SECCIÓN GENERAL

 

El derecho a consumir marihuana*

 

The Right to Consume Marijuana

 

 

Adrián Restrepo Parra (Colombia)1

 

1 Trabajador Social. Magíster en Ciencia Política. Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia UdeA. Calle 70 No. 52–21, Medellín, Colombia. Correo electrónico: adrian.restrepo@udea.edu.co

 

Fecha de recepción: diciembre de 2015

Fecha de aprobación: abril de 2016

 

Cómo citar este artículo: Restrepo Parra, Adrián. (2017). El derecho a consumir marihuana. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 50. DOI: 10.17533/udea.espo.n50a04

 


RESUMEN

Este artículo aborda el reconocimiento legal que hace el Estado colombiano del derecho ciudadano al consumo de drogas como la marihuana y las condiciones reales para ejercerlo. A partir de un enfoque etnográfico y con una perspectiva crítica de la guerra contra las drogas, el artículo muestra, de un lado, cómo el consumo legal de marihuana en un contexto de política de drogas marcada por la prohibición —que mantiene prohibida la producción y venta de cannabis—, trae consigo una serie de dificultades que niegan de facto el derecho del ciudadano a consumir marihuana. Esa situación de exclusión de los consumidores de marihuana, de otro lado, ha desempeñado un papel central para que los consumidores constituyan organizaciones cannábicas y actúen públicamente para reclamar y ejercer el derecho a consumir marihuana, o sea, el derecho a decidir sobre el cuerpo.

Palabras clave: Marihuana; Marihuanofobia; Guerra Contra las Drogas; Derechos; Prohibicionismo.


Abstract

This article reflects on the legal recognition that the Colombian State does of the citizen's right to the consumption of drugs like marijuana and the real conditions to exercise it. From an ethnographic and critical perspective of the war on drugs, the article shows, on the one hand, how the legal consumption of marijuana in a context of drug policy marked by prohibition, which prohibits production and sale of cannabis, brings with it a series of difficulties that in fact deny the right of the citizen to consume marijuana. This situation of exclusion of marijuana consumers, on the other hand, has played a central role for consumers to form cannabis organizations and act publicly to claim and exercise the right to consume marijuana, or the right to decide what happens in and to one's own body.

Keywords: Marijuana; Marijuanaphobia; War on Drugs; Rights; Prohibitionism.


 

 

¿Cómo puede una persona perder el derecho a su cuerpo? Y que no vacilemos en responder así: una persona puede perder el derecho a su cuerpo del mismo modo que puede perder el derecho a su vida, a su libertad y a su propiedad; a saber: porque alguien le despoje de él (Szasz, 2001, p. 38).

 

Introducción

Este análisis tiene como punto de partida el reconocimiento por parte del Estado colombiano del derecho ciudadano al consumo de drogas como la marihuana. La Corte Constitucional de Colombia reconoció por medio de la Sentencia C221 de 1994 el derecho a la dosis personal, al porte y al consumo de ciertas cantidades de drogas ilegales para uso personal. La Corte insistió en el carácter fundamental de los derechos a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad, que en este caso concretan su contenido sustantivo en el acceso legal del ciudadano a las llamadas drogas ilegales como el cannabis.

Esta directriz constitucional es invocada como sustento de las continuas demandas que los consumidores de marihuana interponen ante diferentes instancias estatales, ya que en la vida diaria y en los distintos espacios públicos se prohíbe, por la vía de los hechos, ejercer su derecho a drogarse, a la embriaguez o a consumir marihuana.

Esta investigación tiene alcance nacional porque aborda una forma organizativa de tal dimensión: la Comunidad Cannábica Colombiana (CCC). Los testimonios de estos activistas son centrales en el análisis del caso que aquí se presentan —aunque no los únicos, porque el movimiento cannábico va más allá de la CCC—, rasgos que marcan los alcances del estudio. Es un movimiento conformado mayoritariamente por jóvenes de las principales ciudades capitales del país y que participan de los recientes debates nacionales sobre políticas de drogas. Puede presumirse que la procedencia social de un sector significativo de esta expresión colectiva está acorde con la tendencia que registra el Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia 2013. Informe final del Gobierno Nacional de la República de Colombia (2014), según el cual los jóvenes de sectores sociales de estratos 1 y 2 son la mayor población de los consumidores de marihuana (67%).

La situación de discriminación del ''marihuanero'' ha llegado al extremo de la violación de los derechos humanos, debido a la actual política de drogas que mantiene un enfoque prohibicionista que privilegia la guerra como modo de intervención. En este contexto, la palabra guerra es más que una metáfora. Esta guerra liderada por los Estados que han suscrito las convenciones contra las drogas, como la Convención de estupefacientes de 1961, ha dejado miles de muertos y víctimas, entre ellas consumidores de marihuana, a quienes la política de la prohibición dice proteger pero que ha causado más daño que el mismo consumo. El consumo legal de marihuana en un contexto nacional de prohibición normativa de su producción y venta trae consigo una serie de dificultades para que el derecho a consumirla sea efectivo. Este artículo profundiza en esta situación.

 

1. La legalidad del consumo de marihuana

En Colombia la Ley 30 de 1986, Estatuto Nacional de Estupefacientes, en el artículo 51, capítulo ''De las contravenciones'', establecía como sanciones por porte o tenencia de marihuana las siguientes:

Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía de medio (1/2) salario mínimo mensual.

Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa en cuantía de medio (1/2) a un (1) salario mínimo mensual, siempre que el nuevo hecho se realice dentro de los doce (12) meses siguientes a la comisión del primero.

El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, se encuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primera vez será internado en establecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficial o privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no se aplicará multa ni arresto (p. 15).

Este artículo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en laSentencia C–221 de 1994. Una de las razones de peso de la Corte Constitucional para excluir el artículo y a la vez admitir la legalidad del consumo de drogas como la marihuana, la resume César López Londoño (2015):

En la sentencia C–221 de 1994 se estableció que la penalización del consumo de la dosis para uso personal contemplada en el artículo 51 de la Ley 30 de 1986 (llevar consigo, conservar para su propio uso o consumir), vulneraba la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, razón por la cual esa disposición normativa se declaró inexequible (p. 194).

Considera la Corte que el Estatuto Nacional de Estupefacientes vulnera los derechos del ciudadano consumidor de marihuana. El arresto por treinta días solo por su porte y el endurecimiento de la pena según la reincidencia del involucrado son, siguiendo a la Corte, violatorios de la dignidad humana y del desarrollo de la personalidad. Asimismo, con su fallo reiteraba que como ciudadanos no debían ser discriminados y estableció también que el derecho a la dosis personal, en el caso del cannabis, no debía exceder ni los veinte gramos ni las veinte plantas por consumidor; igualmente indicaba que la casa del consumidor, el espacio privado, sería el lugar para el consumo.

A partir de los planteamientos de la Corte Constitucional, otros fallos judiciales han afirmado el derecho de los ciudadanos a consumir marihuana. Destaca entre ellos la Sentencia de Casación 42617 de noviembre 12 de 2014 de la Corte Suprema de Justicia que recuerda:

Es de resaltar que con posterioridad, la Corte Constitucional en sentencia C–491 de 2012 mediante la cual analizó la exequibilidad del artículo 376 del Código Penal modificado por la Ley 1453 de 2011, acogió la tesis según la cual la dosis personal para el consumo es una presunción legal (p. 29).

Esa decisión de la Corte Suprema tiene un aspecto relevante que da mayor solidez a la legalidad del consumo. En efecto, allí no solo se incorpora un pronunciamiento de la Corte Constitucional referida al hecho de que, salvo prueba en contrario, se presume ajustada a derecho ''la dosis personal para el consumo'', sino que se acepta que el porte de cantidades superiores a la establecida —veinte gramos para el caso de la marihuana— no constituye delito, siempre y cuando el portador solo busque satisfacer su propia necesidad sin finalidades de tráfico. Es lo que ya la misma Corte Suprema había aceptado bajo la idea de dosis de aprovisionamiento en Sentencia del 18 de noviembre de 2008:

El porte de estupefacientes, no solo cuando se trate de ''excesos ligeros a la dosis de uso personal'', sino también en ''cantidad superior a la prefijada por el legislador como dosis personal'', no es una conducta antijurídica si se acredita que el agente ''indudablemente perseguía satisfacer su propia necesidad de consumo y no finalidades de tráfico'', pues tal comportamiento ''no tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos ajenos (la salud, la seguridad pública o el orden económico y social) (López, 2015, p. 181).

Así que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se articula o amplía el espectro de la dosis personal a la dosis de aprovisionamiento. De acuerdo con Julio González Zapata (2015, 5 de mayo), esta sentencia:

Se desprende de cualquier criterio cuantitativo y admite claramente que el consumidor no será penalizado cualquiera sea la cantidad de drogas que porte o lleve consigo. Es decir, que ahora, según la nueva jurisprudencia, no importa la cantidad de droga que se porte, porque lo determinante para saber si la conducta es lícita o ilícita, es el ánimo con el que se porta la sustancia: si es para consumo personal, no importa la cantidad y, en sentido contrario, una dosis aún inferior a la personal, cuando se porta con el ánimo de comerciar con ella, será punible [...].

Pero reitero, el cambio producido con la Sentencia de Casación 42617 de 12 de noviembre de 2014, ya citada, no alcanza a disipar todas las dificultades jurídicas y de facto, para que el consumidor pueda ejercer plenamente su derecho (pp. 6–7).

La jurisprudencia que proscribe la discriminación del ''marihuanero'' y reconoce el derecho del ciudadano a drogarse, a consumir marihuana, aún no regula eficazmente los hechos, es decir, la tozuda discriminación hacia los cannábicos.

 

2. Los consumidores echados a la calle

El marco legal que admite el porte de marihuana en cantidades superiores a veinte gramos con el fin del autoabastecimiento y que establece la casa como el ámbito privado para el consumo es un enunciado vulnerado persistentemente en la cotidianidad. La discriminación hacia los consumidores empieza en casa y con sus familias. Los jóvenes consumidores1 de marihuana no lo hacen en casa porque su familia, especialmente los padres, ejercen la prohibición:

[...] hay muchas personas que de pronto, o sea, hacen uso de la cannabis pero no le pueden decir a nadie, nadie se puede enterar si no sería terrible [...] gente que de pronto ha fumado durante muchísimos años pero que jamás se ha atrevido a afrontarlo con su familia [...]. Me pueden echar [expulsar] de la casa, van a pensar que me voy a volver un habitante de calle o que voy a resultar quién sabe en qué tipo de condiciones (Mauricio Romero, Huerta Rebelde, Bogotá, comunicación personal, septiembre de 2015).

