SECCIÓN GENERAL

 

La desorganización de la acción de clase en la Argentina reciente y los problemas conceptuales para el estudio del conflicto obrero*

 

The Disorganization of the Class Action in the Recent Argentina and the Conceptual Problems for the Study of Labor Conflict

 

 

Adrián Piva (Argentina)1

 

1 Licenciado en Sociología. Especialista en Ciencias Sociales del Trabajo. Doctor por la Universidad Nacional de Quilmes con Mención en Ciencias Sociales. Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador de Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Correo electrónico: apiva72@hotmail.com

 

Fecha de recepción: febrero de 2015

Fecha de aprobación: abril de 2015

 

Cómo citar este artículo: Piva, Adrián. (2016). La desorganización de la acción de clase en la Argentina reciente y los problemas conceptuales para el estudio del conflicto obrero. Estudios Políticos, 48, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, pp. 73–93. DOI: 10.17533/udea.espo.n48a05

 


RESUMEN

Este artículo se propone discutir algunas tendencias del conflicto obrero y su lugar en el conflicto social en Argentina desde 1989 como una aproximación a los procesos de formación y desorganización de la acción colectiva de clase de los asalariados. Simultáneamente, trata el problema de las categorías de análisis del conflicto social, particularmente el laboral, para la medición de la conflictividad. Para esto se implementó una estrategia de análisis cuantitativo del conflicto a partir de datos de producción propia y de otros investigadores. La principal hipótesis es que durante la década de 1990 se desarrolló en Argentina un proceso de desorganización de la acción de clase de los asalariados, caracterizado por la pérdida de peso social de las acciones de clase dentro del conjunto de las luchas sociales y la fragmentación de las acciones de la clase obrera. Dicho proceso puso en crisis las formas tradicionales de conceptualizar y medir el conflicto social, particularmente el obrero, y exige la adecuación de los instrumentos teóricos y metodológicos con el fin de aprehender las tendencias disímiles del conflicto obrero y social.

Palabras clave: Conflicto Social; Conflictos Laborales; Clases Sociales; Identidades; Argentina.


Abstract

This article discusses some trends of the labor conflict and its role in the social conflict in Argentina since 1989 as an approximation to the processes of formation and disorganization of the collective action by the salaried class. Simultaneously, it addresses the problem of the categories of analysis of the social conflict; particularly, of the labor conflict, for the measurement of the amount of conflict. In order to do this, a strategy of quantitative analysis has been implemented, whose point of departure were data of conflict both retrieved by us and from other researchers. The main hypothesis is that, during the 90s, a process of disorganization in the salaried class took place in Argentina, characterized by the loss of social force of the class action agency within the set of social struggles, and the fragmentation of the actions by the working class. This process calls into question the traditional methods for conceptualizing and measuring social conflict, particularly in the workers, and evidences the need to improve and adapt theoretical and methodological tools in order to comprehend the different trends within the social and labor conflict.

Keywords: Social Conflict; Labor Conflicts; Social Classes; Identities; Argentina.


 

 

Introducción

Durante la década de 1990 se desarrolló en Argentina un proceso de desorganización de la acción de clase de los trabajadores caracterizado por la pérdida de peso social de las luchas de clase dentro del conjunto de las luchas sociales, y la segmentación y fragmentación de las luchas de la clase obrera. Dicho proceso puso en crisis las formas tradicionales de conceptualizar y medir el conflicto social —el obrero en particular—, exigiendo la adecuación de los instrumentos teóricos y metodológicos con el fin de poner en primer plano y aprehender las tendencias disímiles al interior de la clase obrera y en el conjunto de las luchas sociales.

Este artículo se enmarca en Argentina entre 1989 y 2009, a partir de un análisis de tipo cuantitativo. Debe tenerse en cuenta que los fenómenos que aquí se discuten son parte de procesos de larga duración inscriptos en transformaciones regionales y mundiales. En este sentido, una comprensión acabada de los fenómenos estudiados requiere realizar análisis de dichas transformaciones y ejercicios de comparación a escala latinoamericana que este trabajo no puede abarcar.

Los procesos de desorganización de la acción de clase de los asalariados aquí abordados son parte de la crisis de ''un largo ciclo de luchas políticas y sociales de inspiración anticapitalista, popular, socialista y antiimperialista'', iniciada en la década de 1900 (Modonesi, 2008, p. 116). Dicha crisis —jalonada por el derrumbe de los ''socialismos reales''— fue cerrada por la ofensiva neoliberal contra el trabajo que estructuró una nueva forma de dominación política y que en América Latina se inició con las dictaduras militares de los años setenta y se consolidó con la reestructuración capitalista de los años noventa. En la medida que el periodo atraviesa la crisis de 2001 en Argentina, se inscribe también en las rebeliones contra el neoliberalismo en América Latina que produjeron significativas transformaciones sociopolíticas, especialmente en el cono sur (Svampa 2008b; Katz, 2008). Dichas rebeliones y el ciclo de luchas que les siguieron mostraron transformaciones significativas de la conflictividad social que han sido profusamente estudiadas (López, Iñigo y Calveiro, 2008; Seoane y Algranati, 2013; Modonesi y Rebón, 2011).1 Es necesario, sin embargo, antes del análisis, adelantar algunas definiciones teóricas y metodológicas que subyacen a la construcción de los datos utilizados.

