Palma en el Chocó


Palma en el Chocó: apropiación y despojo de tierras vs sostenibilidad

Korina Perdomo Peralta1

1 Profesional en Negocios Internacionales de la Universidad EAFIT. Especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia Este artículo fue presentado para optar por el título de especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Antioquia. Correo electrónico: korina.perdomo@gmail.com

Citación de este artículo: Perdomo Peralta, K. (2018). Palma en el Chocó: apropiación y despojo de tierras vs sostenibilidad. Diálogos de Derecho y Política, (21), pp. 46-62. Recuperado de http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/derypol/article/view/336600/20791962

Resumen

El presente artículo busca evaluar la sostenibilidad de los monocultivos de palma de aceite (o africana) en el país, y de manera especial, en la región del departamento del Chocó. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones propuestas por el concepto de sostenibilidad, en donde es imperativo el trato responsable del Ecosistema, el impacto positivo en la comunidad, abogando por la protección de los derechos humanos y, por último, la generación de beneficios económicos para el país o región productor (a). Se busca entonces, arrojar una mirada holística sobre el cultivo de la palma de aceite como modelo de desarrollo sostenible y de sustitución de cultivos ilícitos, y sus implicaciones en el territorio colombiano en el margen de un conflicto armado.

Palabras clave: Apropiación y despojo de la tierra; desarrollo; desplazamiento; monocultivos; palma de aceite; palma africana; sostenibilidad; departamento del Chocó.

Introducción

El fenómeno de la apropiación y despojo de la tierra, se conoce como el uso -muchas veces ilegal-, o la explotación de la tierra en manos de terratenientes, Estados, transnacionales, grupos armados, ejército nacional y campesinos, que buscan cultivar alimentos y biocombustibles para ofrecer a países interesados y con escasez de tierras. Este concepto exalta y clasifica los roles y la interacción de los involucrados, por un lado, se encuentran los países extractores y/o demandantes de la extracción nacional y por el otro se hallan los países ricos en tierras, interacción que involucra la relación norte vs sur.

La apropiación y despojo de la tierra ha sido perpetrada mediante el desplazamiento forzado, pues la necesidad sobre ésta por parte de los actores extractores, contribuye a que se adquieran terrenos a precios nada favorables para sus dueños legítimos, o con métodos violentos para propiciar el desalojo. Lo anterior es mera consecuencia de un andamiaje del sistema político neoliberal, modelo que, a través de las necesidades del mercado, propicia intercambios no equitativos entre las partes involucradas.

De la mano del fenómeno de apropiación y despojo, existen otros tipos de uso de la tierra, la potrerización, ganadería extensiva o la siembra de monocultivos como la palma de aceite, contribuyendo a la alta deforestación en el país, especialmente en departamentos como Caquetá, Chocó y Meta. Este proceso de monocultivo, genera un monopolio de apropiación del empleo y, por ende, al reducir la oferta de trabajo, conlleva a la disminución del cumplimiento de las condiciones mínimas de dignidad laboral, ya que, al convertirse en casi la única opción para ganar dinero y sustento en las áreas implicadas, se genera un abuso en horas de trabajo, riesgos laborales y trabajo infantil.

Así mismo, las implicaciones negativas en el Ecosistema se ven reflejadas en la deforestación para tener acceso a las tierras, y en la afectación de la fertilidad y balances Ecosistémicos de los suelos, pues alterando el uso del suelo en zonas de vida tropicales, como lo son el Caquetá y el Chocó, se pierde la biomasa producida por la biodiversidad de plantas, las cuales son destruidas para llevar a cabo las plantaciones ya mencionadas. Otra consecuencia de la apropiación y despojo de la tierra, es la expansión de la frontera agrícola –también a través de la deforestación–, fenómeno que atenta contra la diversidad selvática.

Otra de las problemáticas causadas por los monocultivos, tiene que ver con la generación de violencia alrededor de los mismos, pues muchas empresas dueñas de los predios buscan la protección de sus cultivos, contratando seguridad privada –muchas veces vinculadas al paramilitarismo o bacrim–, lo que puede desenlazar o culminar –de manera directa o indirecta– en desplazamientos forzados u otras modalidades de violencia.

