SECCIÓN TEMÁTICA: PREGRADO EN CIENCIA POLÍTICA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. "UNA DÉCADA DE PENSAMIENTO CRÍTICO Y COMPROMISO SOCIAL"

 

Atipicidades del proceso de paz con las Milicias Populares de Medellín*

 

Unusualness the Peace Process with the Milicias Populares de Medellin

 

 

Leslie Paz Jaramillo (Colombia)1; Germán Darío Valencia Agudelo (Colombia)2

 

1 Estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: lepaz.docs@gmail.com

2 Economista. Magíster en Ciencia Política. Profesor del IEP de la UdeA. Miembro de los grupos de investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto, y Microeconomía Aplicada de la UdeA. y coordinador de la línea de investigación Conflictos y Paz del primer grupo. Correo electrónico: german.valencia@udea.edu.co

 

Fecha de recepción: agosto de 2014

Fecha de aprobación: noviembre de 2014

 

Cómo citar este artículo: Paz Jaramillo, Leslie y Valencia Agudelo, Germán Darío. (2015). Atipicidades del proceso de paz con las Milicias Populares de Medellín. Estudios Políticos, 46, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 263–282.

 


RESUMEN

Entre 1990 y 1994 el gobierno de César Gaviria firmó ocho acuerdos de paz, uno de ellos con las Milicias Populares de Medellín, el 26 de mayo de 1994. Este caso, a pesar de su importancia, ha sido poco trabajado y casi olvidado en la literatura. El artículo describe y analiza este proceso de paz, dividiéndolo en tres fases: acercamiento, negociación e implementación. A partir de la revisión de prensa y de la literatura se realiza una reconstrucción analítica del caso. Muestra que a pesar de las similitudes con los otros procesos vividos durante el periodo Gaviria, este puede considerarse como un proceso atípico: una desmovilización de una estructura armada urbana, cuyo origen y composición no fue esencialmente política y a la cual se le otorgaron incentivos más allá de los jurídicos. Además, permitirles constituir una cooperativa de vigilancia —Coosercom— provocó que la estructura armada se mantuviera y la reintegración a la vida civil fuera incompleta, teniendo efectos dañinos para la ciudad que, incluso, se sintieron una década después.

Palabras clave: Milicias Populares; Proceso de Paz; Desarme, Desmovilización y Reinserción; Medellín.


Abstract

Between 1990 and 1994 the government of Cesar Gaviria signed eight peace treaties; one was with the Milicias Populares de Medellín, on 26 May 1994. Despite its significance, this particular case has not been studied and is practically ignored in the relevant literature. This article describes and analyzes the peace process, dividing it into three phases: approach, negotiation and implementation. The article offers an analytical reconstruction of this case, based on the review of press and relevant literature. It shows that despite the similarities with the other processes that took place during president Gaviria`s period, this particular case can be considered as an atypical process. It implied the demobilization of an armed urban structure that did not have an essentially political origin or composition and was granted incentives that were beyond the law. In addition, the permission granted to this group to form a cooperative for private security —Coosercom— implied that the armed structure was maintained and reintegration into civilian life was incomplete, having harmful effects on the city, even a decade later.

Keywords: Popular Militia; Peace Process; Disarmament, Demobilization and Reintegration; Medellin.


 

 

Introducción

Con el nombre genérico de Milicias Populares de Medellín se agrupó a las tres organizaciones armadas independientes que hacían presencia en la ciudad desde finales de la década de 1980 —Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MP/PP), Milicias Populares Independientes del Valle de Aburrá (MP/IVA), y Milicias Metropolitanas de Medellín (MMM)—,1 que actuaban en las comunas del sector nororiental y noroccidental de Medellín —comunas de la 1 a la 6, exceptuando la 5— y en los municipios vecinos de Bello e Itagüí. El origen de estas agrupaciones armadas irregulares es variado: en unos casos predominan razones políticas y en otros económicas y sociales (Bedoya, 2010; Medina, 2006; Salazar y Jaramillo, 1992).

Las repercusiones políticas, económicas y sociales que tuvo su accionar también son diversas, debido a las prácticas que asumieron como la limpieza social, abusos contra la población y rencillas personales que provocaron una cantidad significativa de muertes y desplazamientos intraurbanos. Igualmente, debido a la búsqueda del enriquecimiento personal y durante el periodo en que hicieron presencia, se incrementó en la ciudad el pago de ''vacunas'' —extorsiones—, daños a la propiedad privada y el consecuente incremento de rentas ilícitas (Caraballo, 2013). Esto provocó, finalmente, que se las considerara como un grave problema para la seguridad pública de la ciudad.