En primer lugar, se entiende ''clase'' no como una clasificación de individuos de acuerdo a atributos comunes sino como una relación social. Capitalistas y trabajadores son constituidos por las relaciones sociales que entablan y en las que existen como personificaciones del capital y del trabajo. En ese mínimo de subjetivación ya se enfrentan como personificaciones individuales de relaciones de clase, pero en la medida que lo hacen como individuos son solo potencialmente sujetos colectivos, ''clase en sí''; por lo tanto, el proceso de formación de clase no es una instancia externa a la ''estructura de clases'', vinculada a ella por relaciones de determinación y limitación. Es un proceso posible, no necesario pero históricamente verificado, de estructuración de los conflictos como enfrentamiento entre los trabajadores con los capitalistas y su Estado, en tanto sujetos colectivos históricamente constituidos. En ese sentido, la lucha de clases precede a la clase o es premisa de la clase. Los trabajadores se constituyen como clase en el proceso de su lucha, desde el mismo momento en que separados de sus medios de producción se enfrentan como personificación del trabajo asalariado al representante de sus condiciones de existencia, autonomizadas como capital.

Por otra parte, las relaciones de clase se articulan con otras relaciones de dominación —género, ''raza'', entre otros—. Los procesos de constitución de identidades colectivas son desde este punto de vista contingentes e inestables. Alternativa o simultáneamente, el mismo individuo se opone al capitalista en tanto trabajador asalariado, resiste o padece la opresión de género en tanto mujer, es examinado o sancionado en tanto estudiante, entre otros. En su acción colectiva pueden coexistir o yuxtaponerse diversas identidades o estabilizarse como dominantes algunos modos de identificación; sin embargo, la subsunción creciente de todas las relaciones sociales por el capital como tendencia histórica tiende a situar cada vez más a la relación de clase como núcleo estructurante del conjunto de relaciones de dominación, aunque esto no se traduzca necesariamente en un predominio de las luchas de clase en el conjunto de las luchas sociales y políticas (Piva, 2012, pp. 25–51).

En segundo lugar, el estudio cuantitativo del conflicto obrero se limita al análisis del campo de acción específicamente sindical —incluyendo la acción de los movimientos de desocupados—. Se entiende como el campo de acción específicamente sindical a la representación de los trabajadores asalariados en tanto vendedores de fuerza de trabajo, es decir, a su representación como interés particular en el ámbito económico–corporativo. La participación de asalariados en tanto individuos indiferenciados en episodios como saqueos, cacerolazos, movilizaciones ciudadanas, entre otros, queda —por lo tanto— excluida.

Pero, en tercer lugar, en la medida que se pretende abordar también el lugar del conflicto obrero en el conflicto social es necesario incorporar un amplio conjunto de conflictos constituidos fuera del mundo laboral y articulados por sujetos con identidades no clasistas. La decisión de clasificar a dicho conjunto, a pesar de su heterogeneidad, como conflicto no obrero está justificada por el objetivo de este artículo, ya que permite caracterizar en términos de evolución cuantitativa y del peso social y político en qué medida el conflicto obrero está siendo desplazado, y contrastar las distintas dinámicas y el grado de novedad relativa de esos conflictos en relación con el conflicto obrero.

Al momento de delimitar los conflictos ''no obreros'' se han incluido solo aquellos que se orientan de manera directa o explícita al Estado, es decir, se han excluido los conflictos —aun de naturaleza colectiva— entre ''particulares''. En contraposición, dentro del conflicto obrero se incluyen los conflictos entre empresarios y trabajadores —es decir, en los que las demandas de los trabajadores no se dirigen al Estado—, y los conflictos intersindicales e intrasindicales. Esta distinción no es arbitraria y señala el lugar central que tiene el conflicto entre capital y trabajo en la articulación del conjunto de las relaciones sociales. Ese lugar determina que el desarrollo y los cambios en las relaciones de fuerza entre trabajadores y capitalistas —puestos en juego en conflictos entre ''particulares'' en la organización y orientación de capitalistas y trabajadores en esos conflictos— tengan consecuencias para la estabilidad y dinámica del orden social y de la dominación política. Esta distinción está usualmente presente —implícita o explícitamente— en los estudios del conflicto social, la acción colectiva desafiante y los movimientos sociales. Las excepciones son significativas, por ejemplo, los conflictos entre ''particulares'' alrededor de la propiedad de la tierra en procesos de expropiación campesina, esto es, en los bordes de la sociedad capitalista o en sus orígenes o expansión.

