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Las tramas sociales de la minoridad: infancias pobres y oficios “deshonestos” en la ciudad de Buenos Aires, fines del siglo XIX y principios del XX

María Marta Aversa

Introducción

El menor y el campo legal-judicial de la minoridad se fueron consolidando en la Argentina al compás de la evolución del entramado institucional del Estado desde fines del siglo XIX. En esos años fue elaborado y puesto en vigencia el Código Civil, que distinguía las circunstancias revocatorias de la pérdida de la patria potestad de algunos padres sobre sus hijos, marcando así una condición de minoridad cívica.

En 1919 el Congreso Nacional sancionaba y reglamentaba la ley 10.903 del Patronato Público de menores intentando marcar los límites y atribuciones de las autoridades oficiales sobre ciertas familias consideradas incapaces de sostener material y moralmente a sus hijos.

Este artículo propone identificar y analizar las distintas interpretaciones elaboradas en las rutinas administrativas por parte de los defensores de menores y de los directivos asilares en torno a condiciones y escenarios de trabajo de niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de precisar los significados otorgados a ciertas formas de ganarse la vida de los hijos de las familias humildes y trabajadoras, las cuales desde la óptica de los agentes públicos eran definidas como amenazas sociales o conductas inmorales, que implicaban la aplicación de la medida tutelar. Es de interés, particularmente, la configuración de dos imágenes: el empleo urbano autónomo, como expresión de desorden según las edades y el género de quienes lo desarrollaban; y el emergente perfil de incorregible y reincidente.

En ambas problemáticas la posibilidad de circular y transitar por diferentes ámbitos de trabajo, esquivando la autoridad de un patrón y la imposición de un horario, nos posibilita problematizar experiencias laborales de niños y jóvenes de ambos sexos que quedaron sujetos a la figura de la tutela de menores e inmersos en las redes asilares del Estado.

1. ¿Quiénes son los menores? Fronteras de la infancia

Desde finales del siglo XIX hasta la sanción y reglamentación definitiva de la ley 10.903 del Patronato Público en 1919, se encontraba en vigencia el Código Civil, el cual indicaba las distintas circunstancias en que podía ser revocado el derecho de los padres biológicos sobre sus hijos. Desde el punto de vista legal, las disposiciones consideraban menor a toda persona que no alcanzara los 22 años de edad e impúber al que no tuviese la edad de 14 años cumplidos. En relación a la patria potestad, el artículo 307 del Código Civil resolvía que los padres que exponían o abandonaban a sus hijos en la infancia perdían la patria potestad. Aún con dichas precisiones, los alcances del Patronato eran disputados al Estado por los padres biológicos y por los tutores en los ámbitos judiciales de la ciudad.1

Según la disposición del artículo 377, a aquellos niños y niñas considerados desprovistos de la protección paterna les correspondía el derecho a la tutela. El tutor era el representante legítimo del menor en todos los actos civiles. Debía otorgarle educación, alimento y cuidados de un padre, procurándole su establecimiento a la edad correspondiente, según la posición y fortuna del menor, sea destinándolo a la carrera de letras o colocándolo en una casa de comercio o haciéndole aprender un oficio.2 A su vez, la guarda de los niños que carecían de bienes o tutor correspondía al Defensor de menores de conformidad con el artículo 129, inciso 1º de la Ley Orgánica de los tribunales.3

En esta época, el Defensor de menores y la Sociedad de Beneficencia tenían la responsabilidad de custodiar e intervenir en los destinos de los sujetos puestos bajo el amparo tutelar del estado en la ciudad de Buenos Aires. Desde una perspectiva histórico-jurídica las funciones tutelares fueron identificadas con la tradición hispánica durante el período colonial. En las leyes de Indias se preveía que los virreyes (los cuales delegaron el cumplimiento de las funciones en los gobernadores, alcaldes y regidores del cabildo) debían informar de los huérfanos para hacerlos recoger y darles tutores que miraran por sus personas y sus bienes, distinguiendo las medidas a adoptar según fueran varones o mujeres. Pues los primeros, si tenían edad suficiente debían ser colocados en el aprendizaje de algún oficio o con amos para cultivar la tierra, de lo contrario eran entregados a los encomenderos de indios. Respecto a las mujeres, se disponía que fueran puestas en casas virtuosas, donde sirvieran y aprendieran buenas costumbres.4 Una vez iniciado el proceso de independencia, se marca como punto de nacimiento de la primera regulación específica de la figura y funciones del Defensor de menores las ordenanzas del Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Buenos Aires, dictadas en 1814 por el Director Supremo Posadas. En el marco de la formación de los nuevos estados rioplatenses, bajo la inspiración de Bernardino Rivadavia se determinaba la abolición de los cabildos por medio de una ley del 24 de diciembre de 1821. Desde entonces, la adjudicación de la potestad de los defensores de menores se generalizó en el país y comenzó a ser desenvuelta en asociación con la autoridad policial.5 En tanto, la Sociedad de Beneficencia, fundada en 1823, estuvo bajo la órbita del gobierno provincial y desde 1880 fue anexada al Estado nacional. Estaba compuesta por mujeres de la elite porteña, quienes administraron numerosas instituciones dedicadas a las diversas problemáticas de la pobreza.6

La tutela y Patronato público sobre la infancia “abandonada e incapaz” se encontraban reglamentados por un lado por la Ley Orgánica de la administración de la justicia de la Capital, nº 1893 fechada el 12 de noviembre de 1886, y por otro lado por el Reglamento creado por el Departamento de Justicia en diciembre de 1884. Por dicha ley desde 1886 el poder de “los defensores y asesores de menores e incapaces” fue reestructurado. Con esta reglamentación, la Capital Federal comenzó a tener dos defensorías encargadas de ejercer la guarda y protección de las personas “menores e incapaces en los casos previstos por las leyes”.7 Los requisitos para desenvolverse en el cargo eran ser ciudadano argentino, mayor de 50 años con las aptitudes necesarias para desempeñar sus funciones. El texto de la ley determinaba siete atribuciones principales para los encargados de sostener la administración de las dos defensorías, sección norte y sección sur. En los primeros artículos eran aclaradas las diferentes trayectorias tomadas por los menores en función de su posición económica. La obligación de cuidado y de colocación conveniente estaba reservada a los menores huérfanos o abandonados por los padres, tutores o encargados “de modo que sean educados o se les dé algún oficio o profesión que les proporcione medios de vivir”.8 En cambio, en caso de tener bienes se les proveía un tutor, quedando el defensor a cargo de la supervisión “de todas las medidas necesarias para su seguridad”. No se podría asegurar que los asilos estaban poblados exclusivamente por niños pobres, pero quizás sí afirmar que la muerte de los padres en familias acomodadas económicamente o con sólidas redes de solidaridad en la comunidad permitían la crianza de los pequeños sin necesidad de recurrir a la asistencia pública.