Afortunadamente, el 15 de febrero de 1994 se inició un programa de desarme, desmovilización y reinserción (DDR) con estas agrupaciones armadas. En tan solo 102 días se logró firmar un acuerdo de paz entre los diversos ámbitos del gobierno —nacional, departamental y municipal— y estas tres agrupaciones armadas. El 26 de mayo de 1994, representantes del gobierno firmaron el regreso a la vida civil de 650 excombatientes. Entre los factores que incentivaron tal desmovilización estuvieron: el ambiente de paz reinante en el país a principios del decenio de 1990, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y los marcos institucionales que fomentaban la dejación de armas. Pero en el fondo, el mayor móvil lo constituyó cuatro circunstancias especiales de la ciudad y las milicias: a) las amenazas latentes de nuevas incursiones armadas por otros actores en sus zonas de influencia; el aislamiento que las comunidades estaban teniendo por su presencia y control; 3) la injerencia del narcotráfico en sus actividades económicas y militares, lo que iba minando su legitimidad; y 4) el hecho que las milicias consideraban que su lucha armada había llegado a un punto muerto.

El objetivo del presente artículo es describir y analizar el proceso de paz que se vivió con las Milicias Populares de Medellín, durante el primer lustro de la década de 1990. Este fue un proceso que, a pesar de las semejanzas con otros vividos durante el periodo Gaviria, puede considerarse como atípico: fue un acuerdo con una estructura armada urbana, cuyo origen y composición no fue esencialmente política; en la que participaron tanto los gobiernos nacional como el departamental y municipal, y en la que se concedieron incentivos mucho más allá de los jurídicos; finalmente, fue una reintegración a la vida civil incompleta, pues la estructura armada se mantuvo, debido al permiso otorgado a estas agrupaciones para constituirse en una cooperativa armada de vigilancia llamada Cooperativa de Seguridad y Servicio a la Comunidad (Coosercom), generando efectos dañinos para la ciudad que se sintieron, incluso, una década después.

Para realizar esta reconstrucción se utiliza el modelo analítico propuesto por Jesús Antonio Bejarano (1995), Vincent Fisas (1987; 2004; 2010) y Fernando Harto de Vera (2005), el cual aborda la paz como un proceso que sigue tres fases o etapas: la primera, de acercamiento o prenegociación, en que las partes se conocen (Bejarano, 1995), generan confianza (Fisas, 2004) y toman la decisión de iniciar un proceso formal de negociación (Harto de Vera, 2005); la segunda, negociación o diálogo, que se realiza por lo general en una mesa de negociación y en la que se busca llagar a un acuerdo final de paz, a través de la discusión y puesta en marcha de los temas sustantivos, operativos y procedimentales (Fisas, 2004); y la tercera, firma del acuerdo y puesta en marcha del acuerdo o implementación de lo pactado, en la que se viabilizan los asuntos acordados y se ponen en marcha —si se acuerda— las reformas económicas, políticas, jurídicas y sociales para construir la paz. Además, en cada fase se destacan aquellos elementos que contienen el proceso, como los actores, escenarios, agenda, dinámica de negociación, acuerdo e incentivos.

Es necesario indicar que los trabajos realizados hasta el momento —enero de 2015— sobre las Milicias Populares de Medellín son escasos,2 tienen otras pretensiones y énfasis en diferentes aspectos. La mayoría de los trabajos hacen esfuerzos por reconstruir la historia de las organizaciones y destacan los factores sociológicos y políticos que provocaron su surgimiento, además de las consecuencias de su accionar armado (Duque, 1993; Salazar, Carvajal, García y Nena, 1996; Jaramillo, 1994; Barrero, 2001; Medina, 2006). Trabajos más recientes sobre el programa de desarme lo que hacen es relatar la experiencia personal del proceso o enfatizar en los efectos que tuvieron los acuerdos en la seguridad y el control del orden de la ciudad (Caraballo, 2013; Giraldo y Mesa, 2013). Pero ninguno de estos estudios hace una descripción y análisis del proceso de paz y mucho menos se detienen a estudiar otros asuntos importantes de análisis, como los contratos e incentivos entregados a los desmovilizados.

 

1. La fase de los acercamientos: las tres primeras atipicidades

La fase exploratoria de la paz con las Milicias Populares de Medellín duró cerca de 16 meses. Se inició en octubre de 1992, cuando el Gobierno nacional y de las MP/PP —con la mediación de algunos de los miembros del movimiento político Esperanza, Paz y Libertad— procuraron los acercamientos, finalizando el 15 de febrero de 1994 con la firma de un preacuerdo entre las partes (Villarraga, 2009). El primer acercamiento se hizo con el secretario de Gobierno departamental, Iván Felipe Palacio, que luego de varias consultas con el Gobierno departamental y nacional logró que se autorizaran los contactos.

Durante ese año continuaron los contactos y se esperaba que en cualquier momento se diera la noticia del inicio formal de los diálogos con esta agrupación. Desafortunadamente, un hecho lamentable retrasó el proceso de negociación: ''se desató la primera crisis en el proceso con la Corriente de Renovación Socialista, iniciada en Urabá por el asesinato de dos de sus máximos dirigentes'' (El Colombiano, 1994, marzo 17). En aquel periodo el Gobierno nacional se encontraba realizando acercamientos con otras agrupaciones armadas, algunas de ellas muy cercanas a fracciones de las Milicias Populares de Medellín. Esto llevó, finalmente, a que transcurriera todo un año —1993— sin que se iniciara la fase de negociación.

