Ramírez Gallegos and Stoessel: El incómodo lugar de las instituciones en la “populismología” latinoamericana *



Introducción

El populismo termina con el fin de la política, con el fin del antagonismo, esto quiere decir que el populismo termina cuando la política se convierte en decisiones administrativas que se toman desde dispositivos administrativos, el Estado, un ayuntamiento, un partido (…). La clave, por lo tanto, del populismo es el afuera (…) pero Podemos se dedica durante dos años a presentarse a elecciones y eso termina siempre convirtiéndote en una organización que participa en procesos para tener cargos públicos en instituciones que toman decisiones administrativas y que de alguna manera destrozan, destruyen, limitan el antagonismo de la política. Es nuestra gran contradicción (Pablo Iglesias) (ESnoticia, 2016, octubre 6).

Al calor de una suculenta disputa al interior del emergente partido español, su número uno, Pablo Iglesias, dibujó en tales términos uno de los litigios fundantes del pensamiento político contemporáneo: las sinuosas relaciones entre el populismo y las instituciones políticas. Para un lector profano de la prensa dominante de la región de donde partieron “las carabelas populistas”, no obstante, la invectiva de Iglesias luce, por decir lo menos, desconcertante. ¿No repiten acaso a diario los grandes medios que el populismo es una forma de ejercicio de poder que avasalla las instituciones y no que es destrozado por ellas? La confusión de nuestro hipotético lector de un diario latinoamericano no puede ser más justa. Despejarla no parece una empresa sencilla.

Un primer punto de apoyo para acometer dicha tarea sería aludir al carácter polisémico de la categoría populismo para de inmediato pasar a afirmar que, desde sus específicos puntos de vista, tanto el populismo encarnado, por ejemplo, en el discurso de Podemos como aquel de la prensa liberal-conservadora en América Latina pueden llevar parte de razón y que, aún más, comparten algo sin saberlo: una mirada dicotómica y de mutua exterioridad entre el mundo de las instituciones políticas y la nebulosa del populismo.

Sin saberlo. Se trata de una suerte de litigio en torno a los nexos entre populismo e instituciones. Es probable que el término sea impreciso pues el campo de batalla no termina de configurarse. Cada bando tiene sus particulares querellas y tiende a dialogar más bien al interior de sus propios circuitos. Simplificando, en la troupée liberal el acuerdo sobre el poder corrosivo del populismo en relación a las instituciones prácticamente no tiene fisuras. Podrán discrepar sobre los grados de afectación o sobre las específicas instituciones fracturadas, pero no sobre la imagen global del populismo como fenómeno que entroniza un liderazgo indómito que termina por someter a la institucionalidad democrática. La parcela de Ernesto Laclau y sus intérpretes, por otra parte, si bien rescata al populismo como un momento fundamental para la incorporación de los de abajo en la comunidad política, parece descuidar la comprensión de la productividad de las instituciones —o de la forma institucional de las prácticas políticas— en la construcción de los sujetos populares y la afirmación de proyectos emancipadores.

Ambos bandos, que no son los únicos implicados en la cuestión, se escuchan desde lejos. Aun así, y aunque con una carga normativa diversa, compartirían un similar punto de vista sobre los términos en cuestión: a los regímenes, líderes, proyectos populistas poco les interesan las instituciones ya sea porque: a) son un obstáculo para un ejercicio decisionista del poder y, por tanto, debe neutralizarse su existencia —énfasis liberal—; b) debilitan la potencia de la participación popular al contener el antagonismo social y confinar la tramitación de las demandas a los enjambres administrativos del Estado —énfasis posmarxista—. De este modo, señalando la (siempre) perversa relación entre populismo e instituciones, la populismología dominante pierde de vista la complejidad de sus relaciones y abre un campo de indagación que requiere mayor exploración teórica y empírica.

Este trabajo se inmiscuye en dicho campo desde las lecturas de la populismología contemporánea en torno al “giro a la izquierda latinoamericano” en el siglo xxi.1 No obstante, más que proponer una (re)interpretación de los gobiernos progresistas en los últimos quince años, el texto esboza una discusión teórico-analítica con los modos en que se ha estudiado el lugar de las instituciones en los procesos políticos de signo populista. Para el efecto se presenta, en primer lugar, una clave de análisis que sitúa los usos y campos temáticos de la “polisemia populista” en los debates en curso. A la luz de dicha matriz, en las siguientes dos secciones se reconstruyen los enfoques liberal y posmarxista sobre los nexos entre populismo e instituciones. Estas son comprendidas aquí de modo extenso, abarcando tanto las reglas de juego de la democracia liberal —en su versión minimalista de la poliarquía— como el más amplio entramado de instituciones que componen los sistemas de intermediación sociopolítica y la construcción de estatalidad. El texto concluye con una de serie de interrogantes respecto a la necesidad no solo de ir más allá de la mirada dicotómica sobre el asunto sino de observar la capacidad instituyente del populismo en su compleja articulación con la democracia y el antagonismo.