Además, las defensorías debían atender las quejas por malos tratos recibidos por los menores bajo su disposición, informando a los asesores letrados que decidían la elevación de la causa a los jueces correspondientes. Se imponían las penas de reclusión correccional con intervención judicial a aquellos que “observaban mala conducta” por el máximo de un mes. Bajo su responsabilidad también estaban: las inspecciones de los “establecimientos de beneficencia y caridad”; los arreglos extrajudiciales con los padres sobre prestación de alimentos a sus hijos naturales; y con los tutores o curadores los arreglos sobre las personas y derechos de los “incapaces”.9

En síntesis, la principal obligación del defensor era desempeñar todos los “actos que fuesen del caso para la protección de los menores, como lo haría un buen padre de familia”.10 Tal vez en la definición constante de su rol paternal sobre los menores la noción de tutela combinaba la formación y la protección necesaria para garantizar la plena integración al orden social y político. En este sentido, con el transcurso de los años, especialmente en el avance del siglo XX, el defensor se fue perfilando como un agente volcado a resolver las necesidades materiales y morales de estos niños y niñas a través de una red asilar, por él supervisada, capaz de encausarlos a través de las experiencias de trabajo promovidas por el circuito de colocaciones extendido desde tiempo atrás en la ciudad.11

Como se ha mencionado, la minoridad legal en la práctica refería a experiencias domésticas y colectivas de los sectores populares en su ardua lucha por resistir y mejorar sus condiciones de vida. Por esto, el Patronato y la intervención tutelar serán abordados como un campo en permanente composición y significación histórica, en el cual intervenían una multiplicidad de actores con orígenes e intereses distintos.

El rol de los defensores de menores en distintos contextos históricos ha sido un tema que motivó interesantes abordajes de los historiadores. En el período político independiente de las nuevas naciones rioplatenses, dicho agente y sus capacidades fueron asociados a un poder de agencia laboral, el cual sin muchos requisitos ni límites propiciaba la entrega de huérfanos y expósitos entre las familias porteñas.12 En tanto, investigaciones recientes han tratado de problematizar el rol de las defensorías de menores marcando rupturas en su accionar y en sus funciones, en conexión a las nuevas dinámicas sociales y a las instituciones y profesiones del emergente Estado nacional de fines del siglo XIX.13

Así, la protección de la infancia pobre y abandonada, como era mencionada en la época por un grupo de reformistas y profesionales, fue considerada como una misión civilizadora y humanitaria de los estados modernos frente al paisaje desolador de bandas de niños y muchachos vagando y mendigando por las grandes ciudades. La visibilidad de las paupérrimas condiciones de vida de las vecindades obreras y populares en las últimas décadas del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, despertó expresiones de alerta y preocupación sobre los nuevos problemas sociales de la ciudad, que referían a las tensiones desatadas por los ciclos económicos, por las situaciones de trabajo, por las experiencias de protesta, de sobrevivencia autónoma y de sociabilidad cotidiana desarrolladas entre los trabajadores y sus familias.14 Esa sensación de la posible pérdida de control sobre los sectores populares se explicaba, en parte, por el abrupto aumento poblacional de la ciudad, la cual entre 1869 y 1914 paso de 177,787 a 1,575,814 personas.15 En ese heterogéneo espacio urbano, en el cual se asentaron comunidades de orígenes, lenguas y tradiciones diversas, desde finales del siglo XIX aumentó significativamente la presencia de niños y niñas.16

Esos complejos escenarios sociales que, en parte, determinaron las agendas políticas de los gobiernos, han tenido un rol fundamental en la definición de políticas y leyes confeccionadas para ser ejecutadas por un plantel de viejos y nuevos agentes estatales. En esta perspectiva, se define el entramado o el anclaje social de los programas del Estado, que en sus distintos niveles de poder han tratado de lidiar e intervenir en las situaciones de pobreza y en las tensiones del mundo del trabajo.

La separación de los hijos de los pobres de sus hogares con el consecuente ingreso a la red asilar oficial organizaba el trabajo de los pequeños puertas adentro con los talleres, y en los alrededores con las colocaciones en casas particulares. Con el correr de los años, la internación generó un intenso debate en torno a los espacios modelos que debían ser construidos para garantizar un tratamiento de recuperación social centrada en prácticas de oficios y labores. Especialmente, se abrió el debate entre profesionales del derecho o de la medicina seguidores de las nociones de la criminología positivista. Las formas de trato y el tiempo de duración del asilo dependían de la evolución de los menores y de sus capacidades para vivir o convivir armoniosamente en la comunidad. La simple reclusión en espacios como cárceles o depósitos de detenidos de la policía no correspondía con los ideales científicos y racionales de recuperación de esa infancia abandonada moral y materialmente; promoviendo la realización de críticas y de denuncias.17

La reorganización de los espacios asilares o la modificación de los alcances del término menor formaban parte del fortalecimiento del campo de la minoridad, manifestado en nuevos roles profesionales e instituciones. La irrupción de intelectuales “especializados” y los reclamos de legislaciones específicas comenzaban a manifestarse en los primeros años del siglo XX. De hecho, en los últimos años, la historiografía argentina le ha dedicado mayor atención al segmento institucional de la minoridad, integrando en la historia social de las infancias el estudio de las legislaciones, de los agentes públicos y de las rutinas administrativas del estado destinadas a los menores.18

La composición cotidiana de la tutela, presentada en las comunicaciones entre agentes públicos o en las memorias anuales, posibilita contextualizar la lógica política y jurídica del Patronato de menores, y facilita su emplazamiento en las conflictivas tramas sociales, que dieron sentido y significación a las medidas y acciones implementadas. Los defensores, las inspectoras de turno, las autoridades de los asilos definían en sus trámites constantes los conceptos de abandono moral y material, argumentaban sobre los alcances y atributos del Patronato y también, a veces, cuestionaban las resoluciones tomadas por el gobierno. Cuando nos alejamos de los debates parlamentarios o académicos desarrollados en la época, se nos presenta un panorama sumamente interesante de aplicación y uso cotidiano de los recursos legales sobre sujetos o colectividades consideradas incapaces de valer por su bienestar. En la práctica rutinaria, esa operación ideológica —en ocasiones proclamada como científica, de clasificación de problemas sociales y de individuos problemáticos— no presenta una tipología definida y rígida.