En cuarto lugar, es necesario hacer algunas aclaraciones sobre las bases de datos utilizadas. El conflicto es una unidad de sentido que articula diferentes acciones, incluyendo acciones declarativas: amenazas de medidas de fuerza. Trabajar con conflictos como unidad de análisis permite comprender el significado de las medidas de fuerza al insertarlas en sus contextos significativos y admite análisis de sus fases y resultados. Para el periodo comprendido entre 1989 y 2003 se utiliza la Base de datos de conflictos laborales del Dr. Marcelo Gómez en el marco de sus investigaciones en el Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Esta base registra los conflictos protagonizados por trabajadores asalariados, ocupados y desocupados, desde junio de 1989 hasta diciembre de 2003, a partir de información recolectada en cinco diarios de tirada nacional. El conflicto laboral es definido allí como ''todo tipo de acción declarada, por la cual cualquier colectivo de fuerza de trabajo persigue la satisfacción de demandas o conseguir realizar intereses propios en la esfera de las relaciones sociales de producción'' (Gómez; Zeller y Palacios, 1996, p. 120). Esta definición coincide operacionalmente con la definición conceptual de conflicto obrero referida anteriormente.

Sin embargo, para el periodo entre junio de 2003 y diciembre de 2009 la unidad de análisis es el paro. La razón —a pesar de lo afirmado— es la necesidad de acotar el universo de búsqueda debido a la restricción de recursos. En función de dichas restricciones también se limitó la fuente hemerográfica al diario La Nación. A pesar de estas limitaciones, la evolución del número de paros tiende a ser coincidente y consistente con otras mediciones con mayor cobertura de medios de prensa y mayor cantidad de casos, como puede observarse en el cuadro 1.

 

 

A partir de la misma fuente, para el periodo junio de 2003–diciembre de 2009 se registró el número de acciones realizadas por desocupados clasificándolas según su grado de radicalidad. Dado que durante este periodo —salvo excepciones— los movimientos de desocupados han desarrollado acciones puntuales por reivindicaciones puntuales, se considera más adecuado tomar como unidad de análisis la protesta en lugar del conflicto.

Para el análisis del conflicto no obrero también se consideró más adecuada la utilización de las acciones de protesta como unidad de análisis. Esto está vinculado al bajo grado de organización de la mayor parte de los sujetos de esas protestas, que se limitan a acciones puntuales por demandas puntuales. En este sentido, constituyen importantes excepciones las organizaciones de la burguesía agraria, de comerciantes y estudiantiles. Nuevamente, la indiferenciación de las protestas no obreras se fundamenta en que el objeto central de este artículo es el conflicto obrero, pero no sería justificada en un análisis que se centrara en ellas. El material empírico que ha servido de base al registro de protestas no obreras fue la recolección de todas las notas aparecidas en La Nación entre junio de 2003 y diciembre de 2009, sobre conflictos constituidos fuera del mundo laboral, articulados por sujetos con identidades no clasistas y que tuvieron como destinatario de las demandas al Estado en sus diferentes ámbitos.

Por último, las diferentes características de las bases de datos limitan la comparación entre periodos (1989–2001 y 2003–2009), lo que tiene solo un carácter indicativo, debiendo considerarse sus conclusiones como hipótesis para ser contrastadas en futuras investigaciones.

 

1. La década de 1990 y el fin de la clase obrera

Las teorías del fin de la clase obrera y de la pérdida de centralidad del trabajo tuvieron una significativa difusión en Argentina durante la década de 1990. Esta difusión estuvo vinculada, por un lado, al aumento del desempleo, del subempleo y de la precariedad laboral, y al descenso del empleo industrial, entre otros fenómenos sociolaborales; por otro lado, a los cambios en las formas y dinámica de las luchas sociales y en las formas de protesta, a la tendencia a la caída del conflicto obrero y a la emergencia de nuevas identidades contestatarias. Pero fueron las transformaciones en los patrones, en la dinámica de la conflictividad social y en las formas de protesta las que ocuparon el centro del debate sobre el ocaso de la clase obrera.

Un conjunto de autores (Svampa y Pereyra, 2003; Auyero, 2002; Farinetti, 1999; Schuster et al., 2006), con diversos énfasis y matices en cuanto al alcance de los fenómenos, plantearon la emergencia de nuevos sujetos y el desplazamiento de la producción como centro del conflicto, y acuñaron términos como ''desproletarización'' o ''fin del paradigma del movimiento obrero''. En mayor o menor grado tendieron también a vincular estos procesos con los efectos de los programas de reestructuración capitalista, impulsados desde la última dictadura militar sobre la estructura social y la subjetividad de los agentes. Otros autores (Iñigo y Cotarelo, 2003) han mostrado que, más allá de la caída de los índices de conflictividad de los trabajadores durante la ofensiva neoliberal, los conflictos protagonizados por asalariados ocupados y desocupados han seguido siendo los más significativos cuantitativamente, y que las afirmaciones sobre el fin de la clase obrera o del paradigma del movimiento obrero no permiten comprender los procesos reales.