Como es habitual, la fase de acercamientos es reservada y casi secreta, tratando de ''no crear falsas expectativas que podrían interrumpir los acercamientos y crear un mal ambiente para el diálogo'' (Valencia y Bedoya, 2014, p. 71).3 Esto lleva a que comúnmente se conozca poco sobre esta fase y se sorprenda a la opinión pública con la noticia del preacuerdo, informando —entre otros aspectos procedimentales importantes— la fecha del inicio de las negociaciones, los compromisos entre las partes y el calendario. Esto fue precisamente lo que ocurrió con este proceso: en febrero de 1994 se presentó un documento firmado entre el Gobierno, las MP/PP y las MP/IVA, en el cual se informaba de un preacuerdo entre las partes con la finalidad de ''realizar un proceso de desmovilización, desarme y reincorporación a la vida institucional'' (Villarraga, 2009, p. 393); además, se estableció una agenda y una metodología de trabajo con la pretensión de facilitar el proceso de negociación y verificar los compromisos adquiridos (p. 394).

En el preacuerdo, los dos grupos armados firmantes se comprometieron a proporcionar información relevante sobre la organización: ayudar a construir un mapa detallado de la ciudad, señalando áreas de influencia, número de miembros y relación hombres–armas. Por su parte, el Gobierno estudiaría y presentaría alternativas de solución jurídica, evaluando en cada caso las órdenes de captura y los milicianos que estuvieran cumpliendo penas. Además, el preacuerdo indicó la zona de distención en el sector de Medialuna, corregimiento de Santa Elena, Medellín. Finalmente, se acordó la conformación de comisiones conformadas por tres voceros por cada agrupación.

La firma del preacuerdo trajo consigo dos novedades importantes: la primera, fue la adición de otra estructura armada a la negociación. Aunque en un principio los acercamientos se realizaron con las MP/PP, sorprendió que al final de la primera fase apareciera en la firma del preacuerdo las MP/IVA. Dinámica que fue repetida en la segunda fase de negociación, a la que se le sumó otra agrupación armada, las MMM, logrando que al final la firma del acuerdo de paz no se diera con una sino con tres organizaciones armadas.

De este modo se provocó lo que constituye la primera crítica al proceso, pues a pesar de lo importante que resulta el hecho, se piensa que algunas fracciones de estas milicias, con aspiraciones no políticas y con una naturaleza netamente criminal y delincuencial, aprovecharon las negociaciones para obtener beneficios con los acuerdos.

Precisamente, la duda que generaba al gobierno la condición de actor político de las milicias, provocó que en el preacuerdo no se explicitara la condición política del actor armado. El gobierno atinó en el preacuerdo a decir que estas agrupaciones desean iniciar un proceso de solución negociada del conflicto y que, por ende, buscan el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la civilidad. Esta situación, advertida por el gobierno, generó la segunda atipicidad del proceso en los acercamientos.4

Hasta ese momento, el Gobierno nacional y particularmente el gobierno de Cesar Gaviria, que había logrado ya cinco acuerdos de paz colectivos, solo había negociado con agrupaciones políticas. El hecho de negociar con otro tipo de actores armados, llevó al país por un camino de graves problemas jurídicos y políticos, debido a que este antecedente permitió que gobiernos posteriores —caso Álvaro Uribe, 2002–2010— justificaran la negociación y desmovilización de grupos armados criminales, como el caso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (GMH, 2013).

Finalmente, con lo metodológico ocurre la tercera atipicidad. Hasta aquel momento en Colombia —y como lo sugería la experiencia internacional—, en las negociaciones de paz por lo general solo intervenían los actores armados, pues el objetivo es la dejación de armas y el reingreso a la vida civil de los excombatientes. De ahí que a la sociedad civil y niveles inferiores de gobierno no tuvieran hasta ese entonces mucho protagonismo. Sin embargo, en este proceso se tuvo participación tanto de la sociedad civil como de los gobiernos local y regional. Y aunque esta participación fue escasa, sirvió para legitimar e inyectarle algo de político a un proceso al que le faltaba mucho de lo tenido en procesos anteriores.

En la negociación con las Milicias Populares de Medellín, las partes acordaron la construcción de mesas de trabajo paralelas a la mesa de negociación, conformadas por las organizaciones cívicas y populares de la zona, para ayudar a proponer y discutir diversos temas sociales como el empleo, la salud, la participación política, la educación y cultura, entre otros. Según el gobierno, su participación estaba justificada en el hecho de que con esta primera experiencia se lograría un ''fortalecimiento de la política de paz'' y se avanzaría en la búsqueda del ''sosiego y la concordia que anhelan todos los colombianos de bien'' (Villarraga, 2009, p. 393).

Adicionalmente, también se permitió que participara en las negociaciones otro conjunto amplio de actores. El numeral tres del acuerdo incluyó a los gobiernos departamental, metropolitano y municipal; el numeral cuatro a la Iglesia católica, ejerciendo un papel poco convencional en las negociaciones de ''tutoría moral del proceso'' y también en calidad de testigo de las negociaciones y de los acuerdos; y en los numerales siguientes se invita a los medios de comunicación y a la comunidad en general (Villarraga, 2009, pp. 393–394).