Así, la condición de minoridad y la definición del alcance y significado de la tutela no fueron categorías invariables y limitadas a los textos legales y jurídicos, por el contrario se fueron afirmando y precisando en los enredos y episodios diarios de la administración de oficinas y ámbitos públicos, por donde transitaron numerosas personas con diferentes conflictos e intereses, atravesados por las problemáticas del trabajo. Como se ha observado en estudios recientes del Estado, estas trayectorias permiten componer el rostro humano de los funcionarios y de las instituciones, quienes conformaron la agencia estatal a partir de una multiplicidad de relaciones y luchas, que ponían en discusión técnicas, políticas, acciones y decisiones.19

En este clima, la noción de peligrosidad de las clases bajas —o mejor dicho— la categoría de clases peligrosas fue una fórmula fundamental para entender y lidiar con la diversidad laboral urbana. En estos términos, la pobreza se asociaba al vicio y a la ociosidad, sembrando un manto de sospecha sobre aquellos sujetos que no conseguían tener un buen pasar económico o un trabajo respetable y duradero. El surgimiento del idealismo liberal, centrado en la igualdad y en la libertad, justamente nos acerca a las propias construcciones simbólicas de los miembros de la elite, quienes a través de esas metáforas de la ciudadanía y el mercado lograban encaminar nuevas fronteras y límites que reorganizaron la sociedad a través de cotos y divisorias marcados por los comportamientos morales de las distintas poblaciones.

Este tipo de razonamiento era presentado como un dato de la realidad social urbana, y tornaba a cualquier individuo caído en la miseria en un posible maleante. Esta operación representaba, por una parte, una reconstrucción parcializada del ambiente de los trabajadores, pero por otro lado, resultó ser una estrategia de intervención, supuestamente, fundada en criterios técnicos o científicos.20 Por eso es sumamente relevante la recomposición de las rutinas administrativas que posibilitaban, según criterios variables, la producción de diferencias y jerarquías en una sociedad trastocada por el desarrollo de las relaciones de producción capitalista. Esa gestión desde el llano renueva las observaciones pioneras del poder del Estado de controlar a través de sus instituciones y cuerpos legales los conflictos sociales y las poblaciones consideradas conflictivas. Así también, descompone el proceso de debate y confección de la legislación social, cuestionando las capacidades de los funcionarios y profesionales de la época. Invitando a pensar esos encuentros entre la alta y baja política como relaciones maleables y ambiguas, definidas en el territorio por los actores envueltos en las contiendas y en las luchas del día a día.

Por eso, es interesante indagar los mecanismos de intervención sobre la pobreza y las problemáticas laborales como instantes precisos de actuación de los agentes públicos, en los cuales las abstracciones y sospechas generalizadas sobre determinados grupos se traducían en medidas de fiscalización y tutela sobre esas trayectorias de vida desviadas del sendero del orden y la moral pública.

En este sentido, la cuestión de la minoridad y el Patronato del Estado fueron discutidos y utilizados para operar sobre coyunturas imprecisas que disputaban al proyecto político en plena maduración. De tal manera, podrán ser observadas las percepciones e intermediaciones desplegadas por los defensores o los directores asilares sobre colectivos de personas consideradas menores o incapaces por contingencias o eventualidades propias del momento de incertidumbre política y económica.

2. El trabajo en las calles: un camino hacia la minoridad

Para las miradas de las elites, fuertemente impactadas por las contradicciones sociales producidas por la urbanización desordenada, las transformaciones económicas y la explosión demográfica de la ciudad de Buenos Aires, un fenómeno novedoso eran las acciones y actividades laborales desarrolladas por los sectores populares, especialmente niños y jóvenes en espacios abiertos, sin horarios fijos ni jornadas establecidas por un jefe.

El tema del acceso al trabajo asalariado en un momento de formación de un mercado de trabajo libre y unificado representó un contexto plagado de incertidumbres y fluctuaciones en distintos escenarios. Un camino fue el atravesado por sociedades esclavistas, como las de Estados Unidos y Brasil, en la transición del trabajo esclavo a la relación capitalista basada en el contrato salarial entre el empleador y el empleado; en tanto otro sendero era el que debían transitar las regiones con una importante tradición del trabajo forzado u otros tipos de coerciones extra económicas extendidas entre las poblaciones nativas y mestizas tanto en los centros urbanos como en las comunidades rurales.21 Más allá de las distintas tramas históricas y de los diferentes ambientes, la controversia central y reiterada eran los límites y reglamentaciones que colaborarían en establecer la frontera legal entre un trabajador honesto y un delincuente o potencial criminal en las cambiantes condiciones y experiencias posibles abiertas por la economía agroexportadora. Para muchos reformistas y políticos los problemas de imprevisión y desgracia económica de las clases bajas eran incompatibles con las nuevas posibilidades laborales extendidas por el mercado capitalista. En este clima de ideas, la mendicidad o las prácticas de trabajo libres y autónomas fueron consideradas como una clara repulsión y oposición a las reglas del proceso productivo.

Las contravenciones contra la vagancia o los oficios callejeros posibilitaron el establecimiento de sanciones y penas concretas sobre estrategias o recursos de sobrevivencia de las personas pobres, pero también debían permitir la recuperación y rehabilitación de los sujetos a través de la educación, pero específicamente con el uso del trabajo forzado o coercitivo.

Un actor importante en el desempeño cotidiano de la condición de minoridad era la fuerza policial. Desde 1868, por reglamento oficial, la policía mandaba a detener a todos aquellos menores que anduvieran en las calles, lugares públicos o prohibidos vagando o mendigando.22

La policía también ponía en práctica un conjunto de disposiciones municipales, tendientes a controlar el tránsito de los menores por la ciudad. Las reglamentaciones respondían a dos cuestiones centrales: por un lado condenar los actos de mendicidad y vagancia, y por el otro, sancionar penalmente el empleo de menores de edad en tareas riesgosas.23 Los agentes de la policía debían evitar la ejecución de actos obscenos de los menores en la vía pública procediendo a su detención y posteriormente dando aviso a sus padres o tutores.

Desde finales del siglo XIX, la corporación municipal sacaba un amplio número de ordenanzas tendientes a controlar la presencia de los niños pobres en la ciudad. La ordenanza del 25 de abril de 1892 condenaba a los menores que anduvieran vagando, prendiéndose de los tranvías o sirviéndose de hondas.

En su informe anual de 1884 elevado al Ministro de Justicia, el Defensor de menores de la sección norte de la Capital expresaba su opinión frente a la presencia visible de pequeños involucrados en tareas ejecutadas en espacios abiertos ajenos a las reglas y a la formación que podían garantizar los talleres industriales:

Seres infelices que en tan temprana edad carecen hasta del buen ejemplo que pudiera guiar sus pasos más tarde, debido quizás a la baja condición social a que pertenecen y de que no puede hacérseles responsables!