En la familia, según los relatos de los entrevistados, la política de la prohibición y la guerra contra las drogas ''se coló'' bajo la figura del miedo al ''enfermo y al delincuente'', condensada en la dura realidad del habitante de calle. Consumir marihuana es percibido por algunos miembros de la familia como el camino a su perdición y la de los demás, ''el mal ejemplo''. Las familias, especialmente de estratos bajos, no quieren tener como miembro un indigente en potencia: el marihuanero.

La política del miedo a las drogas constituye una forma de educar a los jóvenes.2 Esta educación no es solo dar contenidos, conlleva una serie de prácticas. Las advertencias hacen parte de esta educación, las realizadas por los padres a sus hijos terminan, quizás sin pensarlo, en amenazas. No es solo que la familia repita el discurso prohibicionista de que las drogas per se son malas y peligrosas o que sus consumidores son ''enfermos y delincuentes'', es algo más grave aún. Según narran los entrevistados, los familiares en su afán de prohibir el consumo de marihuana u otra droga ilegal —porque las legales no están en discusión— ejercen una autoridad carente de información y conocimiento científico sobre las drogas, imponen obediencia fundada en el miedo, en el uso de la violencia. Todo ''por salvar y proteger a sus hijos del vicio''. Y en aras de ese ''amor salvador'' existen padres que han expulsado a la calle a sus hijos por consumir sustancias como la marihuana.3

El castigo empieza con la reprimenda, pasando en algunos casos por la paliza porque el chico llegó a casa con ''los ojos rojos y oliendo a marihuana'', hasta culminar con la expulsión del hogar, porque ''aquí no viven viciosos''. Echar —expulsar— al consumidor es una práctica que se reproduce en otros espacios, por ejemplo, en el sistema educativo:

A un joven que encontraban en un colegio fumando marihuana lo más probable que hacían era echarlo [expulsarlo] del colegio rápidamente, porque bajo el concepto de que una manzana podrida pudre al resto, entonces había que sacar a ese usuario para que ese consumo no se propagara en las instituciones, ¿eso qué generó? Una desescolarización muy grave que, pues solo es una forma de negar el derecho a la educación de todos los ciudadanos (David Ponce, Comunidad Cannábica Colombiana, Medellín, comunicación personal, marzo de 2015).

''Echar'' parece ser el verbo que sectores de la sociedad conjugan a la hora de atender o tratar al consumidor de cannabis. La echada es una constante en los relatos de los consumidores de marihuana entrevistados en este estudio. Algunos la han vivido directamente, otros conocen historias cercanas y cada uno siente que ese es el riesgo que corren por consumir marihuana avalada por la ley.

Bajo la política del miedo, los consumidores buscan los medios posibles para evitar que especialmente su familia se entere, quedándoles como opción, dada su sistemática discriminación, ir a consumir a la calle:

Como en el hogar empieza el problema pues yo decido salir a usar la sustancia en la calle ¿no? Porque pues yo nunca he sido de estar mucho en la calle, igual por la costumbre familiar; entonces si yo iba a consumir marihuana y eso, estaba tomándome la libertad de hacerlo en casa, pero cuando veo  que están, digamos, enojándose mis papás y mis hermanos, entonces decido salir a la calle y ahí vienen los problemas con la Policía, pues uno lo hace en un parque. Por ejemplo, una vez me cogieron por estar sentado en un árbol, yo había fumado marihuana, estaba sentado en un árbol y llevaba muchas horas ahí sentado, pues, reflexionando, engomado, ¿no?, bajo los efectos de la sustancia; pero no estaba haciendo nada, entonces ahí llega la Policía a cogerme, y me metieron horas en el CAI (Ray Rozo, UPN Pedagogía de las Drogas, Bogotá, comunicación personal, septiembre de 2015).

Echados de distintas partes, los consumidores terminan en un lugar público, justamente el espacio legalmente prohibido para ello. Los riesgos y conflictos por ocupar el espacio público para fumar marihuana parecen imponerse como parte del ejercicio del derecho del ciudadano para drogarse.

 

3. Represión social y abuso policial

Los consumidores de marihuana, especialmente los jóvenes, no pueden hacerlo en sus casas ni en otros lugares, lo cual los ha llevado a ocupar de manera masiva y regular diferentes parques del país: ''Unas 763 mil personas consumieron marihuana en el último año, de las cuales 607 mil son varones, indicaría el 79%. [En Colombia], al igual que en la gran mayoría de países del mundo, la marihuana es la sustancia ilícita de mayor consumo'' (Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, p. 77). A tal punto llega su presencia que ahora aparecen como una problemática en la agenda de convivencia y seguridad de las Alcaldías de las principales ciudades capitales de Colombia.