Sin embargo, aunque unilateralizadas y sobreestimadas por las visiones del apocalipsis de la ''sociedad del trabajo'', han ocurrido transformaciones significativas que obligan a reconsiderar la manera en que se aborda el conflicto social y el obrero en particular.

Entre 1989 y 20012 se evidencian, en primer término, dos fenómenos: por un lado, una tendencia general a la caída del número de conflictos; por otro lado, una división en dos etapas. La primera etapa presenta un pico de conflictos en 1994 —el de mayor número en el periodo— y es extensible hasta 1995, aunque ya en ese año se inicie el descenso de la conflictividad. Esta primera etapa expresa la dinámica de lucha y el cambio en las relaciones de fuerza entre las clases en el momento álgido de la reestructuración del capital y del Estado de los años noventa. Sus características son la caída constante de los conflictos motivados en aumentos salariales, el aumento de los conflictos defensivos debidos a la reconversión del capital privado y a la reforma del Estado y la creciente desagregación de la acción colectiva de los trabajadores: fragmentación de los conflictos en los ámbitos provincial y de empresa, establecimiento o local. Dicha tendencia a la fragmentación continuó más allá de 1995.

Una segunda etapa, que comienza en 1996, puede caracterizarse como de baja conflictividad relativa. Este carácter no es revertido —para el conflicto obrero de conjunto— por el alza de 2001, que es inferior en número a los registros de 1992, 1993 y 1994, y en cantidad de conflictos defensivos es inferior a 1995. Ambos fenómenos, la tendencia a la caída del número de conflictos durante todo el periodo y el inicio de una etapa de baja conflictividad relativa desde 1996, aunque obedecen a diversas variables, no pueden desligarse del aumento del desempleo hasta 1995 y su estabilización a niveles nunca inferiores al 12% en la segunda etapa.

Por otra parte, la evolución del conflicto según fracciones muestra que, mientras los ocupados tienden a reducir o a mantener relativamente bajo el número de conflictos, los desocupados aumentan su conflictividad hasta 2001. A esto se agrega que, mientras el conflicto de los ocupados presenta un grado relativamente alto de fragmentación, los desocupados centralizan sus acciones durante 2001.

De conjunto, la tendencia a la caída de la conflictividad obrera, la fragmentación y la segmentación según fracciones plantean un escenario de desorganización de la acción de los asalariados como clase. Esta desorganización de los asalariados como clase es el indicador más exacto de la ofensiva del capital contra el trabajo y de la alteración de las relaciones de fuerza entre las clases. Si en tanto relación social objetiva se asiste durante los años noventa a un proceso de constitución creciente de las relaciones entre individuos como relaciones entre clases, es decir, a un aumento del número de obreros como clase económica, simultáneamente se desarrolla un proceso de desorganización de clase en términos subjetivos.3 El aumento del espacio social ocupado por las personificaciones individuales del trabajo es correlativo a la disminución de la densidad y el volumen ocupado por las organizaciones obreras en el espacio de las luchas sociales. Muestra de esto es la multiplicación, fundamentalmente desde 1996, de las identidades en lucha. Desde ese año ''vecinos'', ''usuarios'', ''estudiantes'', entre otros, aumentan el número de protestas por una diversidad de demandas —derechos humanos, educación, salud, seguridad, cortes de luz, inundaciones, etc.—. La gran mayoría de estas protestas puede vincularse a la activación de los ''sectores medios''. Esta categoría sociocultural, si bien incluye a la vieja pequeña burguesía, agrupa mayoritariamente a asalariados, a los que Olin Wright (1983) conceptualiza como ''situaciones contradictorias entre la clase obrera y la burguesía'' y, particularmente, a una masa de asalariados puros, todos ellos clasificables y movilizables —a pesar de su heterogeneidad— por ciertos hábitos y representaciones compartidos. Sin embargo, también crecen las protestas de ''vecinos'' y ''usuarios'' en las demás capas de asalariados, aun en las más empobrecidas.

Un ejemplo concentrado de estas tendencias lo brinda la evolución del conflicto durante 2001. Si bien crece el número de conflictos de todas las fracciones de los asalariados, los asalariados como conjunto y los ocupados del sector privado en particular no solo no recuperan los índices de conflictividad de la primera parte de los años noventa sino que, a pesar del aumento de las medidas de fuerza, manifiestan un menor grado de respuesta en relación con el número de despidos y suspensiones. Los trabajadores del Estado resisten con significativas huelgas y movilizaciones la reducción de sus salarios hasta agosto. Más allá de ese mes cae el número de conflictos y se fragmentan. A pesar de ser para ellos el año de mayor conflictividad del periodo, los desocupados tampoco escapan a esta tendencia. A partir de septiembre, sus acciones también se reducen y fragmentan. Simultáneamente al aumento de las protestas de ''comerciantes'', ''vecinos'' y finalmente ''la gente'', un nuevo aumento de la conflictividad obrera en diciembre presenta bajos niveles de articulación y organización; sin embargo, los datos también reflejan para ese año y para todos los actores, incluidas las luchas obreras, un aumento de la radicalidad en términos del incremento de la proporción de medidas de acción directa y de la apelación a cortes, tomas y sabotajes (Piva, 2012).