1. La continua polisemia populista

La abundante “populismología” se reactivó largamente, desde inicios del siglo xxi, con el acceso al poder de variopintas coaliciones izquierdistas nucleadas por liderazgos de vocación transformacional que han marcado a fuego la dinámica regional. La centralidad académica de la cuestión en la región se puede comparar, de hecho, con el predominio que tuvo en la década de 1980 la denominada “transitología”, preocupada por explicar el quiebre de los regímenes militares y la restauración de los gobiernos civiles en América del Sur.

La vigente problematización del populismo trajo consigo algunas innovaciones teóricas y políticas. Conviene rescatar dos. En cuanto a las primeras, además de los ya clásicos desarrollos funcionalistas, marxistas y liberales, se destaca la potente irrupción de una lectura posgramsciana-discursiva del populismo abanderada por Laclau. Se trata de un agudo esfuerzo teórico por instaurar la comprensión del populismo como lógica política que instituye al pueblo a través de la articulación de heterogéneas demandas sociales y del trazado de un antagonismo fundamental que lo diferencia de su adversario. Por su parte, a la luz de la obra laclausiana y, sobre todo, de la irradiación de las experiencias populares sudamericanas, la novedad política proviene de la deliberada recuperación del populismo como brújula estratégica de un emergente actor antisistémico. El caso de Podemos es sintomático de esa explícita apropiación del populismo (Errejón y Mouffe, 2016).

El ex presidente venezolano Hugo Chávez difícilmente calibró alguna vez su identidad política a partir de tal auto conciencia táctica. Aún más, ni siquiera en medio del esfuerzo de la pléyade laclausiana por dignificar la noción los gobiernos latinoamericanos hicieron suya tal adscripción y hasta renegaron de ella.2 La manifiesta reivindicación del populismo por parte de una nueva fuerza popular-democrática luce relevante para el debate sobre las vías de la lucha y la transformación social en el siglo xxi. Ambas renovaciones, teórica y política, otorgaron especificidad a la “tercera ola” populista en la región (Gratius, 2007).

Semejante novedad, empero, no ha contribuido a reducir la polisemia del concepto. Hay quien encuentra en ello, y en la carencia de un campo de conocimiento más o menos fijado en su torno, la razón del gran malentendido sobre el populismo. Puede sospecharse, no obstante, que esta suerte de atolladero obedece más bien a los diversos “usos” y “campos funcionales” que atraviesan a los diferentes enfoques. Por usos se alude a la construcción conceptual que distintas perspectivas hacen de la categoría populismo a partir de las específicas dimensiones del fenómeno que abordan. Por campos funcionales se entiende los universos de observación que cada enfoque captura con la noción de populismo (Retamozo, 2014). La identificación de los distintos usos y campos en el debate contemporáneo aporta a la comprensión de los argumentos y supuestos que subyacen a cada enfoque.

Respecto a los usos del populismo se pueden identificar cuatro. a) para describir la dimensión política del ciclo posneoliberal inaugurado con la llegada de Hugo Chávez al poder. Así, distintos trabajos han acudido a dicha categoría para ofrecer un cuadro general sobre los liderazgos y sus estrategias políticas (Roberts, 2008), el tipo de movilización que promueven (Ellner, 2012), el vínculo entre pueblo y clases sociales en tanto categorías sociales (Vilas, 2011), los modos de identificación política (Panizza, 2008) y la matriz de construcción política e inclusión social que combina, de modo contradictorio, democratización con subordinación a un líder y ampliación de derechos dentro de la inercia capitalista (Svampa, 2016).

b) Para describir —y comparar— los distintos momentos históricos del populismo a partir del siglo xx (Barros, 2014). Varios trabajos han descrito los “neopopulismos” de la década de 1990, así como los actuales procesos políticos a la luz de los llamados populismos clásicos de mediados del siglo xx (Ianni, 1975), considerados por varios como su forma bautismal. Tales populismos terminaron por operar como baremos para el análisis de posteriores experiencias de similar signo (Viguera, 1993).

c) Para (des)calificar y evaluar, a partir de cierto punto de vista normativo, los “daños a la democracia” (Barros, 2014). Así, el populismo aparece como una patología política en la que un demagogo forja ensoñaciones en un pueblo siempre caracterizado por su docilidad e “impaciencia irreflexiva” (Hermet, 2003). Quedan así avasalladas las instituciones de la democracia representativa y se entroniza una forma decisionista de gestión política (Castañeda, 2006; De la Torre, 2013a).

d) Para producir una teoría política formal del populismo como proceso de conformación de sujetos e identidades políticas (Laclau, 2005). A partir de este enfoque, el populismo consiste en una lógica de articulación de demandas que, sin predicar a priori sobre los contenidos que amalgama, informa de la conformación antagónica del pueblo.

