizar sus demandas han sido múltiples, entre ellas, la sociedad civil organizada ha logrado vincularse con el activismo trasnacional haciendo uso de los mecanismos e instrumentos de protección internacional para denunciar la desaparición de personas y exigir su búsqueda. Las manifestaciones y protestas callejeras han sido otro mecanismo de presión constante hacia los gobiernos. Cabe mencionar que han sido las mujeres quienes estuvieron al frente de los actos de protesta en los tres países analizados. Tal vez, el poder personal de las madres las llevó a sentir la obligación de tomar la iniciativa y alzar la voz para alcanzar las metas del movimiento, como el caso de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, las Madres de la Candelaria en Colombia y las madres de los presos y desaparecidos en México.

Las diferencias ideológicas, las necesidades financieras y los universos subjetivos de los familiares de las víctimas aparecen como un obstáculo para la cohesión del movimiento de derechos humanos. Pero la polarización de los activistas puede plantearse como una oportunidad que da paso a la creación de nuevos actores sociales y espacios para la acción colectiva. Por ejemplo, las Madres de la Plaza de Mayo se dividieron en dos facciones: por una parte, se creó la asociación de Madres de la Plaza de Mayo, precedida por Hebe de Bonafini, y, por otro lado, se encuentran las Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora; ambas asociaciones continúan con sus acciones de movilización y denuncia pública.

Finalmente, la historia del reconocimiento por los derechos humanos demuestra que detrás de la conquista de algún derecho se encuentra un movimiento social que genera e impulsa los cambios. No obstante, el activismo por los derechos humanos ha pasado por múltiples conflictos y en diversas ocasiones ha enfrentado la censura, el hostigamiento, la intimidación o el trauma que provoca la desapari- ción o muerte de otros defensores de derechos humanos.

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[1]Garza Placencia, Jaqueline (2017). “Actores y redes del movimiento por los derechos humanos en América Latina”. En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 32, N.º 53, pp. 158 - 179.

[2]La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) estuvo integrada por ac- tores sociales que representaban tanto las posturas del Estado como las posiciones de la mayoría del movimiento de derechos humanos; estos fueron: Ernesto Sábato (Presidente de la Comisión), Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Así como los diputados nacionales Santiago M. López, Hugo D. Piucill y Horacio H. Huarte.

[3]La investigación realizada por la CONADEP se materializó en el libro Nunca más, el cual ha tenido gran impacto social por su contenido, que demostró los abusos cometidos a la población durante la última dictadura militar y dio legitimidad pública a los testimonios de los sobrevivientes, familiares de las víctimas y defensores de derechos humanos. Cabe decir que se ha suscitado una polémica sobre las reediciones del libro debido a que durante el gobierno de los Kirchner se modificó el prólogo original para presentar uno nuevo con argumentos sobre la violencia política y las desapariciones que trascendían la llamada “teoría de los dos demonios”.

[4]Por ejemplo, el presidente Carlos Menem indulta a los excomandantes sentenciados en el Juicio a las Juntas Militares: Jorge Rafael Videla (Comandante en Jefe del Ejército entre 1976 y 1978), Emilio Eduardo Massera (Comandante en Jefe de la Armada entre 1976 y 1978), Roberto Eduardo Viola (Comandante en Jefe del Ejército, entre 1978 y 1979), Orlando Ramón Agosti (Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, entre 1976 y 1978) y Armando Lambruschini (Comandante en Jefe de la Armada, entre 1978 y 1981). También fueron indultados los generales Ramón Camps, Carlos Suárez Mason y Ovidio Richieri, así como el dirigente montonero Mario Firmenich.

[5]En todos los casos de muerte por violencia del Estado se alude a la “liviandad” o “facilidad” con que la policía mata o hiere, en situaciones que van desde lo que se denomina “uso desmedido de la fuerza” hasta “ejecuciones extrajudiciales” y “falsos enfrentamientos” (Pita, 2010).

[6]En el conflicto armado participaron: las fuerzas armadas estatales (Ejército y Policía), los para- militares y las organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Fisas, 2010; Valdivieso, 2012).

[7]El Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad fue una acción colectiva impulsada por la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) en conjunto con organizaciones nacionales como País Libre e internacionales como United Nations Children’s Fund (UNICEF). El 26 de octubre de 1997, con procedimiento y respaldo del Consejo Nacional Electoral, se llevó a cabo una votación donde los colombianos, a través de una papeleta que colocaron en unas urnas, se manifestaron por una solución pacífica del conflicto. Esta iniciativa representó una forma de movilización y participación de una buena parte de la sociedad civil que exigía el cumplimiento del Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad. Por ejemplo, entre los puntos que en el mandato se estipulaban se puede mencionar la prohibición del reclutamiento de menores de 18 años en las fuerzas militares y el respeto al derecho internacional humanitario (González, 2016; Bernal, s. f.).

[8]En los años noventa, el presidente César Gaviria Trujillo buscó llegar a un acuerdo de paz concediéndole perdón político al grupo armado insurgente M-19. Asimismo, el presidente Andrés Pastrana, para lograr la firma de un acuerdo de paz con las FARC, autorizó la desmilitarización de una amplia zona del país, pero las negociaciones políticas fracasaron (Fisas, 2010; Valdivieso, 2012).

[9]En ese tiempo surgieron diversos movimientos guerrilleros, por ejemplo: el Partido de los Pobres, dirigido por Lucio Cabañas; la Federación de Estudiantes Revolucionarios (FER); la guerrilla José María Morelos, en el estado de Guerrero, que fue dirigida por Genaro Vázquez; la Liga Comunista 23 de septiembre, dirigida por Arturo Gámiz, entre otros. Además, en la Universidad Autónoma de Sinaloa un grupo tomó las armas en contra de la instauración del capitalismo en México (Isunza, 2001; Flores, 2014).

[10]Los cinco comisionados son: Hilda Navarrete Gorjón, María del Pilar Noriega García, José Enrique González Ruiz, Arquímedes Morales Carranza y Nicomedes Fuentes García.


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Resumen : 179

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