La desorganización de la acción de clase que caracteriza al periodo plantea problemas a la conceptualización y medición del conflicto social. El conflicto social es siempre un espacio complejo, con una variedad de sujetos y modos de intervención que dificulta su homogeneización conceptual y la consiguiente comparabilidad de las medidas. Pero la indiscutida centralidad del conflicto sindical de los asalariados ocupados hasta la década de 1980 le daba un papel determinante en los ciclos de lucha que permitía dejar de lado a otros sujetos a la hora de establecer periodizaciones. Sin duda, la acción de las organizaciones de derechos humanos (DD. HH.) desde 1983 fue muy importante, pero nadie se atrevió a sostener que las protestas de estas organizaciones fueran tan importantes para periodizar los ciclos de lucha como la acción de la Confederación General del Trabajo (CGT). En los años noventa no solo crece la importancia numérica de las irrupciones en la escena pública de manifestantes que no actúan como parte de colectivos de clase —aunque sigue siendo mayoritario el conflicto obrero— sino que la acción de la clase obrera se segmenta y fragmenta. Las periodizaciones divergen entre ocupados y desocupados. Al mismo tiempo, existe una mayor correspondencia entre ciclos de lucha de desocupados que siempre intervienen como trabajadores y con demandas vinculadas al trabajo, y ciclos de luchas de ''sectores medios'' masivamente constituidos por asalariados que no actúan como clase. El proceso de desorganización de la acción de clase es el centro de una progresiva desagregación de las luchas sociales y esto ha tenido trascendentales consecuencias a la hora de abordar su estudio. Aquí solo se mencionan algunas.

En primer lugar, se vuelve más heterogéneo el campo del conflicto social y del propio conflicto obrero. De este modo, la búsqueda para homogeneizar conceptualmente las luchas de los diferentes grupos de trabajadores con el fin de reducirlas a una medida común —conflicto, protesta o huelga— y de describir un desarrollo o evolución del conflicto obrero como objeto real, choca con la tendencia a la desagregación del conflicto, es decir, del objeto. Corre el riesgo entonces de divorciar el desarrollo conceptual del movimiento real, otorgando una unidad desde afuera a lo que se está desintegrando.

En segundo lugar, el proceso de desagregación del conflicto, que en el extremo conduce a la individualización de los comportamientos, produce problemas reales a la organización de la acción colectiva. Es posible formular la hipótesis de que la difusión de las teorías de la acción colectiva tiene su fundamento en este proceso. De la misma manera que los trabajadores que van a la huelga no pueden apelar a la solidaridad de clase como a un sustrato constituido —como lo muestra en los años noventa la caída de las huelgas por solidaridad o el creciente rechazo de los trabajadores a las huelgas que los afectan como usuarios o consumidores (Piva, 2012; Iñigo y Cotarelo, 2003)— se dificulta la apelación a la clase como fundamento de la explicación del desarrollo de las luchas.

En tercer lugar, en el periodo no se evidencia tendencia a la polarización social. Si hacia el final del periodo las acciones convergen hacia el Gobierno, no hay articulación sino yuxtaposición temporal de acciones y demandas de una multiplicidad de sujetos. Conceptos como el de ''multitud'' de Antonio Negri (2004) o la extensión del concepto de lucha de clases al conjunto de las luchas sociales que hace John Holloway (2004) intentan dar cuenta de este fenómeno. Pero lejos de resolver el problema disuelven el concepto de clase y de lucha de clases.

Aquí no se pretende —como se advierte— abonar la idea de que es necesario abandonar el concepto de lucha de clases para comprender el movimiento real, sino que hay que tomar más seriamente el estudio de los procesos de formación y desorganización de clase y de las formas histórico– concretas que asumen, con el fin de dar cuenta de los procesos reales de lucha y de adecuar conceptos y métodos a dicha tarea.

 

2. La posconvertibilidad y la recuperación del conflicto sindical

En contraposición a lo ocurrido entre 1989 y 2001, desde 2003 la mayoría de los investigadores han registrado una recuperación del conflicto sindical (Svampa, 2008a; 2008b; Scolnik, 2009; Campione, 2008; Atzeni y Ghigliani, 2008; Iñigo, 2014). Esta recuperación no significó, sin embargo, un simple retorno a las modalidades de conflictividad de la década de 1980. Diversos autores han registrado en qué medida las transformaciones estructurales y de las prácticas de lucha en la resistencia a la ofensiva neoliberal atraviesan el modo asumido por dicha recuperación y cómo se vinculan también con viejas tradiciones de lucha de los trabajadores en Argentina (Scolnik, 2009; Lenguita y Montes, 2009; Figari, Lenguita y Montes, 2010).4