 

2. La fase de la negociación o el diálogo

2.1 El escenario

Como si se tratara de una negociación política, similar a la realizada con las guerrillas en años anteriores, el programa de DDR de las Milicias Populares de Medellín contó con una mesa de negociación. El lugar de las conversaciones fue el señalado en el preacuerdo: la Finca Media Luna —de allí el nombre que se le da al acuerdo—, declarada Zona Especial de Distensión, y ubicada en el corregimiento de Santa Elena, Medellín; lugar que fue elegido debido al fácil control y protección, pues está ubicada en una zona cercana a la ciudad, lo que permitía el contacto con los subalternos y mandos medios de las milicias y, por tanto, el control de la tropa (Jaramillo, 1996, p. 12). Cumplió entonces un doble papel: por un lado, fue la sede de la mesa de negociación y, por el otro, el papel simbólico de campamento de la desmovilización. Es decir, fue el lugar real de la mesa, pero a la vez se convirtió en el campamento virtual, inyectándole este último factor otra atipicidad al proceso.

Según la justificación que ofrece Carlos Eduardo Jaramillo (1996) esta virtualidad del campamento se explica en el carácter urbano e irregular de las milicias, que hacía imposible tener un campamento donde se pudiera reunir y concentrar el cuerpo armado.

Las milicias ocupaban una zona que permanentemente tenían que proteger de otras milicias y organizaciones de la delincuencia común. Este hecho se vio agravado cuando la noticia de las conversaciones de paz aceleró las contradicciones entre las milicias, particularmente con las hoy ligadas al ELN y a las FARC, que empezaron a señalar como traidores a quienes persistían en la empresa de aclimatar la paz. Si la milicia era sacada de la zona para ser concentrada, su área sería inmediatamente ocupada por una milicia diferente, con lo que la desmovilización quedaría convertida, en el mejor de los casos, en un simple ejercicio de reubicación de desplazados por la violencia. O sea que el principal obstáculo residía en el hecho de que la salida de los milicianos de sus barrios implicaba que éstos [sic] perdieran la zona, ya que otros ocuparían estos espacios, con el agravante de que la zona de operación de las milicias era, a la vez, su espacio social, cultural y familiar (p. 10).

2.2 Los actores de la mesa

Como se había acordado en el documento del 15 de febrero de 1994 la Comisión Negociadora tuvo una composición plural. Se destaca la participación del Consejero Presidencial para Medellín, Jorge Orlando Melo; un representante del Ministerio de Gobierno; un representante del departamento de Antioquia; otro representante directo de la Alcaldía de Medellín; además participaron otros funcionarios públicos, como los secretarios municipales y directores de organismos descentralizados, los cuales tuvieron un papel activo en la negociación de los puntos referentes a la inversión social en la zona (Jaramillo, 1996, p. 12).

Las organizaciones milicianas tuvieron seis miembros, tres por cada organización. Los negociadores fueron los comandantes e hicieron parte de este grupo los dos milicianos que iniciaron el proceso y firmaron el preacuerdo. Se acordó además que, por cuestiones de seguridad, tendrían que permanecer en la Zona Especial de Distensión y solo los voceros designados por las milicias podrían salir de dicho lugar. Y finalmente se tenía un representante de la Pastoral Social —sacerdote Héctor Fabio Henao— y varios miembros del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad.

También se establecieron en la ciudad otras dinámicas de trabajo en torno al proceso. Particularmente, se constituyó una Mesa de trabajo por la vida, de iniciativa civil, con la que se buscó respaldar el proceso de paz con las milicias. Igualmente se gestaron otras iniciativas comunitarias de diálogo y desarme, refiriéndose a las políticas de acuerdos de convivencia con las bandas y combos que el Asesor de Paz, Juan Guillermo Sepúlveda, estaba impulsando. Las milicias, por su cuenta, realizaron mesas de trabajo con la comunidad —barrio Popular 1— donde se discutieron los problemas del sector y las propuestas para su solución (El Colombiano, 1994, marzo 27).

Finalmente, un mes y medio después de iniciados los diálogos se une un tercer grupo miliciano, que operaba en el barrio San Pablo. Este grupo había: ''querido negociar desde tiempo atrás pero, a raíz del asesinato de su líder, conocido como el comandante Andrés, había frenado el proceso'' (El Colombiano, 1994, marzo 16). Sin embargo, logra incorporarse al proceso y a la desmovilización. Todo esto provocó la ampliación del número de miembros de la mesa y de las agrupaciones armadas con las que se negociaba la paz. En general, fue una fase de negociación con muchos actores implicados, tanto en la mesa como por fuera de ella.