En relación a los campos funcionales, la populismología del siglo xxi se ha concentrado especialmente en tres dominios: a) recupera al populismo como momento de quiebre político de un orden que se encuentra en crisis. El populismo sería el factor destituyente del orden social. En este campo, quizás el más recurrente, se enfatiza en las condiciones de posibilidad para la “ruptura populista”: crisis de representación, acumulación de conflictos, ilegitimidad de las elites, entre otros (Roberts, 2008). b) El segundo campo, de orden agencial, comprende al populismo como una dinámica de construcción de sujetos —el sujeto pueblo—, identidades y discursos políticos (Panizza, 2008; Aboy, Barros y Melo, 2013). c) El populismo funciona como una lógica política que, una vez consumada la ruptura, gestiona el nuevo orden, el vínculo con las instituciones y la incorporación social a la comunidad política (Retamozo y Muñoz, 2013; De Mendonça, 2014; Stoessel, 2015). Este campo, que asume un enfoque procesual, ha sido relegado en los estudios sobre la cuestión. El escrutinio de los logros refundacionales del populismo, del tránsito entre el momento antagónico y el de la recomposición política, su devenir hegemónico o su capacidad instituyente —e incluso aquello que acontece una vez que los populismos entran en crisis— han sido, en efecto, asuntos descuidados en la literatura.

La subvaloración del populismo como proceso se combina con el predominio de los usos normativos de la noción para oponerla a la normalidad democrático-liberal. Así, en lugar de observar las específicas y contradictorias formas que toma el vínculo entre ambas dimensiones de lo político —lo constituyente y lo constituido, el antagonismo y el orden, la participación popular y la administración de las cosas, la movilización y la institucionalización—, aquellas han sido pensadas como mutuamente excluyentes y atravesadas por una pura relación de exterioridad. Tal es el impasse a problematizar.

2. El asedio populista

El populismo es tóxico para las instituciones democráticas (Mayorga, 2017; Paramio, 2006; Weyland, 2004). Tal es la tesis central de buena parte de la populismología contemporánea. El tono de la crítica difícilmente puede desprenderse de la constelación normativa —pocas veces del todo confesa— de cierto liberalismo político. Más allá de dicha norma, semejante punto de vista se construye a partir de la interrogación sobre los efectos del populismo en la democracia entendida apenas como poliarquía. La pregunta encierra ya una sospecha, la intuición de una relación tormentosa. Esta aprensión no alcanza a ser siquiera matizada por ciertos llamados de atención acerca de la —¿eventual?— capacidad populista para ampliar el espacio de la política e incluir a los de abajo (Kaltwasser, 2012; De la Torre, 2013b). Un escepticismo fundante con la política populista obtura la comprensión de sus paradójicos nexos con las instituciones democráticas. No hay signo contradictorio alguno en su lógica de construcción política: donde florece el populismo las instituciones son arrasadas; o es populismo o es poliarquía. Resuena ahí, avasallante, el poder simplificador de una analítica binaria (Guariglia, 2011).

El enamoramiento de las multitudes. “Dadme un balcón y seré presidente (…)” decía José María Velasco Ibarra,3 arquetipo —si los hay— del líder populista del siglo xx, cinco veces presidente de Ecuador. El carácter performativo del enunciado designa la potencia del liderazgo frente a las masas. Entre el balcón, en lo alto, y aquellas, en la plaza, solo media la destreza persuasiva del gran orador. Atravesados por ese embrujo, irónicamente, los estudios políticos en la región —y más allá— no han dejado de referirse a la cuestión sin hacer uso de la imagen de la conexión directa entre el gran jefe y las multitudes. Populismo es el nombre de una relación apasionada y sin intermediación alguna entre el pueblo y el paladín. Es a través de su discurso, apenas, que las masas son incorporadas al juego político. La voluntad del liderazgo condensa entonces el ejercicio de inclusión social y representación popular que la política moderna había prometido trasladar a una serie de instituciones despersonalizadas. Dicha constatación enraíza el sentido de la impugnación liberal: la comunidad de ciudadanos libres se construye desde la activación de garantías abstractas, derechos formales y reglas generales que la interpelación populista se empeña en interrumpir una y otra vez. El mito fundacional del populismo como política in-mediata abona el terreno de la desconfianza liberal en su nula disposición para traslaparse con ciertas instituciones políticas o en su proclividad a subordinar las instituciones democráticas a la decisión fundante. El vínculo populista solo puede sedimentarse en las virtudes del líder para capturar el humor de su pueblo y seducirle según las circunstancias. En ese nexo pasional ninguna interfaz tiene cabida, cualquier forma organizacional sobra. Incluso la intermediación partidaria es vista como innecesaria (Weyland, 2004).