Esta no es una preocupación nueva ni para las Alcaldías ni para algunos sectores de la sociedad. La historia colombiana del trato al consumidor de marihuana registra intereses ''coincidentes'' con la prohibición y la guerra contra las drogas o ''derivados'' de esa política. ''Un mundo libre de drogas'' es un principio que no puede desligarse, por ejemplo, de los procesos —directos o colaterales— de conformación de grupos de ''limpieza social'' para exterminar a los consumidores de cannabis: ''Los mismos vecinos del barrio se encargaban y mataban los viciosos, como decían en ese tiempo, pero se encargaban y hacían unos grupos al margen [de la ley] e iban y les daban machete, en ese tiempo no existía tanto la bala, pero sí mataban a machete por el mero hecho de una persona consumir marihuana'' (Olmes Ortiz, Comunidad Cannábica Colombiana, Medellín, comunicación personal, mayo de 2015).

Este relato del presidente de la Comunidad Cannábica Colombiana evoca los años setenta en Medellín, cuando él empezó a consumir una planta que considera sagrada. Las masacres en lugares donde los consumidores de marihuana suelen reunirse hacen parte de la historia de represión contra estos ciudadanos. Pero esta historia es una historia viva. Por ejemplo, Diego Mauricio Urrea (Consuma Responsabilidad, Armenia, comunicación personal, marzo de 2015) contó recientemente: ''Los panfletos amenazantes todavía aparecen en algunas localidades advirtiendo que van a acabar con los problemas del sector, con los marihuaneros, las putas y los maricas''.

En Medellín —y en otros lugares del país—, bajo el estigma ''mariguanero'' (Goffman, 2003), los grupos armados de distinta naturaleza han acudido a las llamadas acciones de ''limpieza social'' como forma de ganar aceptación. En esas labores los marihuaneros han sido los primeros en ser perseguidos hasta el punto del asesinato, la consumación del odio promovido por la prohibición hacia el marihuanero —marihuanofobia—, la promoción dogmática de ''un mundo libre de drogas'', sin consumidores.

Las sistemáticas ''echadas'' a las que se encuentra sujeto un consumidor de marihuana soportan la práctica del exterminio. Y aunque esta práctica extrema de trato al consumidor ha disminuido, según reconocen los consumidores consultados, esto no significa que la represión haya desaparecido. A la conflictividad que vive un consumidor de marihuana se agrega la ''tensión'' constante con la Policía.

Como se señaló anteriormente, en la actualidad la conflictividad por el consumo de marihuana en espacios públicos —donde está legalmente prohibido consumir, pero donde finalmente quedan confinados los consumidores— está centrándose especialmente en los parques. Los vecinos regularmente son quienes solicitan a la Policía que cuide el barrio y el parque porque según afirman ellos: ''se está poniendo peligroso, pues allá llegan muchachos a fumar marihuana y [a] hacer vaya a saber qué otras cosas''. La policía hace rondas de seguridad en respuesta a la petición de los vecinos, quienes consideran que la mera presencia del marihuanero en el parque es sinónimo de peligro, porque el humo les molesta, porque consideran que es un ''mal ejemplo'' para sus hijos.

En la ciudad de Medellín, por ejemplo, este tipo de demanda, entre otros factores, condujo a la promulgación del Decreto Municipal 1662 de 2014, del 15 de octubre de 2014, que estableció la creación de:

Un modelo de atención para la prevención de los riesgos a la Seguridad Ciudadana y el Control a Indisciplinas Sociales, denominado Centros Especiales de Protección a la Vida, del municipio de Medellín, destinados a la protección a la vida e integridad de las personas que son conducidas por encontrarse en alto grado de excitación o embriaguez, o usando o consumiendo sustancias alucinógenas que produzcan dependencia física o síquica, o que sean sorprendidos en flagrante contravención de policía, cuando el hecho se realice en lugar público o abierto al público.

Bajo el amparo de este Decreto, que en teoría cobija a todo tipo de persona que se encuentren en ''alto grado de excitación o embriaguez, o consumiendo sustancias alucinógenas'', los operativos policiales han estado centrados en la captura de los marihuaneros en los parques. La autoridad municipal justifica tal acción con el argumento de que el consumo de marihuana debe hacerse en casa y no en el espacio público. Los operativos policiales de captura a los jóvenes consumidores en los parques para llevarlos a los calabozos o incluso hacerlos objeto de distintas formas de abuso policial, ha hecho que el consumo masivo y colectivo sea a la vez una medida de seguridad de los cannábicos para enfrentar a la policía, lo cual ha conducido a un lento pero progresivo escalamiento del conflicto por el derecho a este ejercicio concreto del libre desarrollo de la personalidad.

Los consumidores de marihuana, particularmente los jóvenes —quienes más habitan los parques—, increpan a los policías con argumentos que actualmente en el ámbito mundial cuestionan el enfoque prohibicionista.4 Le solicitan a la Policía que actúe bajo el marco de la ley, porque algunos agentes consideran que un consumidor de marihuana es un enfermo que no tiene derechos. De hecho, los activistas cannábicos y consumidores comunes se han dado a la tarea de documentar y de interponer demandas contra los policías que abusan de sus funciones:

Uno de mis hermanos, cuando tenía como 20 años, con 20 gramos de cannabis duró mucho tiempo preso, para sacarlo fue libertad condicional, dinero y más dinero, tuvo que ir como por dos años a firmar todos los meses y hacerse unos análisis. Esto me parecía terrible porque él simplemente estaba fumando marihuana, él no le estaba robando nada a nadie, no estaba haciendo nada malo [...] aquí en Colombia hay muchas cosas que no están claras, nos dicen: ''Tú puedes tener 20 gramos de marihuana en el bolsillo'', pero depende del policía que te coja [detenga] ¿sí? (Pilar Sánchez, Ganja Farm, Bogotá, comunicación personal, septiembre de 2015).