2.3 La agenda

A pesar de los avances en el preacuerdo del 15 de febrero, al llegar a la mesa no se tenía claro una agenda de negociación, esta se fue construyendo en el devenir de los diálogos. En un principio, los temas de discusión se dirigieron a las demandas de inversión social que se requerían para adelantar acciones en las comunidades, principalmente en obras de infraestructura y de servicios, discusión que, según Jaramillo (1996), ''fue muy dispendiosa y detallada debido al conocimiento preciso que tanto las milicias como los funcionarios municipales tenían de las condiciones y requerimientos de la zona'' (p. 13). Fueron demandas sociales y no derechos o privilegios políticos para los combatientes los que se impusieron en un inicio:

Las demandas políticas se dieron pero no tuvieron un alto perfil, o por lo menos no fueron objeto de mayores exigencias, principalmente porque una vez surtida la discusión sobre la dimensión del fenómeno miliciano, ellos fueron claros en expresar que si para llegar a las Juntas Administrativas Locales o al Concejo Municipal requerían ventajas especiales era porque de verdad no estaban enraizados en sus comunidades. En este aspecto, lo que se acordó fueron unos compromisos temporales, válidos hasta la elección de nuevos dignatarios para las mismas (p. 13).

Sin embargo, al pasar el tiempo, en las negociaciones los temas de la agenda fueron cambiando y finalmente terminó por imponerse la seguridad para los milicianos que se desmovilizarían y del control de las zonas en la ciudad donde hacían presencia y tenían poder militar. Lo cual era de esperarse, pues el origen de las milicias era, en general, un tema de autoprotección. La pregunta inevitable desde el principio en la mesa de negociación fue en torno al control del territorio donde hacían presencia estas agrupaciones. Esto provocó que los avances importantes logrados en la mesa, alrededor de soluciones reales a problemas urgentes de las comunidades, se olvidaran. Así, el balance que hizo Vladimir Caraballo (2013,) de este punto de la negociación fue que:

Gran parte de los avances obtenidos en medio de las negociaciones se fueron diluyendo lentamente. En esos términos, el proceso de negociación nunca se planteó como un mecanismo útil para el reajuste de condiciones estructurales, al menos en la ciudad; sus acuerdos fueron asumidos en el restringido límite administrativo, y ello impidió que el proceso le hablara al país como un todo (p. 261).

 

3. La fase de la firma del acuerdo y la implementación

Esta fase se inicia con la firma del acuerdo el 24 de marzo de 1994 y se extiende hasta agosto de 2006.5 En este último apartado se tratan tres aspectos: el contrato y los incentivos; la firma del acuerdo y la implementación. Advirtiendo que, comúnmente el primer tema se analiza en la segunda fase, sin embargo, aquí se aborda debido a las implicaciones que tuvo en la tercera fase y a que estos aspectos se ven analíticamente como resultado y no como proceso. Es decir, los incentivos otorgados a las Milicias Populares de Medellín en la negociación, como permitirles que conformaran una cooperativa de vigilancia, que no permitió el tránsito a la vida civil, generando en esta fase mayores atipicidades en el proceso de paz.

3.1 El contrato y los incentivos

El Acuerdo final entre las milicias y el gobierno nacional, departamental y municipal puede considerarse muy semejante al firmado en otros procesos de paz con agrupaciones guerrilleras en Colombia —Movimiento 19 de abril (M–19), Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT), Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), EPL y CRS—. Se dividió en seis capítulos y, en términos generales, incluyó un conjunto de temas sobre realización de obras sociales, construcción de dos Núcleos de Convivencia Ciudadana, un Centro Tecnológico para la zona Nororiental, algunas escuelas deportivas y programas de capacitación de jóvenes de las comunas (Villarraga, 2009) (véase cuadro 1). Además, contuvo dos capítulos sobre reintegración y reinserción, y otros sobre protección, favorabilidad política y beneficios jurídicos (Giraldo y Mesa, 2013, p. 316).

En términos de beneficios para las zonas afectadas por el conflicto y de los beneficios jurídicos para los excombatientes, este fue un acuerdo muy similar a los firmados anteriormente con las guerrillas. La gran diferencia estuvo en la propuesta de conformar una cooperativa de vigilancia compuesta por desmovilizados de las milicias y habitantes de la zona, que se ocuparía del control territorial, con ayuda de la Policía, a través de un grupo especial conformado por ''agentes activos que gocen del aprecio de la gente'' y policías bachilleres; de la Fiscalía, para agilizar procesos de investigación y de otras instituciones como inspectores, comisarías de familia, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, los consejos comunitarios6 y el Comité de Conciliación y Participación Ciudadana.7

Coosercom se encargaría del:

Mejoramiento social y económico de sus integrantes, así como de los miembros de la comunidad en su área de influencia. Todo ello mediante la prestación de servicios de seguridad y vigilancia, y de servicios de carácter social, así como del mejoramiento de la infraestructura física de la zona (Villarraga, 2009).

 

Cuadro 1

 

Esto obligaba a la creación de estatutos, al sometimiento a la vigilancia del Estado —Superintendencia de Vigilancia y Seguridad—, a la actuación en una zona delimitada y a una estructura administrativa —compuesta por 52 personas que se encargarían de labores de administración y 306 de labores operativas—. Además, contaría con el apoyo financiero de Metroseguridad de Medellín al pactarse contratos de servicio con esta institución, por dos años prorrogables (Villarraga, 2009, pp. 401–402).