La futilidad de las instituciones. El imperativo populista de la inmediatez desborda la ponderación de las instituciones democráticas. Se trata de medidas de tiempo político inconmensurables. La centralidad del liderazgo popular exige recrear cada vez el vínculo con la sociedad —y sus demandas—. Las instituciones, por el contrario, operan como filtros de las reivindicaciones sociales y como válvulas de moderación entre su incubación y la toma de decisiones. En consecuencia, en tanto estrategia política, el populismo pone en crisis permanente el lugar de las instituciones en la construcción de los regímenes democráticos. En particular, el relato liberal resalta la amenaza populista hacia los derechos de las minorías, la dinámica de la deliberación pública y el juego de pesos y contrapesos como base de la separación de poderes (Levitsky y Loxton, 2013). La arquitectura de la democracia como poliarquía, señalan, entra en ineludible embate con la propensión populista a reconstruir al pueblo en su homogeneidad, a hablar en nombre de las mayorías, a proyectarse desde la representación de la voluntad general refractaria a los pequeños intereses y a la pluralidad de lo social.

Estas tensiones entre la evocación de la soberanía popular y la estabilidad institucional fueron capturadas, en esta lectura, con los procesos de reforma constitucional sudamericanos. La gramática de legitimación de los “populismos izquierdistas” andinos —Venezuela, Ecuador, Bolivia— a la hora de activar la convocatoria a Asambleas Constituyentes se apoyó en la apelación a la soberanía popular como fuente directa de (nuevo) poder político y, por tanto, mecanismo autorizado para cortocircuitar la vigencia de las instituciones del ancien régime (Ramírez, 2013). La permanente querella entre los universos políticos de la legitimidad del soberano —pueblo siempre articulado por un activo liderazgo bonapartista— y aquellos fundados en la invocación a la legitimidad de los órdenes constituidos aparece como trazo insigne de los procesos andinos de remplazo constitucional. La estabilización institucional no es pues, a pesar de sus impulsos de refundación estatal, el desiderátum fundamental de los populismos realmente existentes. La indiferencia con las instituciones —en particular las que trazan el horizonte de las poliarquías modernas— sería su marca de fuego (Novaro, 2007).

El magma decisionista. Si en el credo liberal las instituciones políticas materializan el funcionamiento eficaz del sistema de pesos y contrapesos de todo orden que se precie de democrático, en el proyecto populista no se entienden sino como parte de la correa de trasmisión que permite convertir la voluntad popular en decisiones vinculantes (Urbinati, 1998). El decisionismo populista solo asigna un valor instrumental a su lugar en el juego político. Si ya contiene a las grandes mayorías, ¿qué sentido sustantivo puede asignar el liderazgo popular a unas instituciones en las que las mayorías se forman, provisoriamente, a través de la negociación y la deliberación entre pequeñas y grandes fuerzas? Para ciertos paradigmas modernos, la función primordial de la política es la acción de tomar y ejecutar decisiones.

Christian Graf Von Krockow (2001) sostiene que la tradición intelectual decisionista, muy imbuida en la crítica a la democracia liberal, pretende romper con los planteamientos normativos positivistas por medio de un modelo voluntarista de acción que trascienda la estrecha promesa de emancipación de los arquetipos burgueses. El núcleo de la acción decisional se sitúa, dentro de la esfera pública, en la actividad gubernamental monopolizada por el Estado. En tanto que modelo de gestión política el decisionismo supone pues la articulación entre la toma de decisiones radicales y la construcción de la imagen de un tiempo excepcional que debe ser resuelto. La compleja realidad excusa legítimamente un proceso de toma de decisiones aún si estas no han estado previstas por las rutinas administrativas o normativas —donde el liberalismo pone el acento— del Estado. El decisionismo es así definido como la proyección legitimatoria del ejercicio de la voluntad política (Andara, 2009). En el corazón de la agencia transformacional de los líderes latinoamericanos se ha situado, precisamente, la continua búsqueda de legitimidad sobre la base de decisiones radicales y conflictivas presentadas como catalizadoras de un momento histórico excepcional (Ramírez, 2010). Así, en el proceso en que se conectan decisionismo, populismo y legitimación las instituciones solo formalizan ex post un tipo de articulación política que ya ha sido trazada en otra parte.

En definitiva, ya sea retratado en su inmediatez, en su gramática de soberanía popular o en su forma voluntarista de acción política, el populismo erosiona de modo permanente la institucionalidad democrática (Zanatta, 2014). La dinámica populista se materializa apenas en mediaciones discursivas. La lectura liberal no observa a cabalidad ni sus instituciones de intermediación —movimiento, partido, sindicatos, entre otros—, ni toma en serio su vocación de construcción estatal —estatalidad, expansión de derechos—, ni conecta su producción decisional con sus puntos de apoyo en el sistema político —negociación parlamentaria, corporativismo, instituciones participativas, entre otros— o en la gestión pública —lógicas de administración, burocracia, reforma del Estado—. Más allá de su fundamental insistencia en las amenazas del populismo a la democracia, la representación liberal de la política populista desconoce la materialización institucional de procesos que, no en vano, se han anclado por periodos prolongados en sus sociedades.