Algunos actores involucrados en esta problemática –directa o indirectamente–, son el Estado (por su búsqueda de inversión extranjera y el modelo de desarrollo económico), las transnacionales, organismos defensores de derechos humanos, campesinos, paramilitares –bacrim– y contratistas extranjeros (sean éstos para seguridad privada o para otros fines).

En ese contexto, como hipótesis de este artículo se plantea la siguiente:

Los monocultivos contribuyen a la generación de consecuencias negativas, tanto para la comunidad como para los Ecosistemas de la región en donde se realizan este tipo de actividades; sin embargo, el gobierno continúa enfatizando la sostenibilidad de este modelo de generación de ingresos que, según él, genera empleo y brinda una vida digna para la población. A pesar de lo anterior, existe un desbordado nivel de deforestación (consecuencia directa del neoliberalismo, modelo económico extractivo por excelencia), adquisición en contextos dudosos de predios y un vínculo con el desplazamiento forzado, debido al señalamiento frente a la contratación de grupos al margen de la ley por parte de las compañías, en aras de asegurar la protección de los territorios destinados para la realización de los cultivos.

En el presente trabajo se estudiarán las implicaciones negativas del tema en cuestión. Se analizará qué tan verídico es que este modelo neoliberal, basado en la inversión extranjera, sea un medio sostenible para el desarrollo económico de las regiones implicadas y el país, teniendo en cuenta que para que una iniciativa sea considerada como sostenible, debe cumplir con las siguientes características:

Que tenga un impacto positivo en la comunidad

Que tenga un impacto positivo en el sector económico

Que sea respetuoso con el Ecosistema

Para fines metodológicos, se empezará con una breve descripción de los conceptos de apropiación y despojo de tierras y sostenibilidad, para luego esbozar el análisis del artículo, teniendo como fundamento las bases teóricas expuestas anteriormente. Abordando el tema de la sostenibilidad de los monocultivos de palma en el país y de manera más específica, en el departamento del Chocó, se tendrán en cuenta las implicaciones de los monocultivos de palma de aceite en el ecosistema y en la vulneración de los derechos humanos en el marco de la apropiación y despojo de tierras. En última instancia, y para conectar el artículo con el acuerdo de paz firmado por el Estado con las FARC EP, se medirá el impacto de la reforma rural integral propuesta en el acuerdo, en la comunidad y en el acceso a la tierra para la plantación de monocultivos.

Marco conceptual: apropiación y despojo de tierras y sostenibilidad

Apropiación y Despojo de Tierras

El fenómeno de apropiación y despojo es el uso -muchas veces ilegal, o explotación de la tierra en manos de actores internos e internacionales y terratenientes -Estados, transnacionales, entre otros-, que buscan realizar monocultivos de alimentos y agrocombustibles debido a la escasez de la tierra en los países interesados en ellas.

Con el fin de comprender el fenómeno de apropiación y despojo de manera holística, es muy importante revisar sus definiciones. Para dar soporte a la investigación incluiré algunas que permitan arrojar una luz al concepto y contribuir a su comprensión.

La primera describe la apropiación y despojo como el uso (en ocasiones ilegal) o explotación de tierras extranjeras por parte de actores (Estados o Transnacionales) no pertenecientes al país en donde se encuentra el terreno, que buscan la producción de alimentos y agrocombustibles debido a la falta de tierra en su país de origen.La segunda, establece que, con el fin de comprender el fenómeno de apropiación y despojo, éste se debería observar a través del lente de la economía política: “Se refiere a la captura de poder para controlar la tierra y otros recursos asociados como el agua, minerales o bosques, en aras de controlar los beneficios de su uso” (Franco, Borras, Alonso, Buxton, Herre, Kay y Feodoroff, 2012, p. 3)”.

Adicionalmente, perciben la apropiación y despojo de la tierra, en primera instancia como una fuente de poder, pues al tener control sobre la tierra y demás recursos naturales como el agua, se controlan a su vez los beneficios de la explotación de los mismos, y en segunda instancia, como el resultado de los procesos de globalización, liberalización de los mercados y los incentivos en cuanto a la inversión extranjera directa. (Franco, Borras, Alonso, Buxton, Herre, Kay y Feodoroff, 2012). Esa definición también es sostenida por Zoomers, quien también considera que el concepto es el resultado de los procesos de liberalización de la tierra a través de las políticas públicas que tuvieron lugar durante los años 90, catapultaron la percepción de la tierra y otros recursos naturales como bienes de uso o “commodities” (2010, 431).