Finalmente, en los cuatro capítulos siguientes —del tercero al sexto del acuerdo— se desarrollan otros incentivos asociados al programa de reinserción: acompañamiento psicosocial, promoción social y económica de los reinsertados —préstamos para educación superior, vinculación laboral a proyectos de beneficio comunitario de Metroseguridad, préstamos para la implementación de proyectos productivos, prestación de servicios de salud para los exmilicianos y sus familias, entre otros—, beneficios jurídicos ofrecidos por la Ley 104 de 1993 —indulto, cesación de procedimiento, preclusión de la investigación, o beneficios por colaboración con la justicia— y un esquema de protección y seguridad para los principales dirigentes milicianos (Villarraga, 2009).

Uno de los fines que perseguían las milicias eran incentivos políticos como la favorabilidad electoral. El acuerdo dejó sentado que se estudiaría por parte del gobierno esta posibilidad y si era aprobado por la Corte Constitucional la circunscripción especial del movimiento se aplicaría a dicho beneficio. Además, aprobó que:

Dos representantes de las Milicias serán invitados a todas las reuniones especiales de las Juntas Administradoras Locales convocadas por el Alcalde de Medellín, hasta cuando se realice una nueva elección de las mismas. [Asimismo] representantes de las Milicias podrán ser invitados por la Administración Municipal a reuniones de organismos que tengan que ver con la planeación e inversión social en las comunas donde estas provienen (Villarraga, 2009, p. 405).8

3.2 La firma del acuerdo

La firma del acuerdo final se realizó dos meses y medio después de lo proyectado, el 26 de mayo de 1994. En el preacuerdo del 15 de febrero se acordó:

Como fecha para el desarme y desmovilización de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y de las Milicias Populares Independientes del Valle de Aburra, el día 8 de Marzo de 1994 en acto cuyo lugar y hora serán consignadas en el acuerdo final (Villarraga, 2009, p. 396).

Sin embargo, fueron varias las dificultades que retrasaron la firma. Esta se realizó en el mismo lugar de los diálogos, la finca Media Luna, en Santa Elena (Villarraga, 2009, pp. 393–406). Estuvieron presentes, por parte del Gobierno nacional, el presidente de la República, César Gaviria Trujillo; el ministro de Gobierno, Fabio Villegas Ramírez; el consejero presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, Jorge Orlando Melo; el alcalde de Medellín, Luis Alfredo Ramos Botero; el consejero presidencial para la paz, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo; el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez. Por las Milicias Populares, los negociadores Carlos Herman Correa Henao, Roberto Emilio Bedoya, Ferly Weimar Orozco Muñoz, Héctor Hernando Benítez Moreno, Arles De Jesús Aguirre y Arles Rodríguez Mora; los voceros James Orrego, Gonzalo Castaño, Joel De Jesús Mazo Ramírez, Carlos Ospina Y Diego Barrios Loaiza; y el testigo–tutor, Monseñor Héctor Fabio Henao.

3.3 La fase de la implementación

Como exige la costumbre, en los programas de DDR uno de los requisitos para finalizar y dar continuidad al proceso es la concentración de la tropa, la entrega de las armas y la entrega de documentos para reingreso a la vida civil (Gleichmann, Odenwald, Steenken y Wilkinson, 2004); sin embargo, como se advirtió, estos actos no fueron posibles en el proceso de paz con las Milicias Populares de Medellín. Los combatientes no se presentaron al evento de entrega de armas. El personal que se concentró el 25 de febrero de 1994 en el lugar de las negociaciones estaba integrado por solo veinticinco personas —mandos milicianos y algunos escoltas—, mas sus grupos familiares, lo que al final no superó la cifra de sesenta personas (Villamizar, 1997, p. 302). El resto de los milicianos permaneció en tregua, pero armados en sus lugares de residencia y operación (Giraldo y Mesa, 2013, p. 237). A pesar de esto, los registros en los libros hablan de otras cifras: 650 los desmovilizados y 843 milicianos los que recibieron beneficios del Ministerio de Justicia. Cifra, en todo caso, inferior al número de milicianos que se calculaba en más de tres mil hombres (Giraldo y Mesa, 2013).

El balance que se puede hacer de la implantación de lo pactado por parte del gobierno es parcial. Por un lado, haber realizado la desmovilización tres meses antes de finalizar el mandato César Gaviria provocó retrasos en la implementación de lo acordado; pero por el otro, se puede hablar —luego de veinte años de la negociación— de un cierto cumplimiento: en lo político, se dio un acatamiento de la restitución de los derechos políticos, además del indulto prometido; y en lo económico, al finalizar 2006, ''el Gobierno Nacional giró la suma de 450 millones de pesos para ser repartidos entre doscientas personas que formalizaron la finalización del proceso'' (Giraldo y Mesa, 2013, p. 237).