3. Ruptura y recomposición populista: la primacía del antagonismo

Las instituciones políticas son tóxicas para el populismo. Tal es la fórmula que, aunque llevada al extremo, condensaría parte de las elaboraciones contemporáneas de la populismología laclausiana respecto a la cuestión que nos ocupa. La tesis invierte el sentido de la sospecha liberal. No se trata ya de dimensionar la devastación populista de las instituciones sino de advertir que estas últimas operan como resortes de esterilización de la política populista. La contundencia del desplazamiento interpretativo —de la naturaleza antiinstitucional del populismo al carácter antipopulista de las instituciones— no encubre, sin embargo, la continuidad de una matriz de análisis que coloca a las instituciones y al populismo en una relación de mutua exterioridad. Así, mientras el relato liberal sentencia la escasa disposición de los populismos para reconocer y fortalecer las instituciones poliárquicas, el último Laclau considera que la materialización institucional de los populismos conlleva el riesgo de bloquear la lógica antagónica, es decir, el principio constitutivo de lo político. Bajo ese lente, tal perspectiva mantiene una resbalosa indiferencia con la dimensión institucional de los procesos populistas.

Coherente con su compromiso posfundacional, la teoría laclausiana se erige sobre el antagonismo en tanto negatividad de un orden que excluye —porque ordena— y que está encarnado en la figura del enemigo político. El populismo no surge de cualquier conflicto sino de un antagonismo que, en su negación del orden vigente, introduce en el campo político un conflicto por los principios ordenadores de la sociedad. En este sentido, si bien por definición todo orden está dislocado, no necesariamente está irrigado de forma permanente por antagonismos. El populismo aparece entonces como un momento de construcción de fronteras políticas que recorta el espacio de lo social en dos campos antagónicos: el bloque de poder y el pueblo. Dicho trazado de fronteras es la operación fundante del proceso de identificación, politización y articulación en torno a determinada plataforma política —un significante vacío—, de una pluralidad de demandas inconformes con el sistema institucional. Tal proceso articulatorio produce una unidad siempre precaria y compleja que debe ser sostenida a través de la permanente reactivación de la frontera como un marcador de aquello que identifica a los polos confrontados. La frontera simplifica pues el espacio político y permite la reproducción del populismo en el tiempo (Pereyra, 2012).

Vista así, la ruptura populista condensa tanto la posibilidad de dinamitar un orden siempre susceptible de ser quebrado, como el ejercicio de sutura del orden social en la que el pueblo emerge. De este modo, aunque se visualizan los dos planos constitutivos de lo político —el antagonismo y la institución precaria de lo social— la perspectiva laclausiana otorga no solo primacía al primer plano, sino que apenas brinda pistas sobre la operación del populismo en su dinámica refundacional. Una mayor preocupación por este segundo plano exigiría, entre otros aspectos, un tratamiento sistemático del lugar de las instituciones en el populismo y no solo el despliegue de un punto de vista que tiende a diferenciar ambas lógicas. Para Laclau (2009), no obstante, una de las propiedades insignes del populismo es su talante profundamente “anti-institucional”. Dicho en palabras de Gerardo Aboy Carlés (2010), en el marco conceptual de Laclau “(…) si el populismo se define como una dicotomización polarizada de la sociedad sin más, la institucionalización solo corresponderá al momento de su eclipse, será, en palabras citadas por el propio autor, su momento ‘stalinista’” (p. 32).

El sedante institucionalista. Quizás sea La razón populista la única obra en que Laclau vuelca un desarrollo sustantivo sobre el vínculo del populismo con las instituciones a partir de lo que denomina totalización populista y totalización institucional como modos de construcción política. En dicha elaboración, el populismo opera con una lógica propia basada en el ejercicio de volver equivalentes una heterogeneidad de demandas no procesadas por la institucionalidad vigente, a partir de reconocerse en el elemento que aquellas tienen en común. Dicho reconocimiento, como se ha visto, se instituye a partir de la frontera antagónica en la que algún elemento logra erigirse como representante legítimo y general de esas demandas. Aunque en términos teóricos cualquier elemento puede operar como significante de la universalización, Laclau acude a la figura del líder como elemento que ejerce dicha función. Ahí reside la posibilidad de construcción de un pueblo y, por tanto, del populismo.