Sucede con frecuencia que tales padres, cuando el menor apenas cuenta nueve o diez años, sin distinción de sexo, lo largan a la calle, ocupándolo ya sea en la venta de diarios, billetes de lotería, y muchas veces, haciéndole implorar la caridad pública, como uno de tantos medios con que procuran llenar las exigencias de las primeras necesidades de la vida.24

Para los defensores de menores, la temprana incorporación de los chicos en las actividades callejeras era considerada un contacto con el mundo de la delincuencia y la criminalidad. En el caso de los varones, ya sea la venta ambulante, la mensajería o el pedido de limosna. Con las niñas se reforzaba una condena moral sobre sus acciones debido a la asociación directa con la explotación y el comercio sexual.

Muchas de las variadas tareas lucrativas que podían desarrollar en las calles y barrios hombres, mujeres, ancianos y niños eran consideradas faltas o contravenciones al orden público. Así, un problema suscitado por estos tipos de reglamentaciones era la imposibilidad de delimitar rigurosamente las fronteras entre el trabajo y la vagancia, terminando por poner en relieve las indefiniciones expresadas en las propias experiencias sociales. Para gran parte de las personas comunes muchas de las acciones consideradas infracción formaban parte de su cotidiano: no tenían una casa propia y debían desplazarse por inquilinatos y pensiones, no conseguían un empleo estable y debían dedicarse a ocupaciones ocasionales y no muy bien pagas. O bien algunos pensaban encontrar en las actividades autónomas o por cuenta propia una fuente de ahorro y acumulación, que les propiciara un ascenso social y prosperidad económica.

Las condiciones de vida y crianza inscriptas en el hogar, así como las prácticas de sociabilidad y solidaridad barrial desarrolladas en las calles y en los espacios públicos por los niños y jóvenes provenientes de las clases trabajadoras y bajas fueron entendidas por actores insertos en las instituciones públicas, como las causas sociales del delito y el crimen. Desde esta óptica, los padres obreros dejaban gran parte del día a sus hijos solos, o aún peor enviaban a los más pequeños a buscar dinero fuera de la casa. En estos diagnósticos la incapacidad o minoridad residía en los comportamientos y en el entorno social cotidiano de las barriadas populares de la ciudad.

El 28 de febrero de 1887, el Defensor de menores de la sección norte, Ramón de O. Cezar, afirmaba que:

En el corto período que llevo al frente de esta repartición, he podido convencerme que la mayor parte de las faltas cometidas por los menores que han sido sometidos a mi guarda, provienen de la ignorancia en que viven, sin encontrar una mano amiga que les indique la senda del bien. Así es que en todo contrato que se celebra al colocar un menor, establezco como requisito indispensable el que se les dé educación.25

En este sentido, para los defensores de menores el Patronato debía coordinar el control con la protección; tratando, de esa manera, de contener dos lamentables situaciones entre la población tutelada: la ignorancia y la explotación, lo que los convertía en víctima y potencial victimario.

Desde fines del siglo XIX, el personal administrativo alertaba sobre la cantidad de menores tutelados, quienes teniendo hogar y familia se encontraban alojados en los escasos espacios oficiales, sea por decisión de sus padres, por la detención de la policía o por la intervención de ciertas autoridades públicas.26 A medida que avanzaban los cambios sociales y económicos, los contextos de minoridad también transitaban por novedosas situaciones poniendo en discusión los alcances de la medida tutelar, para aquellos menores que trastocaban la definición básica de expósito y huérfano por carecer de ambos padres. En este sentido, entre los distintos agentes públicos se generaban disputas en torno a las variadas problemáticas (abandonados, delincuentes, vagos) y las existentes instituciones del Estado.27

El 24 de marzo de 1892 un nuevo informe anual de la Defensoría de la sección norte, a cargo de Ramón O. de Cezar, dirigía su crítica a las situaciones originadas por la pobreza material de ciertas familias:

Los niños de las escuelas tienen para su educación grandes y suntuosos edificios, maestros útiles y cuanto puede exigir su enseñanza; entre tanto los menores, niños como ellos, pero pobres, huérfanos o abandonados, no tienen hogar porque sus padres han desaparecido o no pueden acapararlos, andan vagando por las calles sin ocupación ni medios de procurarse el alimento y refugiándose durante la noche donde pueden, pero jamás donde encuentren lo que la moral y la sociedad requieren.28

El desempeño de la ley de Educación Común de 1884 postulaba las pautas básicas para la creación de un sistema de educación primaria público, gratuito, laico y obligatorio, que en principio interpeló y abarco a todos los niños de seis a catorce años de edad. Esa infancia fue asumida por las elites como un grupo vital para el proyecto de consolidación de una nación civilizada, pujante y moderna.29 Sin embargo, al poco tiempo de establecida la ley numerosos funcionarios comenzaron a legitimar la creación de espacios diferenciados para los hijos de familias pobres que no podían adaptarse al nuevo universo escolar en calidad de alumnos. La historiadora María Carolina Zapiola ha señalado que las primeras propuestas legislativas instaron a encarar de un modo diferenciado la educación de los niños y jóvenes caracterizados como huérfanos, abandonados, vagos, viciosos, delincuentes y pobres. Esto sucedía mientras se desarrollaba en Buenos Aires el Primer Congreso Pedagógico Americano y en forma paralela a la discusión parlamentaria que desembocó en la sanción de la ley 1420.30 Esta temprana escisión de las trayectorias educativas entre niños y menores no sólo manifestaba las contradicciones del sistema de instrucción pública, sino que volvía a demostrar la centralidad del trabajo en la formación de los hijos de los pobres, ya que gran parte de las propuestas presentadas y demandadas para ellos se concentraron en la creación de escuelas de artes y oficios o de talleres industriales.31

El 18 de marzo de 1888, Pedro Roberts (defensor de menores de la sección sur), en su informe anual exigía la construcción de una Escuela correccional y de oficio para esta clase de menores: debido a que los pabellones destinados en la penitenciaria se hallaban en estrecha conexión con los lugares destinados a contener los presidarios. Además, “el sitio donde los menores eran alojados” se hallaba delimitado por “la propia muralla que circulaba aquel tétrico edificio”.32El encierro no estaba dentro de las proyecciones de estos actores, el alejamiento de sus familias y la internación no implicaban la reducción de estos pequeños a un estado de detención o aislamiento. Por el contrario, el tratamiento tutelar brindado por el estado demandaba la circulación de estos menores por diferentes destinos laborales. Pedro Roberts consideraba “ignominiosa la detención de estas criaturas en semejante paraje”.33 Por eso no escatimó críticas ni mucho menos exigencias para la construcción de una Escuela Correccional para menores de ambos sexos; en donde podrían establecerse “talleres provistos de todo lo necesario para que puedan servir a sus destinos (…) Las niñas podrían dedicarse a las obras y artefactos compatibles con el decoro y las fuerzas de su sexo. El varón podría ensayarse en el aprendizaje de otros oficios como zapatero, sastre, curtidor, carpintero, herrero, etc”.34