El hermano de Pilar portaba, según cuenta, la cantidad legalmente permitida, sin embargo, él fue arrestado y condenado. La tragedia, al decir de Pilar, empieza con el policía. La legalidad del consumo de marihuana, incluso la mera tenencia, ''depende del policía que te coja'': ''Hay personas acá que por cargar la cantidad que la ley le permite, resultan 24 horas en una UPJ [Unidad Permanente de Justicia] metidos con delincuentes de verdad en unas situaciones terribles'' (Mauricio Romero, Huerta Rebelde, Bogotá, comunicación personal, septiembre de 2015).

Ir a prisión y ser víctima de abusos policiales son riesgos que se corren por poseer cannabis. Según los cannábicos, el mero hecho de la tenencia de la yerba te hace sospechoso de tráfico, porque la policía difícilmente acepta el argumento de que la marihuana es para consumo personal. Esta situación, en la cual el policía desacata la ley en el sentido de desconocer el estatus legal del consumidor de cannabis, es aprovechada por algunos oficiales para sacar provecho propio. Las distintas formas de abuso policial que viven los marihuaneros quedan en buena medida detalladas en un relato publicado en Facebook5 por un usuario consumidor de cannabis:

En Medellín, cuando por tu apariencia física eres sospechoso de fumar cannabis (personas jóvenes de estratos medios y bajos, aunque ahora todo el mundo les fuma, entonces molestan a todo el mundo, hasta adoran coger gente de estratos altos fumando, mientras los ladrones les pasaron por el lado, porque les roban más), te hacen un requisa maltratándote tanto verbal y si es posible (sino hay muchos testigos), físicamente, si encuentran cannabis comienza su trabajo, extorsionar, robar, mentir, intimidar... si son menos de 20 gramos, niegan que exista una ''Dosis personal en Colombia'' que aún está vigente, y si les argumentas se enojan y te insultan, te roban tu cannabis (excusándose en el ''código de policía'', —su ley, que no está por encima de la constitución o los derechos humanos—, pero en vez de destruirlo como dice este código, la guardan... para fumársela ellos en ocasiones, para venderlo o para ''cargárselo'', como ellos lo llaman a otras personas que cojan y así hacerlos pasar por ''jíbaros'' —vendedores— y conseguir días libres, ya que por capturas les dan bonificaciones y días libres, aunque sean como lo llamamos en Colombia ''Falsos Positivos'') si tienes más de 20 gramos o si ellos mismos te pusieron más, ''te cargaron'', comienzan con la intimidación y la extorsión, con el argumento: ''si yo lo suelto ¿qué me gano?... usted sabe que yo lo puedo embalar... ¿cómo vamos a arreglar?... ¿me va a colaborar para tanquiar?...'' o cualquiera de sus frases ya características, para que el usuario les de dinero, igual se llevan el cannabis, para volver a hacer lo mismo con otro incauto ciudadano que cojan, así viven de la ilegalidad (Marcha Mundial Pro–Cannábica, 2013, agosto 12. Archivo personal).

La interpretación de la ley que, según los cannábicos, realizan algunos policías para llevar presos a consumidores de marihuana bajo el pretexto de que son vendedores de drogas y no consumidores, tendría como explicación que en unos casos la amenaza policial de detener al consumidor sirve para que este ceda ante las presiones de los policías para darles dinero a cambio de que ellos se abstengan de realizar el procedimiento. Esta práctica constituye un delito —concusión— tipificado en la legislación colombiana (Véase Ley 599 de 2000, artículo 404, modificado por el artículo 33 de la ley 1474 de 2011).

En otros casos, los marihuaneros afirman que supuestamente los policías les quitan la yerba pero no la destruyen —tal como lo dispone la legislación vigente en Colombia—. Por el contrario, los policías guardan las cantidades decomisadas bien sea para su propio uso —policías consumidores—, para venderlas —tráfico— o para ''cargar'' a los usuarios con cantidades de cannabis que superan la cantidad legal, generando así lo que los cannábicos llaman ''falsos positivos psicoactivos''.

El malestar del usuario consumidor con la policía se incrementa cuando, según relatan los cannábicos, son objeto de agresiones físicas y verbales, es decir, de abuso de autoridad. Es una violencia que resulta injustificada y excesiva. En ocasiones, la discusión entre consumidores y policía ha terminado con enfrentamientos violentos en los cuales los agentes del Estado no siempre salen bien librados. El consumo en los parques genera conflictos que, como suele pasar con la intervención orientada a partir del enfoque de la guerra contra las drogas, tienden a incrementarse, extenderse o intensificarse.

 

4. ¿Dónde consumir marihuana?

Ante esta situación de discriminación, los activistas de la Comunidad Cannábica Colombiana6 han planteado públicamente esta pregunta: ¿dónde se puede consumir marihuana? Un interrogante que puede reformularse de otra manera si nos atenemos al hecho del reconocimiento constitucional del derecho ciudadano a consumir marihuana: ¿cuál derecho es aquel que no puede ejercerse en ningún lugar?