En la otra orilla, no obstante, emerge el problema de la ausencia de “exceso”, es decir, cuando todo reclamo es diferencialmente tramitado por las instituciones existentes, cuando cada demanda logra ser procesada por un poder institucionalizado. En esta lógica, de corte institucionalista, las demandas particulares son tratadas como si gozaran del mismo estatus y autonomía entre sí y por esta razón son incorporadas a la totalidad social como “diferencialidad pura”, de modo sectorializado: “pueden ser absorbidas por el sistema de un modo transformista (para utilizar el término gramsciano)” (Laclau, 2005, p. 109). En la medida que las reivindicaciones logran ser tramitadas sin activar antagonismos, a través de la negociación con el sistema dominante, la gramática institucionalista imposibilita la construcción de una totalidad global —“el pueblo como actor histórico”— y apacigua la centralidad del conflicto. La inconmensurabilidad entre la razón populista y la lógica institucionalista no puede ser mayor. Se entiende entonces que el eventual paso de la confrontación antagónica a la negociación pluralista-particularizada suponga el adormecimiento de la lógica populista en las aguas mansas de una institucionalidad que reduce la praxis política a una mera gestión “racional-legal” de las cosas.4

La querella laclausiana. La escasa atención de Laclau respecto a las relaciones entre populismo e instituciones no pasó sin controversias entre sus apologetas y críticos. Más allá de cuestionar la ineficacia analítica de una tesis dicotómica de lo político a la hora de comprender los procesos populistas realmente existentes o de impugnar el carácter antiinstitucional que se les asigna a priori (Melo, 2010), la disputa gira quizás en torno a la fijación del lugar y de la orientación de las relaciones entre ruptura y refundación al interior del fenómeno populista.

Admitir la dualidad del populismo, fijada entre el imperativo de reactivar las fronteras divisorias de lo social y la tendencia a la (re)integración precaria de la comunidad política, no deja mayores indicaciones sobre el tipo de imbricaciones que se tejen en su torno. El llamado de atención de Laclau sobre la esterilización institucional del populismo pone por delante la imagen de un peligroso tránsito entre uno y otro momento —lo que alienta a la vez cierta idea de continuidad— mientras parece cerrar el debate de forma abrupta. A partir de allí, sin embargo, la querella ha ido amplificándose.

Una primera clave de lectura alterna suscribe la tesis del populismo como un andamiaje cimentado en la tensa combinación de inclinaciones rupturistas y predisposiciones a la reunificación del espacio político. El populismo asume entonces un signo nítidamente contradictorio que se plasma en una turbulenta imbricación entre ruptura del orden y voluntad de representar al conjunto del pueblo: “ambas tendencias deben coexistir en tensión para hablar de populismo, sin que una logre imponerse sobre la otra” (Aboy, 2010, p. 28). En esta crítica —interna— a Laclau, Aboy no concibe ya al populismo como un momento previo a la institucionalidad sino como la constante negociación de la representación del todo y las partes que por momentos excluye y por otros incluye la alteridad resultante de la frontera antagónica.

Dos implicaciones surgen de esta lectura: a) la posibilidad de la coexistencia entre rupturismo político y agenciamiento institucional en un mismo proceso; b) la necesidad de observar las modulaciones del “péndulo populista” a partir de procesos políticos concretos pues no cabe establecer un patrón general sobre la tensión asociada al lugar de las instituciones en cada experiencia populista. No es posible pronunciarse a priori sobre el tipo de vínculo que se entreteje entre ambas lógicas.

Dicha tensa coexistencia ha sido cuestionada a partir de diversas críticas a Laclau. Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ipola (1981) reconocieron la potencia de la ruptura populista para forjar la creación de las masas populares en sujeto-pueblo, pero observaron, a la vez, que dicho movimiento no supone la impugnación del “principio general de dominación” sino, al contrario, la necesaria subordinación popular a una instancia central corporizada en el Estado. En el mismo acto en que el pueblo es investido de existencia política se afirma la congénita tendencia proestatal de toda experiencia populista: el pueblo como sujeto del Estado.

En similar clave de interpretación, Miguel Vatter (2012) presenta la teoría de la hegemonía de Laclau —que en algún sentido es también su teoría del populismo (Arditi, 2010)— como la descripción de la permanente lucha por la que el poder constituido —el sistema político, las instituciones— procura determinar para sí mismo un poder constituyente —el pueblo soberano— en capacidad de brindarle una base para su contingente fundación. La creación del pueblo adquiere sentido político a través de su función legitimadora de la instauración estatal. El primado del antagonismo es ilusorio. Lo nacional-estatal termina por imponerse y por dar forma al proyecto populista. Nada de ello es accidental. Se trata de una suerte de ley de hierro del populismo.

Retomando de algún modo el sentido de esta crítica, una tercera interpretación lee el legado de La razón populista en torno a su preocupación por asegurar la permanencia del populismo luego de su irrupción: la continuidad populista exige cierta cristalización institucional y no depende apenas de operaciones verbales o de la reactivación constante de la polarización. Dicha materialización, sin embargo, no puede colocar límites a la práctica política en que se forja el pueblo ni direccionar la dinámica de la lucha. La institucionalidad —estatal y no— toma la forma de un punto de apoyo —nunca constituye un fin en sí mismo— fundamental para la diseminación del populismo como lógica de afirmación política de los que “no tienen parte”. En este registro, entonces, la aversión laclauniana a las instituciones hace referencia más al carácter restrictivo de la política burocratizada y “administrativizante” que a su faceta de condensación de sentidos políticos.