La condena moral de los miembros de las clases acomodadas a la participación en puestos o tareas callejeras nos enfrenta a múltiples sentidos y valorizaciones en torno al trabajo. Se observa una demarcación que separa y enfrenta a las labores reconocidas y respaldadas en la dinámica productiva de la comunidad. Por un lado, los empleos industriales, en comercios, talleres y en faenas agrícolas ganaderas formaban parte de las ramas de trabajo integradas al mercado capitalista, las cuales, además, se encontraban disgregadas en los censos nacionales y las estadísticas específicas. En estas áreas de la economía la presencia de menores de edad podía generar el pedido de una reglamentación que garantizara las condiciones de trabajo y la permanencia del niño en la escuela, pero de ninguna manera despertaba una condena moral, ni tampoco posturas abolicionistas (reprobando cualquier relación del niño con el trabajo). Además, la utilidad del trabajo de niños y jóvenes se medía en función del lugar donde era ejercido y del tipo de supervisión adulta que recibía.

Por otro lado, las experiencias de trabajo desarrolladas al margen de las fábricas, de las estancias o de otros ámbitos productivos fueron rechazadas y en ocasiones castigadas con multas o reclusión. En cambio, el tránsito de los menores por los diferentes destinos laborales en dependencias públicas o en casas particulares fue comprendido como parte vital del proceso de tutela y Patronato. Es decir que, cuando ocurría bajo la guarda y protección estatal, el trabajo dejaba de ser una amenaza y se convertía en una fuente de moral y ética ciudadana.

Los trabajadores infantiles formaban parte de la vida productiva de la sociedad, eran actores sociales definidos por su función económica, tal como los ha caracterizado la historiadora mexicana Susana Sosenski. Pero su desempeño laboral es concebido desde una óptica colectiva moral, que según los contextos históricos define y valoriza las fronteras entre el trabajo honrado y el inmoral o deshonesto.35

Desde 1905, en los establecimientos oficiales se fue incorporando el uso de fichas y estudios médicos-legales que permitían construir el perfil biológico y socio-ambiental de los asilados. Justamente el entorno social refería, en la mayoría de los casos, a datos sobre las ocupaciones previas de los tutelados y en ocasiones a las de sus familias. Estas estadísticas trataban de mostrar con el peso de los datos la conexión entre ciertas tareas lucrativas posibles de desarrollar en las calles con el mundo de malhechores y bandidos urbanos. Pero, en contraste, los informes de las defensorías conteniendo los listados de los encausados entre 12 a 19 años presentan, como se ve en el cuadro, un heterogéneo y amplio universo de oficios practicados.

En 1916, el defensor clasificaba los 167 menores según los empleos ejercidos en la calle o fuera de los establecimientos correccionales.

La Tabla 1 permite observar que de 167 casos sólo 34 habían desarrollado un oficio callejero (vendedores de diarios y vendedores ambulantes). Los demás jóvenes realizaban diferentes tipos de trabajo, muchos de los cuales necesitaban de conocimientos técnicos o bien de habilidades previas. Entonces, más allá de las figuras delictivas asociadas a los comportamientos de estos menores, gran parte de ellos pudieron demostrar cierto grado de pericia y destreza para desempeñar tareas industriales, comerciales o agrícolas-ganaderas.

En la práctica cotidiana de las normas, contravenciones o leyes justamente se pueden rastrear los encuentros y tensiones desatados entre los planes y los recursos de los funcionarios y los empleados públicos, con el universo denso y complejo de las relaciones sociales entre sujetos de diversos orígenes en una comunidad urbana. Entonces más allá de las definiciones o tipologías enunciadas en esos tipos de textos, el gran dilema se presentaba a la hora de recortar y encasillar dichas categorías en trayectorias y experiencias de vida de los sectores trabajadores. En este contexto, situaciones de inestabilidad económica, de búsqueda permanente de algún empleo ocasional, el cambio continuo de lugar de trabajo, la movilidad ocupacional y geográfica, y la alternancia entre ciclos de empleo y de desocupación resultaban ser razones suficientes y justificadas para la aplicación de la medida tutelar por minoridad o incapacidad.

3. El surgimiento del menor delincuente y reincidente

Como se ha tratado de mostrar, desde fines del siglo XIX, la construcción social de la figura del menor procedente de los hogares trabajadores era indefectiblemente acoplada a la delincuencia infantil y juvenil. De este modo, se comprendían como problemáticas interrelacionadas las diversas manifestaciones y tensiones del mundo obrero: en el terreno productivo, en el escenario político, en su barriada y también en la intimidad de la vida familiar.

Los desarrollos científicos de profesionales atravesados por el positivismo, la criminología y —en menor medida— la pedagogía trataban de ser empleados e incorporados a las lógicas y prácticas institucionales. El objeto de estas aplicaciones teóricas a prácticas institucionales era poder cumplir la misión de defender a la sociedad de los individuos real o potencialmente peligrosos. Para ello, se los debía separar, observar y tratar siempre que fuera posible; con lo cual era sumamente relevante el conocimiento de las particularidades del menor y la definición terapéutica que mejor se ajustaba a sus necesidades.

En este clima de ideas se fomentaba la separación o diferenciación de las diversas minoridades en términos de su composición social y biológica. En las estadísticas anuales de las defensorías se consignaban los datos de edad, género, ocupación, raza; y a partir del siglo XX aparecían datos físicos: altura, composición corporal y medidas del cráneo36. A partir de la década de 1890 se proyectó la creación de nuevas instituciones correccionales, y en paralelo, la designación de nuevos puestos para los grupos de profesionales.

La diferenciación de las trayectorias de minoridad dio lugar a diagnósticos interesantes en los debates y en las teorizaciones de juristas y especialistas en la problemática. Sin embargo, en las prácticas asistenciales la aplicación del Patronato se complicaba por la realidad económica de la infraestructura institucional, pero también por los variados registros que circulaban sobre lo que debería hacer un “tratamiento moralizador” y restablecedor de “valores y conductas cívicas”.

En los primeros años del siglo XX se ejecutaron algunas obras importantes por parte del gobierno nacional, que intentaban colmar las expectativas de grupos de profesionales que bregaban por nuevas instituciones y cargos administrativos, disputando de esta manera espacios de poder tradicionalmente otorgados a las mujeres de la Sociedad de Beneficencia. Estos cambios despertaron tensiones entre los actores (Sociedad de Beneficencia, defensores, directores de los nuevos asilos) en torno a las múltiples concepciones de la medida tutelar, y serias pujas por los escasos recursos económicos que desde el Estado se disponían.