Pero sin duda, uno de los temas más difíciles para lograr la reintegración y con ella el cumplimiento de lo pactado, fue el tema de la seguridad de los excombatientes. La mayoría de ellos permaneció en el territorio donde ejercía las actividades milicianas, esto complejizó el regreso a la vida civil. La solución más conveniente para los excombatientes y para el gobierno fue la creación de Coosercom que se: ''enmarcada dentro de todas las normas legales que reglamentan el ejercicio de esta actividad, [colaborando] con las autoridades en la prevención de actividades delictivas en las zonas donde estas milicias actuaban'' (Jaramillo, 1996, p. 13).

Permitir la constitución de la cooperativa no fue un problema en un inicio, pues los integrantes de la misma cumplieron con las exigencias de la Ley (El Colombiano, 1994, marzo 27) y se definió claramente el espacio de operación que cubría 32 barrios de la zona nororiental de Medellín (Sepúlveda, 2010, p. 38).9 El problema se presentó con su funcionamiento y se evidenció seis meses después: 30 exmilicianos resultaron muertos, lo que demostraba el problema para que los desmovilizados retornaran a la vida civil, debido a las actividades armadas que realizaban (El Tiempo, 14 de diciembre de 1994, citado por Giraldo y Mesa, 2013, p. 225). Situación confirmada en 2012, cuando el Ministerio de Justicia reportó la muerte de 187 desmovilizados, equivalentes a 22,2% del total, la cifra más alta entre todos los procesos de reinserción en Colombia hasta el momento (Giraldo y Mesa, 2013, p. 225) (véase cuadro 2).

 

 

Además, los resultados en materia de seguridad no fueron los esperados. La violencia en la ciudad continuó y en muchos de esos hechos estuvieron implicados varios de los miembros de Coosercom, incluidos sus dirigentes. Asimismo, los habitantes de las zonas donde tenían actividades los exmilicianos que administraban la cooperativa, comenzaron a quejarse de las actuaciones indebidas de esta organización. Las quejas de ciudadanos ante las autoridades se multiplicaron, hasta el punto de que el diario El Tiempo (1995, mayo 9, citado por Giraldo y Mesa, 2013, p. 225) informó sobre una toma de varias decenas de personas a la oficina de la Defensoría del Pueblo, para presionar las investigaciones a Coorsercom.

A esta grave situación se le unieron las críticas de académicos y organizaciones no gubernamentales que evaluaban de manera desfavorable la decisión gubernamental de haber ''dejado armados a unos milicianos, con la bendición del Estado'' (Jaramillo, 1996, p. 14). Todos estos hechos asociados a los desmovilizados de las Milicias Populares de Medellín provocaron que desde la Alcaldía se comenzara a pensar en desmotar la cooperativa de vigilancia. El Asesor de Paz y Convivencia, Juan Guillermo Sepúlveda, propuso en 1996 que se comenzara un desarme gradual de los miembros de la cooperativa y en noviembre de 1996, con el aval de la nación, la cooperativa fue liquidada.

 

Conclusiones

El esquema analítico utilizado en el artículo, de ver el proceso de paz como una sucesión de etapas que comienzan con unos acercamientos, luego la negociación y finalmente la firma e implantación de lo pactado, permite evidenciar una serie de anomalías recurrentes presentes en el programa de DDR con las Milicias Populares de Medellín, lo cual lleva a concluir que este proceso de paz fue atípico. Tales atipicidades se observan en los acercamientos, al darle legitimidad y tratamiento político a un actor armado que en su mayoría se caracterizaba por su naturaleza criminal e ilegal; en la negociación, al romperse los protocolos de los programas de DDR, como el carácter virtual de la zona de distensión y el utilitario de la sociedad civil; y en la implementación, al no cumplirse las promesas de reintegración a la vida civil de los actores armados y no reducir el índice de violencia en la ciudad.

Así, el proceso de paz con milicias urbanas que aspiraba convertirse en ejemplo para la implantación en otros procesos en el territorio nacional, terminó por ser una lección dolorosa. Como señala Juan Guillermo Sepúlveda (2010), la experiencia con las MPM:

Hizo pensar en un primer momento, que asistiríamos a un nuevo modelo de negociación de conflictos armados. Sin embargo, hoy podemos evaluar, que si bien en la negociación de conflictos armados, hubo algunas innovaciones, el desarrollo del proceso, terminó ejecutando el clásico esquema aplicado a las guerrillas (p. 40).

Lo cual abrió el espacio para que más tarde se pudiera justificar la negociación con las AUC y su consabido resultado en el resurgimiento de las nuevas bandas criminales (Bacrim).

El trabajo resalta cómo una mirada detallada del proceso de paz con las Milicias Populares de Medellín evidencia serias anomalías de las que hay que aprender. Fallas en cada una de las fases, que unidas a las realizadas por estudios anteriores y paralelos a este trabajo permiten hacer un balance negativo para la ciudad (Bonilla, 1996; Concha, 2001; Giraldo y Mesa, 2013; Jaramillo, 1996). Fallas que deben servir de experiencia para no repetir negociaciones de este tipo o, al menos, aprender de las lecciones que deja este proceso de paz en particular.