Como experiencia efectiva, estrategia y proyecto histórico el populismo no reniega de expresarse de modo institucional sino que asume aquello como producto de la dimensión polémica de lo político. Se sigue, pues, que la sustentabilidad del populismo en el tiempo no puede eludir la cuestión de la producción e innovación de las instituciones contra las cuales afirmó su irrupción antagónica. Emerge aquí la figura de lo “institucional-populista” de las instituciones del pueblo como indisociable del antagonismo que activa y de su voluntad hegemónica. La práctica de la articulación de demandas se irriga en el cuerpo social por medio del discurso y la materialidad de un conjunto de instituciones —sobre todo aquellas provenientes del entramado de la organización popular— de diverso orden: “en este sentido, en el populismo lo institucional adquiere un cariz más complejo que en las construcciones políticas que no privilegian los antagonismos” (Pereyra, 2012, p. 17).

Las tres lecturas iluminan una querella teórica que dista mucho de estar cerrada. La populismología (pos)laclausiana parece, en todo caso, consciente del malestar de “su” teoría con las instituciones políticas y esboza la necesidad de establecer un punto de vista que, más allá de las antinomias, dé cuenta del carácter de la vinculación entre antagonismo-hegemonía e instituciones. Para el efecto se sugiere calibrar una aproximación a partir del campo procesual —péndulo, combinación, contradicción—, observar al populismo en su faz de recomposición política e interrogar, sin determinismos, las consecuencias de dicha dimensión en la conflictiva dinámica del cambio político.

Conclusiones. Quebrar el impasse

La cualidad de lo cómodo es atribuida a cualquier objeto necesario para vivir a gusto. Visitar las instituciones no parece procurar esa experiencia a la boyante “populismología” contemporánea. Esta, tan expansiva en relación a los nexos de su objeto de estudio con las estrategias, los liderazgos, los discursos, las identidades, entre otros, tiende a detenerse cuando bordea las fronteras de la institucionalidad. No se trata de un no-lugar o de un modo de invisibilizar una problemática. Dicha incomodidad se expresa más bien en la forma de una indiferencia analítica que redunda en cierta subteorización del asunto. Se podría tildar de injusto pedir a estos enfoques respuestas para cuestiones que no se propusieron. Pero cuando estos análisis arriban a conclusiones vinculadas a los compromisos de los populismos con las instituciones, las cualidades de este nexo y sus efectos sobre la expansión democrática, la pregunta por cómo se configura y opera la institucionalidad en entornos populistas luce inevitable.

En los dos enfoques examinados dicha subteorización está conectada con los supuestos de base con que abordan la cuestión. Desde la mirada liberal se asume el carácter personalista, in-mediato y des-intermediado de la política populista. Así, cualquier abordaje de sus vínculos con el entramado institucional luce como un problema de segundo orden, salvo en lo que concierne a sus efectos —siempre devastadores— sobre las reglas de juego de la democracia liberal. En la comprensión laclausiana, mientras tanto, la articulación populista tiene lugar y adquiere su significado más democrático en el espacio de “lo social” y en el tiempo del conflicto. Las instituciones, en su forma de representación política o administración de las cosas, prefiguran una atrofia de la productividad de los antagonismos o su puro bloqueo. No cabe pues ocuparse de ellas sino en su momento de descomposición y crisis, aquel que propicia las condiciones para la ruptura populista. Más allá del universo de las normas, sin embargo, el debate sobre la relación del populismo con el entramado institucional abre un sinnúmero de problemáticas que, en su particularidad, contribuyen a dibujar un dispositivo analítico más estable para encarar este espinoso terreno. Así, un esquema para abordar dicho terreno podría desplegar un uso descriptivo-analítico de la noción de populismo —lo que pone en segundo plano sus usos normativos para celebrar o descalificar procesos políticos— y comprenderlo como un proceso relacional que puede gestar distintas formas de institucionalidad.

Una primera problemática remite a las específicas relaciones entre populismo e instituciones democráticas. Si el abordaje de este asunto desde un punto de vista liberal parece insuficiente, cualquier mirada que menoscabe de partida la centralidad de su crítica también luce insatisfactoria. Salir de este impasse implicaría dos movimientos: articular el análisis de los nexos del populismo y los procedimientos de la poliarquía (Aibar, 2007) con la indagación sobre los trazos de innovación democrática posliberal —arreglos participativos, democracia comunitaria, representación colectiva, entre otros— que acompañan a los procesos populistas contemporáneos, y evaluar dicha articulación a partir de las diversas lógicas y tradiciones —republicanismo, movimientismo-autonomismo, corporativismo— que forjan la experiencia democrática moderna y que pueden atravesar de modo virtuoso —o no— la propia lógica populista de construcción del demos (Panizza, 2008; Retamozo y Muñoz, 2013). En el cruce de ambos elementos queda situada la paradoja democrática del populismo, tanto en su específica capacidad de producción y reforma institucional como en la valoración de su potencial (des)democratizador. Esta arista del debate obliga, a la vez, a reconocer que ni en el plano analítico, ni en el plano descriptivo es posible capturar la naturaleza de un régimen político solo a través de las teorías del populismo desprovistas de diversas referencias normativas y de otras teorías de alcance medio -teorías de la democracia, del Estado y de los movimientos sociales-.