Al realizar una aproximación cuantitativa a lo ocurrido entre 2003 y 2009 se advierten algunas continuidades, pero también varias rupturas respecto al periodo precedente. En primer lugar, los datos muestran una inversión en la evolución de los conflictos de ocupados y desocupados respecto de la observada en el periodo 1989–2003, años en los que la tendencia fue a la baja en los primeros y al alza en los segundos. La frecuencia de paros crece en 2004 y 2005; aunque cae en 2006, el número de paros es superior al de 2003 y se mantiene en esos niveles hasta 2009, con otro pico significativo en 2007. En contraposición, el promedio mensual de acciones protagonizadas por desocupados, luego de crecer en 2004, tiene una tendencia decreciente hasta 2007, especialmente aguda en 2006 y 2007; y si bien vuelve a aumentar en 2008 y 2009, no recupera los niveles relativamente bajos de 2006. El retroceso se hace también manifiesto en la caída en 2006 y 2007 del porcentaje de cortes, ocupaciones y tomas.5

La apelación creciente a medidas moderadas y la caída del número de acciones muestran debilidad y aislamiento crecientes en el movimiento de desocupados. Del mismo modo que las tendencias opuestas entre 1989 y 2001 no puede desligarse del aumento del desempleo, la evolución de la protesta de ocupados y desocupados desde 2003 no puede desvincularse de la reducción del desempleo, que para fines de 2006 ya mostraba niveles de un dígito. También se encuentra parcialmente asociada con la caída del desempleo la recuperación de la lucha salarial, estimulada además, por la inflación y el establecimiento de las paritarias. El hecho de que los asalariados registrados del sector privado consiguieran aumentos reales que superaron lo perdido por la devaluación y avanzaran sobre lo perdido durante la década de 1990, evidencia el fortalecimiento relativo de las capacidades de acción colectiva de la clase obrera. Durante ese periodo se incrementó, sin embargo, la brecha salarial entre registrados y no registrados, cuestión sobre la que se volverá enseguida.6

Sin embargo, a pesar de estos cambios también se observan significativas continuidades. Los cuadros 2 a 7 muestran la evolución de diversas medidas porcentuales para conflictos descentralizados entre 1989 y 2003, y entre 2003 y 2009, entendidos como aquellos desarrollados en los ámbitos de empresa o establecimiento, local o provincial. Como se mencionó antes, este contraste de mediciones de la misma variable para diferentes bases es solo indicativo y únicamente sirve a fines de la proposición de hipótesis. Los cuadros 2 y 3 muestran que, entre 1989 y 2003 la proporción de conflictos descentralizados y la proporción de conflictos descentralizados del sector privado aumentan considerablemente cuando solo se consideran los paros. En el cuadro 4 se observa que para ambos casos el porcentaje sube de manera muy significativa entre 2003 y 2009. Si se limita la definición de conflictos descentralizados a los de establecimiento, empresa o ámbito local se observa el mismo resultado (véase cuadros 5 a 7). Puede observarse también la importancia adquirida por estos conflictos en el sector privado que representan el 52,3% del total de conflictos en el sector. Hecha la salvedad acerca de los límites comparativos, las mediciones pueden indicar una continuidad de la tendencia a la fragmentación del conflicto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simultáneamente con el aumento del conflicto sindical y acompañando la caída de las protestas de desocupados, entre 2003 y 2005 se produjo una cierta desmovilización de otros protagonistas de la rebelión de 2001: ahorristas, asambleas populares y pequeños propietarios de la ciudad y del campo; sin embargo, desde mediados de 2005 y hasta 2007 se produjo la activación de un conjunto de actores de la protesta, cuyas identidades se articularon por fuera del campo de la producción y de las identificaciones clasistas, y a partir de allí mantuvieron altos niveles de intervención pública hasta 2009. Este ascenso manifestó la ruptura de las ''clases medias'' con el kirchnerismo y precedió a la fortísima movilización de esos sectores sociales durante el conflicto entre el Gobierno y la burguesía agraria.7 Sus características y el peso social y político adquiridos por estas protestas quedan fuera de esta exposición, pero su importancia señala un rasgo de continuidad con las tendencias de la conflictividad social en la década de 1990 y la persistencia de la intervención de significativas capas de asalariados en modos no clasistas.8

En líneas generales, puede verse en la recomposición del conflicto sindical posterior a 2003 una reversión del proceso de desorganización de la acción de clase de los trabajadores; sin embargo, esta reversión es parcial y enfrenta varios límites que hacen persistir las dificultades para abordarlo conceptualmente —señaladas antes— e incluso evidencian nuevas.