Los establecimientos dirigidos por personal formado en algunas de las profesiones que consolidaron el área de la minoridad (como abogados, médicos, criminólogos) reclamaban la puesta en práctica de servicios médico-legales, donde se llevara adelante los estudios y observaciones de los detenidos y asilados: “De aquí la necesidad de llevar anotaciones, de efectuar exámenes periódicos relativos a cada menor, pues, a través de estos estudios biográficos, diré, y minuciosamente científicos, es que se podrá seguir paso a paso las transformaciones físicas, éticas e intelectuales del asilado”.37

En 1905, el defensor recalcaba el origen y condición social de la mayor parte de las personas que desfilaban y comparecían por las oficinas:

Son gente del pueblo que por lo regular, además de su escasa o ninguna instrucción para hacer sus peticiones, carecen de medios para afrontar una situación que les demande gastos y una pérdida de tiempo, para ellos necesario, para ir a su trabajo y ganar el jornal con el que sostienen a sus familias (…)

Bien pues, señor Ministro, los interesados ven desvanecidas sus esperanzas en los que ellos creían obtener con toda facilidad de la Defensoría y como una consecuencia abandonan a sus hijos a su propia suerte, que ande por la calle vagando, haciendo el capricho de la inexperiencia de su propia edad, con lo que se habrá fomentado a que más tarde se convierta en un temible delincuente para la sociedad y un desgraciado más que va a ocupar la celda de un presidio.38

A partir del avance del segmento institucional de la minoridad, el nombramiento de profesionales idóneos y la creación de secciones científicas comenzaron a aparecer en los diagnósticos las crónicas de vida de sujetos reales que ingresaban habitualmente a algún establecimiento correccional o comisarías. José L. Duffy, jurista reconocido en el área que se desempeñó como director del Reformatorio de menores (luego convertido en la Prisión Nacional) y director de la cárcel de Encausados, fundamentó un proyecto para regular y limitar las salidas y egresos de los internos en las conductas y hábitos de ciertos jóvenes reincidentes.

La historia de Ramón Iturrieta, quien con 13 años de edad había sido procesado diez veces por hurto desde el año 1901:

Todavía no ha sido hecha la historia de este menor; pero según informes de un antiguo empleado del establecimiento, el primer delito lo cometió inducido por la querida del padre y hace poco tiempo, no se le permitió que recibiese la visita de una tía, porque esta mujer, según las mismas referencias, también es instigadora de sus delitos. En vista de estos antecedentes, no es aventurado afirmar que si ese menor hubiese sido substraído oportunamente a la acción del medio en que actuaba, la sociedad no contaría con un profesional más.39

Los registros analizados revelan la consolidación de rutinas y prácticas burocráticas en la relación entre el menor y la autoridad tutelar. Luego, también evidencian un esfuerzo de constitución y acumulación de un saber específico, capaz de producir, al mismo tiempo, informaciones individualizadas (nombre, filiación, edad y color) y sujetas a agrupamientos clasificatorios. Las informaciones recogidas, bajo la forma de anotaciones absolutamente condensadas, revelan tanto “la preocupación de proporcionar del modo más regular posible datos básicos de identificación, como registrar idiosincrasias consideradas de algún modo explicativas del caso singular allí presentado”.40

En paralelo al proceso de observación de los tutelados y encausados se fueron configurando las nociones de reincidencia, en virtud de las características individuales y de los entornos sociales y familiares reconocidos en los estudios médicos-legales y en las observaciones desplegadas por los profesionales. En efecto, la idea de la reincidencia se fue gestando con la aplicación desde 1905 de las fichas médico-legales sobre los menores que ingresaban por diferentes canales en los nuevos asilos o en los pabellones de las tradicionales cárceles adaptadas para alojar a niños y jóvenes.

En septiembre 1905, José L. Duffy iniciaba en la clínica Médico-psicológica del Reformatorio de menores los estudios centrados en tres tópicos: la información social, el examen físico-psíquico y el nivel de instrucción. Hasta el año 1918 se comprendió el estudio de 625 menores de 10 a 18 años de edad. Las descripciones y las conclusiones desprendidas de sus características personales, familiares y sociales tuvieron un significativo impacto entre los profesionales, criminólogos o médicos, que utilizaban esas estadísticas para fundamentar sus posturas en artículos científicos o en escritos oficiales.41

Estos estudios médico-legales debían reemplazar los tradicionales prontuarios policiales donde los agentes formulaban sus sospechas y anotaciones. Con estas novedosas clasificaciones se esperaba construir una base empírica fundada en los nuevos saberes que permitiera reconocer las problemáticas sociales y familiares viabilizando, entonces, un tratamiento específico anclado en el trabajo y la educación. Luego de la sanción de la ley de Patronato Público (ley nº 10903) en 1919, las observaciones fueron reiniciadas en la Alcaldía de menores, dirigida en ese momento por el médico Carlos de Arenaza.

En las memorias del Ministerio de Justicia del año 1906, el especialista José L. Duffy presentaba los resultados aportados por los legajos e historiales de ciertos menores con reconocido prontuario. Entre ellos, Adolfo Carozzi ingresó al Reformatorio el 1º de mayo de 1906 procesado por el delito de hurto. Luego de exponer los antecedentes personales, familiares y de realizar los exámenes psíquicos, los médicos legistas determinaron que “dada su conducta psíquica y su recurrencia al delito, Adolfo estaba destinado a ser un frecuente poblador de las cárceles”. A su vez, según los informes de la Oficina de Estudios Médicos y Legales, su padre era presentado como un “alcohólico, degenerado mental, inhabilitado para dirigir a su hijo”, considerando necesario “que se declare la pérdida de la patria potestad y la internación de Adolfo Carozzi en una Colonia Penal”. Del ya nombrado Ramón Iturrieta (15 años) se notificaba su contexto familiar: su madre había muerto, su padre Pedro Iturrieta tenía 16 entradas a la policía, “de las cuales 12 eran por delitos contra la propiedad y 4 contra las personas”. En tanto, su tía Josefa Lastreto tenía un procesamiento por homicidio en 1903. Para los legistas, estos antecedentes indicaban la necesidad y el “interés social” de privar al padre de los derechos de la patria potestad.42

Las historias de vida de Ramón Iturrieta y de Adolfo Carozzi fueron utilizadas para mostrar un fenómeno nuevo surgido de la puesta en marcha de las clasificaciones científicas: la reincidencia y la aparición de familias conocidas por sus entradas y salidas de las instituciones oficiales. De esta manera, se concluía que estos chicos pasarían gran parte de sus días transitando por institutos y luego por prisiones, lo cual quedaba asociado con las acciones y actitudes de sus padres y familiares. En suma, estas historias de vida permitían que los médicos legistas realcen el peligro de ciertos medios sociales en la reproducción de conductas delictivas. En este marco, la reincidencia o la asidua permanencia y rotación de los internos era usada para fundamentar la urgencia de la confección y discusión una ley especial de minoridad, que definiera las atribuciones de las autoridades del estado sobre ámbitos de crianza popular.