Una segunda cuestión alude a la indagación acerca del potencial transformador de los procesos institucionales y su lugar en las dinámicas de cambio social. Cierta perspectiva liberal puede reconocer la construcción por parte de los populismos de un tipo de institucionalidad —una “sucia, no pluralista, desprolija” para hablar en términos de Pierre Ostiguy (2015)— en la que domina lo plebeyo y se es gobierno, pero al mismo tiempo oposición. Los populismos en-tanto-gobierno, prosigue dicha perspectiva, crean “desde arriba” las propias demandas que luego serán tramitadas por ellos mismos de modo antagónico y “radicalmente” inclusivo. Aquello, sin embargo, puede vincularse más a estrategias de poder que a sustantivos procesos de cambio. De otra parte, denigrar el estudio de los procesos institucionales es negar, en alguna medida, el carácter contencioso de los procesos políticos. Como si la disputa en y por las instituciones no conllevara dinámicas conflictivas y, de modo inverso, como si las instituciones no fueran un vector clave para procesar cambios radicales que, a su vez, producen una conflictividad atada a la disputa por dicho cambio. ¿Acaso no es la dimensión antagónica la piedra angular de los estudios y reflexiones posmarxistas?, ¿qué otro objeto si no el Estado constituye el constructo más atravesado por antagonismos y luchas capaces de vigorizar la acción política?

Finalmente, la perspectiva laclausiana enfatiza que entre la ruptura populista y el entramado de los poderes constituidos se establece un relacionamiento puramente externo. La absolutización del antagonismo populista desde el campo de lo social descarga a la política de cualquier vínculo con el poder constituido más allá del horizonte, siempre reconfortante, de la productividad de los conflictos. Si aquello niega correctamente cualquier opción de plena recuperación de la dinámica de la conflictividad por los mecanismos del poder constituido, no contribuye a una cabal comprensión de las múltiples conexiones internas en las que se configuran históricamente ambas instancias. La misma dinámica de la resistencia y la persistencia del antagonismo no encuentran cabida sino al interior de la relación entre la esfera de la emancipación y aquella del poder (Vatter, 2012). Ello luce aún más crucial en la medida en que —como sugieren los trabajos sobre la dimensión reproductiva del Estado y las mediaciones institucionales— el espacio de los poderes constituidos también resiste y remodela las trayectorias del antagonismo. La resistencia recíproca entre ambas instancias evidencia la interioridad de su vínculo y su carácter permanentemente conflictivo. Se dibuja allí el espacio de lo político, no subsumido en lo social ni represado en los pliegues de lo instituido, en que se fraguan —condicionándose y resistiéndose— los sujetos y las formas políticas (Ramírez, 2015).

Al visualizar este conflictivo encuentro, saturado de específicos mecanismos, mediaciones e instituciones, se reinstituye la posibilidad de otorgar un estatus analítico equivalente, en el análisis del cambio político, a la faz antagónica del populismo y a la transformación del campo de la dominación en su expresión institucionalizada.

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[1] Este artículo recoge parte de la discusión teórica realizada sobre el Estado latinoamericano en los procesos políticos contemporáneos y se inscribe en el proyecto de investigación Campos de conflictividad política en el Ecuador de la Revolución Ciudadana (2007-2012), promovido desde el Fondo de Desarrollo Académico de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)-Ecuador.

[2] Ramírez Gallegos, Franklin y Stoessel, Soledad. (2018). El incómodo lugar de las instituciones en la “populismología” latinoamericana. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 52, pp. 106-127. http://doi.org/10.17533/udea.espo.n52a06

[3]Agradecemos a Martín Retamozo por las agudas observaciones realizadas a este trabajo.

[4]En boca de Cristina Fernández de Kirchner (2015, abril 12): «Yo creo en las palabras de los que dicen que quieren un mundo más justo… Pero entonces, ¿por qué se combate y se tilda de populistas precisamente a los gobiernos que en América Latina han sido los que mayores logros en equidad, en Derechos Humanos, en inclusión, en educación, en salud, han logrado?, ¿por qué?».

[5]Según el propio Velasco Ibarra relató, esta frase fue pronunciada por él en Colombia durante uno de sus exilios (

[6]En una entrevista posterior a La razón populista, Laclau sostiene que en la práctica el “momento populista” y el “momento institucionalista” pueden aparecer combinados de forma equilibrada, con lo cual se evita caer en el burocratismo —en el caso del populismo puro— y en la esclerosis del sistema —en el caso del momento institucionalista puro— (


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