 

Notas

* El artículo hace parte del trabajo de la línea de investigación Conflictos y Paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos (IEP) de la Universidad de Antioquia (UdeA.), y es producto del proyecto de investigación Estrategia para la sostenibilidad de los grupos A y A1 para los años 2011–2012, financiado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), UdeA. Una versión preliminar fue presentada como ponencia en el III Congreso de Ciencia Política de la Asociación Colombiana de Ciencia Política (ACCPOL), Cali 24, 25 y 26 de septiembre de 2014.

1 Con la categoría de milicias la literatura especializada ha intentado categorizar este tipo de organizaciones armadas, que hicieron presencia en Colombia en algunos centros urbanos durante las últimas dos décadas del siglo XX y cuya característica fue el ejercicio del control armado sobre la población local —barrios, localidades, comunas y municipio—, y dirigida principalmente a brindar el servicio de vigilancia (Medina, 2006; Jaramillo, 1994). Su origen fue diverso: algunos grupos estuvieron impulsados por militantes de izquierda, otras por la misma población —como forma de autoprotección vecinal— y otras como formas organizativas, asociadas con bandas y combos delincuenciales (Bedoya, 2010; Medina, 2006; Salazar y Jaramillo, 1992). Este origen dispar impide asociar de forma definitiva a las milicias con proyectos políticos armados de izquierda o de derecha; además, dado el carácter particular, hace improcedente la comparación con otros proceso de desmovilización en el mundo, pues casos aparentemente similares, como los de Sudán o El Congo, se distancian significativamente, aunque se nombre de la misma manera.

2 Jorge Giraldo y Juan Pablo Mesa (2013) afirman que este ha sido uno de los procesos de paz que menos se ha estudiado, esto:

A pesar de que fue el primer proceso exclusivamente urbano, su magnitud fue igual a la del Bloque Cacique Nutibara —BCN—, el número de armas entregadas superó las de la Corriente de Renovación Socialista —CRS—, la relación arma/hombre superó la del Ejército Popular de Liberación —EPL— y se presentó en el mayor contexto de violencia homicida en ciudad alguna del mundo (p. 219).

3 Precisamente, en la etapa de prenegociación una ''fuga de información'', revelada de manera extraoficial, produjo que una tregua unilateral del fuego que pensaba hacer las MP/PP no se realizara, y con ello se truncó una estrategia de esta organización para mostrar sus deseo de paz e impulsar el proceso (El Colombiano, 1994, febrero 14).

4 Un factor importante que posibilitó la negociación de paz con las milicias fue la promulgación de la Ley 104 de 1993. El artículo 14 estableció que el Gobierno nacional podía autorizar a representantes para: ''adelantar diálogos y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos guerrilleros, con el fin de promover la humanización del conflicto interno, el respeto de los derechos humanos o la disminución de la intensidad de las hostilidades''.

5 En agosto de 2006 el ministro del interior y de justicia Sabas Pretelt y Alberto Jaramillo Ramírez (en representación de los desmovilizados), firmaron el acta de punto final del acuerdo (Giraldo y Mesa, 2013).

6 Concebidos como espacio de integración barrial y con interlocución directa con el Estado, donde participarían: dos delegados de la Junta Administradora Local, el jefe de núcleo educativo, representante de párrocos de la comuna, dos delegados de las organizaciones cívicas, dos de organizaciones juveniles y un representante de la cooperativa de vigilancia.

7 Sus funciones serían concretar: ''planes de inversión y programas de seguridad; controlar el comportamiento de las fuerzas de seguridad y fiscalizar el comportamiento de las fuerzas de seguridad y fiscalizar el comportamiento de la Empresa Comunitaria de Vigilancia''. Además, estaría conformado por cuatro representantes del Consejo Comunitario, un representante de la empresa de vigilancia, el coordinador de entidades estatales, un inspector de la Policía, un jefe de la Policía de la zona y un delegado de la Procuraduría (El Colombiano, 1994, marzo 3).

8 Finalizando las negociaciones, el Concejo Municipal realizó una Comisión Accidental en Media Luna apoyando a las milicias en el punto sobre favorabilidad política, reclamando una circunscripción especial en el Concejo, punto que no se logró. Se definió que los exmilicianos tendrían un representante en las Juntas Administradoras Locales; además, el cabildo estudiaría la viabilidad de incluir en el plan de inversiones de 1995 varias obras de inversión social propuestas (El Colombiano, 1994, mayo 19). Las negociaciones incluyeron diálogos con los distintos despachos municipales, particularmente salud, obras públicas y educación.

9 En general, los cooperativistas cumplieron los requisitos que exigía la normativa colombiana para la constitución y puesta en operación de empresas del tercer sector. Esto permitió el funcionamiento de siete sedes: La Esperanza, Santa Cruz, Aranjuez, Popular, Raizal, Picachito y Guadalupe. Lo cual generó que Medellín tuviera: ''entre junio de 1994 y noviembre de 1996 una fuerza parapolicial legal que pudo representar hasta el 25% del tamaño de la Policía de la ciudad y un 10% de la del Área Metropolitana'' (Giraldo y Mesa, 2013, p. 235).

 

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