Reflexiones

A través de los recorridos aquí propuestos se ha intentado hilvanar ciertas experiencias y formas de vida de los sectores populares de la ciudad de Buenos Aires con las lecturas y percepciones de los agentes públicos (defensores de menores, directores de establecimientos asilares), quienes en esa época ejecutaban las medidas administrativas destinadas a una porción singular de la infancia: los hijos de los pobres convertidos en menores tutelados. Desde su perspectiva, el trabajo autónomo o callejero que escapaba de horarios fijos y de relaciones dependientes era asociado a prácticas peligrosas que limitaban con la frontera del delito.

En tanto, para muchos niños, niñas y jóvenes pobres las calles podían proporcionar una fuente de recursos para colaborar en la supervivencia diaria de sus familias. Entonces muchos de ellos quedaron sujetos a ordenanzas o contravenciones que marcaron su ingreso a redes de asilos como menores. Para ellos dentro o fuera del ámbito asilar, el trabajo se convirtió en el fundamento de su conversión moral y de su sostén material en el futuro.

A partir de su condición de minoridad, estos chicos y chicas fueron incorporados a circuitos de colocaciones labores dirigidas por los defensores de menores y por los directivos de los establecimientos asilares. Estas experiencias de trabajo dentro y fuera de los asilos generaron diferentes respuestas y adaptaciones en los menores; algunos de ellos se escapaban, se quejaban o simplemente hacían mal sus obligaciones para ser devueltos o expulsados. Estas trayectorias que rompían con las expectativas de los agentes estatales comenzaron a ser identificadas con la reincidencia, y por ende con la imposibilidad de corregir esas conductas y hábitos de vida.

El trabajo en sus múltiples escenarios y sentidos nos permite reconstruir el entramado social de las políticas destinadas a la infancia y juventud pobre encorsetadas en los senderos institucionales de la minoridad. Así, los empleos y labores ejecutados en las calles al margen del control de patrones y del Estado fueron “justas” razones para aplicar la medida tutelar, y por tanto respaldar su entrada a las redes de colocación laboral supervisadas desde la esfera pública.


Fuentes

Impresas

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1. En los años transitados por esta investigación, la jurisprudencia indicó en algunos casos que no podía procederse a la reclusión de un menor que tiene padres, mientras en otras instancias la Cámara de Apelaciones de la Capital en lo Civil determinaba que una madre que no cuida a sus hijos y se prostituye se encuentra incapacitada de reclamar la tenencia. Ver Fallo de la Suprema Corte Nacional, tomo 83 en Patronato de la Infancia, Protección a la infancia: antecedentes para el estudio de una ley (Buenos Aires: Imprenta de Pablo E. Coni, 1908) 150.

2. Fallo de la Cámara de Apelaciones de la Capital en lo Civil, serie 5º, tomo 14. Artículos 411 y 412. Patronato de la Infancia 175.

3. Patronato de la Infancia 182.

4. Mirta Lenis de Vera, “Fuero de menores en el derecho colonial. Antecedentes históricos del Patronato”, Cuadernos de Familia 6.1,2 y 3 (1989): 48.

5. Salvador Luís Reta, “Patronato de menores. Condición, juzgamiento y reeducación de los menores delincuentes” en Jurisprudencia Argentina, tomo 52 (Buenos Aires: 1935) 13.

6. Se entiende a la Sociedad de Beneficencia como una agencia estatal fundamentada por la historiadora Valeria S. Pita, La casa de las locas. Una historia social del Hospital de mujeres dementes. Buenos Aires, 1852-1890 (Rosario: Prohistoria Ediciones, 2012) 240.

7. Patronato de la Infancia 184.

8. Patronato de la Infancia 184.

9. Patronato de la Infancia 184.

10. Patronato de la Infancia 185.

11. Carla Villalta en su tesis doctoral ha reconstruido los conflictos por la tutela entre los diferentes actores: los defensores, los directores de los asilos de la Sociedad de Beneficencia, los padres y los tutores. A través de una rigurosa investigación de documentos institucionales, expedientes judiciales, jurisprudencia e incluso de entrevistas a empleados del área de minoridad, la autora ha tratado de poner en manifiesto las tensiones y disputas sobre la tutela y la caracterización del abandono, las cuales posibilitaban el arraigo de prácticas de encierro y circulación de los hijos de los pobres, los “menores”. Ver Carla Villalta, Entregas y secuestros. El rol del Estado en la apropiación de niños (Buenos Aires: Editores del Puerto / CELS, 2012) 344.

12. Mark D. Szuchman, Order, Family and Community in Buenos Aires, 1810-1860 (Stanford: Stanford Universiy Press, 1988) 323.

13. Claudia Freidenraij, “Encierro, trabajo doméstico y maternidad. Los defensores de menores y la tutela de menores mujeres (Buenos Aires, principios del siglo XX)” (Ponencia en las III Jornadas de estudios sobre la infancia. Políticas públicas, saberes y vida cotidiana en Argentina y Latinoamérica (1880-2010), Universidad Nacional de General Sarmiento, 2012).

14. La cuestión de la pobreza y la precariedad por parte de los Estados como expresión de las tensiones del modelo económico y social manifestada a través de nociones y política de estigmatización ha sido abordado en sus diferentes libros por el sociólogo francés Robert Castel. Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado (Buenos Aires: Paidós, 1997) 396; Robert Castel, El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, estatuto del individuo (Buenos Aires: FCE, 2010) 344.

15. Leandro Losada, La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque (Buenos Aires: Siglo XXI, 2008) 46.

16. Según los censos nacionales, las personas de 0 a 20 años representaban en 1869 el 15.84 % sobre la población total de la ciudad de Buenos Aires, pero ya en la década de 1880 constituían el 41.88 %, en los 90 el 42.8 %, en el 1900 el 44.90% y la década de 1910 el 41.05%. Ver María Carolina Zapiola, “La invención del menor: representaciones, discursos y políticas públicas de menores en la ciudad de Buenos Aires, 1882-1921” (Tesis de maestría, Universidad Nacional de San Martín, 2007) 19.

17. La práctica de enviar menores a la Penitenciaría ha aparecido registrada en obras de la época y en las memorias del Ministerio de Justicia. Pero en el año 1892 esta situación motivó la creación de una Comisión Nacional de Cárceles integrada por Juan A. Argerich, Osvaldo M. Piñero y Arturo Reynal O’Connor que realizó un informe sobre los menores en la penitenciaría que fue presentado al gobierno nacional en los primeros días de septiembre de 1892, expresando no sólo la pésimas condiciones de alojamiento sino también la distancia de estas medidas con las nuevas estrategias moralizadoras de la pobreza y el delito. Ver Benjamín Dupont, Patronato y asistencia de la Infancia (Buenos Aires: E. Sarniguet y Cía., 1894) 29.