En primer lugar, cuando se intenta avanzar en periodizaciones más o menos generales de los ciclos de lucha y, particularmente, a la hora de establecer periodizaciones del ciclo político, el peso del conflicto sindical se demuestra inferior al de la década de 1980. El principal evento de conflicto social desde 2001 fue, sin duda, el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández y la burguesía agraria en la primera mitad de 2008, y el papel de la clase obrera en ese conflicto fue bastante deslucido. A pesar de haber sido la CGT uno de los principales apoyos del Gobierno, la movilización de los trabajadores cedió el estrellato a los ''sectores medios'' de la ciudad y del campo, y el centro de la escena lo ocuparon el Gobierno y la fracción agraria de la burguesía, con el trasfondo de una sorda y poco clara disputa interburguesa. Desde el punto de vista cuantitativo, cualquier medida —cortes de ruta, movilizaciones, número de manifestantes— refleja ese predominio. Más allá de 2009 —y ya sin datos cuantitativos propios—, el masivo paro general del 20 de noviembre de 2012 enrojece frente al cacerolazo del 8 de noviembre (8N).9 ¿Forman parte ambos del mismo ciclo de luchas? ¿Cómo se vinculan las protestas de vecinos contra la inseguridad o contra los cortes de electricidad, entre otros, que precedieron ese año al 8N con las protestas contra el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría que precedieron al 20N? ¿O son dos procesos paralelos? ¿Pueden simplemente sumarse?

En segundo lugar, la reducción cuantitativa de las luchas de desocupados no tendió a homogeneizar el conflicto obrero. Por un lado, se evidencia en términos estructurales una mayor dualización de la fuerza laboral entre formales y precarios, esto se refleja —entre otros indicadores— en el aumento de la brecha salarial entre registrados y no registrados. Pero, ¿cómo se manifiesta, si lo hace, en términos de las tendencias del conflicto? La visibilidad y creciente organización de los movimientos de desocupados en la década de 1990 permitió recortarlos y establecer las diferencias con los ciclos de lucha de los ocupados; pero en el caso de los precarios, que claramente tienen muy malas condiciones para la organización y la acción colectiva, lo que parece haber es ausencia de conflicto. ¿Es así o no se logra

Simultáneamente con el aumento del empleo, el repliegue del conflicto de desocupados y con la reorientación de la política social hacia planes que otorgaron un espacio significativo a las cooperativas de autoconstrucción, muchas organizaciones de desocupados tendieron a adquirir un carácter más territorial y a tomar el tema de la vivienda tanto a través de la solicitud de subsidios para la autoconstrucción como también de la demanda de tierras. Efectivamente, organizaciones con orígenes en el movimiento de desocupados como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS) tuvieron participación en protestas de este tipo durante el periodo, por ejemplo, en la capital, en la zona de influencia de Villa 20 y Villa 15; pero también el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras le otorgaron, en muchos casos, un mayor espacio del que ya tuviera en la década de 1990. Organizaciones como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) tienen su origen, de hecho, en la ocupación de tierras, con antecedentes en el final de la dictadura militar. Los modos en que estas organizaciones articulan la redefinición de su acción con la problemática del desempleo y del trabajo precario ponen en cuestión las clasificaciones entre acciones clasistas y no clasistas, pero no disuelven su necesidad.

 

Conclusiones

Los procesos de formación de clase no se dan de una vez y para siempre. La mejor medida del éxito de la ofensiva del capital contra el trabajo en la década de 1990 en Argentina es la desorganización de la acción de clase de los trabajadores. En este artículo se trata de mostrar su estrecha relación con las dificultades teórico–metodológicas que enfrenta el estudio del conflicto social, del obrero en particular. Esa desorganización de la acción de clase fue el centro de un proceso de desagregación del conflicto que provocó la crisis de los conceptos que, con poca pérdida en la explicación de los procesos concretos, homogeneizaban el espacio del conflicto social y del conflicto obrero en particular, y permitían aproximaciones a su medición y periodización. Esto se puso de manifiesto en un conjunto de tendencias del conflicto obrero y social durante la década de 1990: la tendencia a la caída del número de conflictos laborales, su pérdida de peso en el conjunto del conflicto social, la fragmentación del conflicto obrero y su segmentación observable en las diferencias de periodización del conflicto de ocupados y desocupados. Asimismo, aunque desde 2003 se observa una recomposición de la acción sindical, su alcance no fue suficiente para revertir la desorganización de la acción de clase de los asalariados en la década previa y se observan continuidades significativas en cuanto a la fragmentación del conflicto obrero y al peso social y político de las protestas no vinculadas al ámbito laboral.

La propuesta no es abandonar los conceptos de clase y lucha de clases sino estudiar los procesos de lucha como procesos de formación y desorganización de clase en sociedades que se estructuran alrededor de la contradicción capital–trabajo, pero en las que la configuración de los conflictos como enfrentamientos de los trabajadores con los capitalistas y su Estado, en tanto sujetos colectivos, es un proceso posible y no necesario, aunque históricamente verificado. Sin embargo, si esto es así, las consecuencias del fenómeno expuesto para las dinámicas sociopolíticas no puede ser neutro. El desplazamiento de las luchas de clase del centro de las disputas sociales debe tener efectos sobre los procesos de conservación y cambio de las estructuras de dominación. Esto no significa —como se ha visto en América Latina en la última década— la clausura de horizontes emancipatorios, pero sí su transformación cualitativa.