El ''no lugar'' impuesto al consumidor, las ''echadas'' de distintos ámbitos de socialización, acompasadas con la represión social y el acoso y abuso policial, niegan de facto al consumidor la posibilidad de realizar satisfactoriamente su derecho amparado legalmente. La persecución y la exclusión de los marihuaneros constituyen serios impedimentos para la vida de este y resultan más lesivos que el consumo mismo.

De acuerdo con los hechos, el derecho al consumo de marihuana se viola y, más grave aún, distintos actores han llegado a cometer flagrantes violaciones de los derechos humanos para evitar que las personas consuman cannabis: ''En Circasia han matado personas solo por fumar marihuana, por ejemplo, a Víctor. Que usted vaya a tener que perder la vida desafortunadamente por un cigarrillo de marihuana, no tienen ningún sentido'' (Diego Mauricio Urrea, Consuma Responsabilidad, Armenia, comunicación personal, marzo de 2015).

El acorralamiento de los consumidores de marihuana, o la ''cacería contra los cannábicos'' (Donatien, Pastelero Cannábico, Bogotá, comunicación personal, septiembre de 2015), tiene también un aspecto adicional que profundiza la problemática de convivencia. Algunos de los activistas entrevistados, que han salido del ''closet cannábico'', es decir, que reconocen tanto en sus casas como públicamente que consumen marihuana, afirman que no podían fumar en sus casas porque no había manera de hacerlo sin que el humo afectara a sus familias. Estos jóvenes son de los estratos socioeconómicos 1 y 2, viven en casas de menos de cincuenta metros cuadrados y comparten habitación con varios familiares: ''La mayoría de la población con consumo problemático (abusadores y dependientes) de marihuana se encuentra en el estrato 2 y conjuntamente con los consumidores problemáticos del estrato 1, representan alrededor del 67% del total'' (Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, p. 83). A la problemática situación del marihuanero causada por el enfoque de la prohibición y la guerra contra las drogas, también debe articularse un elemento relativamente nuevo después de la promulgación constitucional: el espacio requerido para poder ejercer el contenido de los derechos.

Medellín, por ejemplo, como otras tantas ciudades en el mundo, es una sociedad que privilegia derechos casi siempre de naturaleza liberal, es decir, los derechos que más competen al ámbito privado del individuo y, a la vez, es una sociedad que construye la ciudad y la vivienda a costa del espacio para el proyecto liberal del individuo o que hace muy costoso económicamente acceder a un espacio amplio. Dicha relación deviene necesariamente conflictiva. Por esta vía, llegamos a un diagnóstico reiterado por distintas administraciones municipales: el hacinamiento.

En el caso de Medellín, los distintos informes municipales sobre espacio público y vivienda son insistentes en señalar el problema del déficit de espacio. En la ciudad los parques son pocos, pequeños y congestionados. Es más difícil compartir el parque cuando este es un bien escaso y de reducido tamaño. En efecto, es tal el carácter del problema que un periódico de amplia circulación en la ciudad tituló Faltan espacios públicos verdes. Medellín, por debajo de índices de la ONU:

En 1921 solo 820 personas habitaban cada kilómetro cuadrado del área urbana de la ciudad, en la actualidad ese mismo espacio es ocupado por 21 601 pobladores [...] la superficie de espacio público de la cual dispone un habitante de Medellín, 3.3 metros cuadrados, está en déficit frente a los 15 metros cuadrados que dispone el estándar nacional y los 10 metros cuadrados que sugiere la Agenda Hábitat de la ONU. Frente a las zonas verdes, la diferencia con los patrones internacionales es más notorio: un medellinense cuenta con 1,82 metros cuadrados, mientras la misma agencia de la ONU establece que debe ser de 10 metros cuadrados por habitante (ADN, 2015, noviembre 10, p. 4).

El hacinamiento tiende a homogenizar, resta cabida a las diferencias. Este déficit de espacio es un problema que las tres últimas administraciones de la ciudad vienen tratando de solventar con la construcción de infraestructura: parques lineales, parques biblioteca, parques del río, entre otros. Sin embargo, la deuda espacial sigue pendiente no solo porque la clase dirigente de la ciudad prestó poca atención a este tipo de necesidades colectivas, sino también porque Medellín es una ciudad que pretende dejar de crecer hacia los lados o márgenes para crecer hacia dentro,7 este es un cambio vital que impacta en la convivencia ciudadana.

Hay que tener presente también que muchas de las nuevas edificaciones para vivienda, particularmente los edificios, no contemplan en su diseño un espacio público porque la ley permite a los constructores subsanar esa oferta siempre y cuando justifiquen que existe en el entorno un espacio para descargar esa necesidad, esto quiere decir que si existe un parque cerca de la construcción ese espacio permite justificar la no creación de plazoletas o similares en la nueva edificación. Con tal suerte que un parque con treinta o más años, pensado para la población de la época termina ahora albergando un número desproporcionado de habitantes gracias a la ''descarga'' que realizan las constructoras. En este espacio hacinado convergen vecinos, familias, marihuaneros y policías.