18. La crítica al Patronato y las prácticas de institucionalización generaron en la Argentina la implementación de un nuevo paradigma legal de protección integral de niños, niñas y adolescentes en el año 2005 (ley nº 26061). En este contexto se enmarca la nueva producción historiográfica que se plasma en la irrupción de eventos académicos, en las redes y grupos de estudios. Un ejemplo cabal de estos enfoques son las últimas compilaciones editadas en nuestro país: Isabella Cosse y otros, Infancias: políticas y saberes en Argentina y Brasil, siglos XIX y XX (Buenos Aires: Teseo, 2011) 426. Y Lucía Lionetti y Daniel Miguez, eds. Las infancias en Argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones (1890-1960) (Rosario: Prohistoria, 2010) 260.

19. Ernesto Bohoslavsky y Germán Soprano, eds. Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (desde 1880 hasta la actualidad) (Buenos Aires: Prometeo / UNGS, 2010) 470.

20. Sydney Chalhoub, “Classes pobres, classes perigosas”, Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial (Sao Paulo: Companhia das Letras, 1996) 250.

21. En torno a los procesos de abolición de la esclavitud, ver para el escenario norteamericano: Amy Dru Stanley, From Bondage to Contract. Wage Labor, Marriage and the Market in the Age of Slave Emancipation (Cambridge: Cambridge University Press, 1998) 294; para el proceso brasileño ver Walter Fraga Filho, Encruzilhadas de liberdade. Histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910) (Campinas: SP / UNICAMP, 2006) 365.

22. “Minoridad en la Argentina”, Proyecto: Chicos de la calle (Buenos Aires: PRONATASS, 1993) 250.

23. El artículo 2º de la Ordenanza Municipal de 1858 disponía que toda persona que se encontrara en las calles pidiendo limosna, sería conducida al Asilo de mendigos sí es pobre de solemnidad; en caso contrario se la considerará como vaga y explotadora de la caridad pública, y entregada como tal al juez correccional para que se le apliquen las penas que la ley determina. En la ordenanza del 4 de abril de 1872 se encontraba restringida la admisión de menores en las mesas de juego de billar. Patronato de la infancia 272.

24. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1884) 231.

25. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1887) 68.

26. El reglamento de la Policía de 1868 permitía detener a los menores que andaban solos por las calles. Desde 1880 distintas ordenanzas municipales condenaban la vagancia y la mendicidad con la detención y el traslado a instituciones públicas, además las disposiciones de los conventillos prohibían la permanencia de los niños durante el día en el patio colectivo.

27. Hasta bien entrados los años 1880, los principales establecimientos de la ciudad de Buenos Aires estaban bajo la dirección de la Sociedad de Beneficencia; el Asilo de Huérfanos, La Casa de Expósitos (con sus respectivos departamentos de varones y mujeres o el Asilo del Buen Pastor). También existían otras asociaciones vinculadas a la iglesia o laicas orientadas a la atención de los pobres, sobre todo mujeres, niños o ancianos. En el año 1892 fue creado el Patronato de la Infancia (vigente en la actualidad conocido por la sigla Padelai) el cual sostuvo espacios asilares y escuelas de artes y oficios.

28. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1892)159.

29. Zapiola 203. En torno al proceso de implementación del sistema educativo público ver Lucía Lionetti, La misión política de la escuela pública. Formar a los ciudadanos de la República (1870-1916) (Buenos Aires: Miño y Dávila, 2007) 350.

30. Zapiola 41.

31. Un análisis detallado de las primeras propuestas desde fines del siglo XIX lo realiza M. C. Zapiola en el apartado de su tesis: “Novedades institucionales: Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas de reforma”. Zapiola 41-52.

32. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1889) 79.

33. Memorias del Ministerio de Justicia 79.

34. Durante los años 90, el defensor de la sección sur continuó plasmando en sus memorias la sostenida demanda de crear una Escuela de Artes y Oficios. Memorias del Ministerio de Justicia 80.

35. La visibilidad del trabajo de niños y niñas en el escenario latinoamericano ha cobrado significancia en las investigaciones de Susana Sosenski y Jorge Rojas Flores. Susana Sosenski, Niños en acción. El trabajo infantil en la ciudad de México, 1920-1934 (México: El Colegio de México, 2010); Jorge Rojas Flores, Los niños cristaleros. Trabajo infantil de la industria. Chile 1880-1950 (Santiago de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1996).

36. Sobre el proceso de construcción de la minoridad desde los profesionales positivistas, ver María Carolina Zapiola, “Espacio urbano, delito y “minoridad: aproximaciones positivistas en el Buenos Aires de comienzos de siglo XX”, Revista Educación y Pedagogía 22. 57 (2010): 51-72. Para ver la evolución de dicha problemática a partir de las rutinas policiales, ver Adriana Viana, El mal que se adivina. Policía y minoridad en Río de Janeiro, 1910-1920 (Buenos Aires: AD-HOC, 2009) 198.

37. Informe firmado por el director Adolfo Vidal y por el secretario Benjamín García Torres, 27 de junio de 1904, Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1905) 554.

38. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1906) 270-271.

39. Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1905) 237.

40. Viana 113. En torno al proceso de identificación policial de poblaciones estigmatizadas desde fines del siglo XIX a partir de las nuevas técnicas de reconocimiento dactiloscópico y de averiguación de antecedentes en nuestro país, ver Mercedes García Ferrari, Ladrones conocidos, sospechosos reservados. Identificación policial en Buenos Aires, 1880-1906 (Buenos Aires: Prometeo, 2010) 212.

41. Los datos aportados fueron utilizados por Carlos de Arenaza (médico-legal) en su publicación sobre el flagelo del alcoholismo. Determina la existencia de 73 menores con hábitos de alcoholismo provenientes de familias signadas por el vicio y los excesos; de los cuales 22 eran vendedores de periódicos, 22 eran vagos, 18 sin profesión determinada, dos eran vendedores ambulantes y lustradores de calzado, otros dos mensajeros, cuatro dependientes de almacén o mozos, 11 sirvientes, jornaleros o aprendices. De Carlos Arenaza, “El alcoholismo entre los menores delincuentes”, Revista de criminología, psiquiatría y medicina legal VI (1919): 541.

42. “Protección a la infancia: necesidad de una ley especial”, Memorias del Ministerio de Justicia, Instrucción Pública y Culto (Buenos Aires, 1906) 237-238.

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