Aquí se ha realizado solo una aproximación cuantitativa a dichos procesos. Una mayor comprensión de estos requiere estudios de la dinámica sociopolítica de la conflictividad social que solo son posibles a partir de aproximaciones cualitativas, estudios de caso y análisis comparativos.

 

Notas

* El artículo es un producto de mi actividad como investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la República Argentina (Conicet), en el marco del programa de investigación Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina contemporánea (1989– 2011), en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, desde 2011. Agradezco los valiosos comentarios de los árbitros del artículo.

1 Dichos estudios han señalado la heterogeneidad de los sujetos, de las formas de la protesta y de la conflictividad social. En Argentina, sin embargo, el conflicto social se caracterizó hasta los años ochenta por una mayor homogeneidad que el resto de la región y por una clara centralidad explicativa del conflicto obrero de matriz sindical. La tendencia histórica a la heterogeneidad de sujetos y luchas en América Latina ha sido abordada desde diversos enfoques y ha sido referida a la heterogeneidad estructural de los capitalismos dependientes en la región (Cardoso y Faletto, 1992; Nun, 1969; Quijano, 2000); sin embargo, la heterogeneidad actual presenta particularidades en toda la región de las que participa la experiencia argentina y que refieren a los efectos duraderos de la ofensiva neoliberal contra el trabajo.

2 Los datos referidos en esta sección pueden encontrarse en Piva (2012). Los datos sobre conflictividad obrera son elaboración propia a partir de la Base de datos de conflictos laborales, Centro de Estudios e Investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Los datos sobre protestas pertenecen a Iñigo y Cotarelo (2001; 2003 y 2004) y Schuster et al. (2002; 2006). Los datos sobre 2001 fueron elaborados por el autor a partir de los diarios La Nación, Clarín y Página 12.

3 Sobre la profundización del proceso de proletarización y de aumento del número de asalariados entre 1989 y 2001, véase Ricardo Donaire y Germán Rosati (2012), y Piva (2012; 2011).

4 Para un análisis del conflicto social y laboral en la posconvertibilidad que abarca una aproximación cualitativa que aquí se deja de lado, véase Piva (2011; 2015). Allí se vincula la tendencia a la fragmentación y descentralización del conflicto obrero desde la década de 1990 y el desarrollo de experiencias sindicales de base posteriores a 2001.

5 Datos obtenidos a partir del registro de noticias sobre paros obreros en La Nación entre el 1.° de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2009.

6 El salario real de los trabajadores registrados del sector privado en el último trimestre de 2006 fue 18,4% superior al del último trimestre de 2001. Los salarios del Estado y del sector privado no registrados fueron 17,3 y 23,8% inferiores (Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, s. f.). Si para los años siguientes se toma como indicador de la evolución de precios al Índice de Precios al Consumidor del Indec (Cifra, 2014), en diciembre de 2013 el salario real de los asalariados registrados del sector privado era 23,4% superior al de diciembre de 2001, mientras que el de los asalariados no registrados recién alcanzó los niveles de diciembre de 2001 en 2011 y era en diciembre de 2013 un 9,5% superior al de diciembre de 2001 (Cifra, 2014).

7 El 11 de marzo de 2008 la presidenta Cristina Fernández emitió la Resolución 125 que estableció un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. La movilidad, ligada a las variaciones de precios, implicó en un contexto de altos precios de la soja un fuerte aumento de los derechos de exportación. Como respuesta, las cuatro organizaciones patronales agropecuarias conformaron una ''mesa de enlace'' y lanzaron un plan de lucha. El conflicto se extendió hasta el 17 de julio atravesado por cuatro paros agropecuarios, un gran número de cortes de ruta y el mayor ciclo de movilización social desde diciembre de 2001 (Pimsa, 2010; Piva, 2015).

8 El análisis se realiza a partir del registro de noticias sobre protestas no obreras en La Nación entre el 1.° de junio de 2003 y el 31 de diciembre de 2009. Para un análisis de la evolución cuantitativa y de las principales características de dichas protestas, véase Piva (2015).

9 En esta fecha se convocó a través de las redes sociales un ''cacerolazo'' de protesta contra el Gobierno, conocido como 8N. La movilización fue masiva y con fuerte presencia de clase media. El Gobierno nacional estimó cien mil personas y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires setecientas mil (Balinotti, 2012, noviembre 9; Wiñazki, 2012, noviembre 9; Cibeira, 2012, noviembre 9). El 20 de noviembre de 2012 se desarrolló una huelga general de fuerte acatamiento (La Nación, 2012, noviembre 21; Wiñazki, 2012, noviembre 21; Bruchstein, 2012, noviembre 21), convocada por el sindicalismo opositor al Gobierno nacional, cuya demanda central era la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría: asalariados.

 

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