La ausencia de espacios para los consumidores de marihuana revela la exclusión de la cual son objeto, no tienen un lugar en la ciudad, se les niega a pesar de ser un derecho amparado por la ley. En esas condiciones la idea misma de derecho queda en cuestión. El obstáculo mayor para crear o recrear espacios en los cuales los consumidores de marihuana puedan realizar sus consumos es la política de la prohibición y con ella la postura, por ejemplo, de algunos alcaldes del país, que consideran que su labor es gobernar para los ciudadanos ''de bien'', es decir, los que no consumen marihuana sobre el supuesto de que los primeros tienen derechos y los segundos no.

 

Comentarios finales

A partir del enfoque prohibicionista, que se ha formado históricamente desde la cruzada contras las brujas hasta llegar a nuestros días (Escohotado, 1989a), la referencia a las drogas suele tener el tinte de lo maligno o que solo pueden ser utilizadas bajo la tutela de una autoridad, en este caso la autoridad médica (Szasz, 2001). Cualquier otro uso de la droga ha sido considerado propio de viciosos, de adictos al placer que terminan perdiendo sus vidas al reducirlas al consumo compulsivo de una determinada sustancia (Cebrián, 2011). Para esta visión, la droga mata o como lo dice la propaganda oficial referida a la marihuana ''la mata que mata'' (Imakifilms, 2013, marzo 27).

El prohibicionismo que busca ''salvar a la humanidad'' declaró la guerra contra las drogas (Samper, 2013) y su declaración es literal: ha dejado miles de muertos y víctimas (Tokatlian, 2009). Entre ellas están los mismos consumidores de marihuana, a quienes esta política ha intentado redimir infringiendo castigos como la cárcel, el encierro psiquiátrico o llevándolos a la muerte al ''cultivar'' en la sociedad el odio al marihuanero. Efectos nocivos para la vida del cannábico que en mucho superan los que la marihuana por sí sola puede causar (Escohotado, 1989b).

El prohibicionismo y la guerra contra las drogas son los orientadores de la política de los Estados para tratar el mercado de las drogas ilegales. Como en toda guerra acuden al uso del miedo. La política del miedo que marca la relación padres e hijos al momento de hablar de drogas y el hecho efectivo y real de que en ciertas familias no hay espacio para hablar del consumo y está prohibido consumir drogas ilegales. Las legales aparecen generalmente aceptadas o catalogadas como otro asunto, constituyen un fuerte límite al derecho al desarrollo de la libre personalidad, de acuerdo con el contenido constitucional. El estigma marihuanero, equivalente a enfermo y delincuente, o sea, sujeto peligroso, cosifica a los consumidores de cannabis al punto de hacerlos objeto de violencia recurrente, es decir, foco de la política de guerra contra las drogas.

Asimismo, la mayoría de consumidores de marihuana son personas jóvenes, muchos de ellos padecen la represión social y el abuso policial cotidianamente, centrándose la tensión últimamente en su presencia masiva en los parques. Esta situación ha incidido para que parte de esos jóvenes emprendan acciones de denuncia y reivindicación del derecho a consumir marihuana, los activistas de la Comunidad Cannábica Colombiana, organizados en más de veintiocho colectivos en el país, son muestra de ello.

En estas circunstancias, los alcaldes, como primera autoridad municipal, independientemente de sus prejuicios morales sobre quién es un ciudadano ''de bien'' y quién no, son los responsables de garantizar los derechos de todos los ciudadanos con apego a la Constitución. Y por tal responsabilidad, ante las preguntas ¿cuál derecho es aquel que no puede ejercerse en ningún lugar?, o ¿dónde pueden consumir marihuana?, la respuesta de los burgomaestres no puede seguir siendo: ''problema suyo si no puede consumir marihuana en su casa''. Esta respuesta equivale a afirmar que ante la violación de los derechos en casa el Estado no tiene nada que hacer. Este tipo tradicional de respuesta manifiesta la desatención municipal ante la violación del derecho al consumo de marihuana y refleja también la falta de responsabilidad para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, entre ellos los marihuaneros, de acuerdo con la Constitución. Estas circunstancias de desatención del Estado han contribuido a que los directamente implicados hayan creado su propia solución para consumir marihuana: habitar colectiva y masivamente los pocos y pequeños parques de las ciudades.

Los avances en la reflexión y en la adopción de medidas en el mundo sobre políticas de drogas parten del hecho objetivo de que las drogas llegaron para quedarse y que, por tanto, el principio prohibicionista ''un mundo libre de drogas'' ha fracasado (Manjón–Cabeza, 2012). A partir de enfoques como estos se pretende variar el trato discriminatorio y excluyente hacia el consumidor de cannabis. En esta línea se inscribe la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2014, que propone la despenalización del consumo para ''Evitarle a los consumidores los traumas que implican la privación de la libertad'' (p. 39). Mientras tanto, un estudio muestra lo que piensa un sector de la Policía en Colombia: ''Para la mayoría de los policías entrevistados la despenalización de la dosis personal es una limitación de su facultad para arrestar personas que deberían poder arrestar, sea porque consideran que además de consumidores son criminales o porque creen que es importante reprimir el consumo entre los jóvenes, con su prohibición'' (Lemaitre y Albarracín, 2011, p. 251).

Sin embargo, en Colombia la situación de exclusión de los consumidores de cannabis todavía es preocupante en términos de derechos humanos:

Si bien es cierto que en Colombia se han aflojado un poco los nudos para permitir el consumo libre de las drogas, aún subsisten muchas dificultades de orden normativo y práctico para quienes quieran ejercer ese derecho reconocido constitucionalmente. A mi modo de ver, el problema radica en que la marihuana se sigue considerando una droga prohibida y ello crea un espacio de brumas, donde al consumidor se le puede introducir la policía y aún las almas bondadosas que pretenden salvarlo contra su voluntad (González, 2015, 5 de mayo, p. 11).

La prohibición de las drogas y la guerra contra ellas promovida por los Estados han consolidado histórica, social y culturalmente la percepción en buena parte de la población colombiana de que el consumo de cannabis es letal. Percepción que opera como un ''dogma'', que como tal resiste a la evidencia científica que ha establecido la baja toxicidad de la marihuana con respecto a otras drogas, incluidas las legales (Room et al, 2013).

Para superar la era de la política de drogas orientada por la prohibición e instrumentalizada por medio de la guerra contra las drogas, y a la vez avanzar en el trato al consumidor de marihuana a partir de los derechos humanos, conviene tener presente el llamado que desde los años setenta han formulado distintos expertos en la materia: la necesidad de acceder a la información y al conocimiento (Szasz, 2001). Se trata del llamado a un proceso educativo conducente al ejercicio de la libertad y la autonomía de las personas, valores impensables sin responsabilidad. Quizás a partir de un escenario como el que se insinúa tome más fuerza y posibilidades el mandato de la Corte Suprema de Justicia (2014):

En adelante, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y los órganos de policía judicial deberán dirigir su persecución hacia los verdaderos traficantes de narcóticos que son quienes lesionan o ponen en peligro efectivamente los bienes jurídicos tutelados. En cambio, a los consumidores habrán de brindarles la protección reforzada a que también están obligados por ser todas ellas autoridades estatales (p. 47–48).

El reto es grande, sin embargo ''el signo de los tiempos'' parece estar cambiando a favor de estas nuevas tendencias en políticas de drogas. Actualmente, a los pocos políticos, artistas, intelectuales, periodistas, entre otros, que llevan años clamando y proponiendo un cambio en el enfoque de políticas de drogas dirigidas desde la prohibición, se han unido presidentes en ejercicio de sus funciones, magistrados de altas cortes, trazos del acuerdo de La Habana sobre drogas y especialmente los miles de marihuaneros que han empezado a organizarse y actuar públicamente para reclamar y ejercer el derecho a consumir marihuana, el derecho a decidir sobre el cuerpo.

 

Notas

* Este artículo es resultado del proyecto de investigación Ciudadanos consumidores de drogas, registrado en el Sistema de Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia, financiado por el Instituto de Estudios Políticos y adscrito al grupo de investigación Estudios Políticos. Una primera versión de este texto se presentó en el VII Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Clacso: coloquio Derecho a las ciudades y espacio público en América Latina, organizado por el Instituto de Estudios Regionales y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en noviembre de 2015.

1 Cerca del 62% de los consumidores de marihuana tienen entre 12 y 24 años, y casi el 87% tiene menos de 34 años (Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, p. 15).

2 Aquí no está en discusión la educación de los jóvenes en drogas, mucho menos cuando cada una de ellas supone algún grado de toxicidad, tampoco está en discusión la responsabilidad de los padres en contribuir a formar a sus hijos en ese campo. El asunto es el enfoque que orienta esa educación, el prohibicionista, ''un mundo libre de drogas'', que según las tendencias globales de políticas de drogas está en cuestión.

3 Posiblemente, esta práctica es una de las causas del incremento de los indigentes en las ciudades y del uso de drogas más ''duras'' para enfrentar esta nueva y dura realidad. Contribuyendo así a la profecía prohibicionista autocumplida: quien empieza con marihuana termina mal. Sobre este tipo de construcción social del adicto véase John Booth Davies (2010).

4 Información y conocimiento al cual han accedido porque son bachilleres, universitarios y profesionales, y ante todo porque son de la generación de Internet, de las redes sociales y de la globalización política y cultural.

5 La información tomada del perfil de Facebook Marcha Mundial Pro–Cannábica no se encuentra disponible en la actualidad porque la página fue cerrada en varias ocasiones. Según sus administradores, fueron vetados por supuestamente incitar el consumo de drogas.

6 Movimiento cuya expresión masiva más notoria son las marchas. La de Medellín es la más grande del país y la tercera de Suramérica, con aproximadamente ochenta mil personas. Respecto al consumo de marihuana, ''La tasa más alta y estadísticamente significativa está en Medellín y su Área Metropolitana'' (Gobierno Nacional de la República de Colombia, 2014, p. 80).

7 Medellín ha establecido un cinturón verde como límite de crecimiento o expansión de la ciudad, esta decisión conlleva a que la urbe, incluido el área Metropolitana, se readecue en la oferta de vivienda y demás estructura urbana, como viene pasando con la construcción de edificios, centros comerciales y vías de transporte (Alcaldía de Medellín, 2012).

 

Referencias bibliográficas

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20. Tokatlian, Juan Gabriel. (2009). La guerra contra las drogas en el mundo andino: hacia un cambio de paradigma. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

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