Una última definición, por Borras y Franco, establece que la apropiación y despojo de tierras o “Land grab” (por su nombre en inglés), se refiere a la explotación comercial actual de la tierra, y que tiene como fin la producción y exportación de comida, alimento para animales, agrocombustibles y minerales (2011, 34).

El concepto de Sostenibilidad

El desarrollo sostenible, es quizá uno de los conceptos más polemizados y confusos en la actualidad, ya que mucho se ha escrito sobre él desde diversos enfoques y áreas académicas de estudio; sin embargo es constante la tergiverzación del término por parte de los Estados, en aras de camuflar fines económicos permisivos, que utilizan la palabra “sostenible” para obtener un aval internacional en cuanto a la protección de derechos humanos y ambientales, aun cuando el interés real no sea el cumplimiento de los mismos, sino una mera formalidad para no ser considerado como un paria ante la comunidad internacional.

En síntesis, el desarrollo sostenible tiene una meta bastante ambiciosa, pues apela por el bienestar del hombre y su permanencia en el tiempo, a través del uso efectivo de capitales existentes (económicos, sociales, medioambientales), en donde éstos sean distribuidos con equidad y sin el sacrificio de los mismos; es decir, se busca que el hombre satisfaga sus necesidades a partir de los capitales existentes, pero sin abusar de ellos, hasta el punto de extinguirlos (Burkard, 2001, 3).

Al profundizar en el concepto, el desarrollo sostenible fue oficialmente mencionado por Gro Brundtland en la Comisión Mundial del Medioambiente y el Desarrollo (WCED) en 1987. En el reporte, Brundtland menciona: “un desarrollo que encuentre las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para afianzar sus propias necesidades” (World Commission, 1987). Este modelo de desarrollo, por primera vez mencionó la interdependencia de los factores económicos, tecnológicos, sociales, culturales y naturales, los cuales deben nutrirse entre sí, para lograr niveles de calidad de vida más elevados y acorde a las necesidades contemporáneas. (Burkard, 2001, 4).

En el artículo de Payne y Raiborn se realiza una compilación de definiciones de desarrollo sostenible:

“Este tipo de desarrollo debería ser económicamente viable, socialmente justo y medioambientalmente apropiado”.

“El desarrollo sostenible debería significar que las necesidades básicas de todos se logren satisfacer y que todos deberían tener la oportunidad de afianzar sus aspiraciones para lograr una mejor calidad de vida”.

“La integración de un desarrollo económico con la protección ambiental y la equidad social” (Payne & Raiborn, 2001, p. 158).

Entre otras definiciones, una de las más llamativas, es la que define al desarrollo sostenible como un sistema, dentro del cual, sus diferentes componentes o subsistemas, deben estar relacionados entre sí, para el óptimo funcionamiento del sistema como una totalidad. Por lo anterior, un sistema de desarrollo sostenible, no puede ser aquel que meramente cuente con un propósito antropocéntrico, en donde el ecosistema se convierta en el basurero de los deshechos del hombre, ni tampoco puede ser aquel que elimine por completo el componente humano (bio-centrismo); se busca entonces un sistema sostenible socio-ecológico, en donde, ninguno de los capitales involucrados sea comprometidos y trabajen en igualdad. (Gallopín, 2003).

Sostenibilidad de la palma de aceite en Colombia y su impacto en el departamento del Chocó

Siguiendo la premisa del concepto de apropiación y despojo, llama la atención explorar cómo el modelo económico apoyado por el Estado, ha tendido hacia la búsqueda de inversión extranjera y el uso de estrategias de mercadeo, es decir, de promoción del país como un paraíso para incrementar el turismo y la explotación de bienes naturales, ofreciendo al país como un lugar amigable y seguro para las transnacionales, lo que han impulsado la generación de monocultivos y en especial los de palma de aceite, promoviéndolos como una solución sostenible de crecimiento y desarrollo económico en Colombia.

Antes de abordar el tema de la sostenibilidad a profundidad, es importante resaltar que esta necesidad de inversión extranjera es la herencia de lo que se conoce como El Consenso de Washington  y el surgimiento del pensamiento neoliberal. Se busca entonces, permanecer competitivos a través de medidas como la privatización, la liberalización de mercados y la reducción al Estado. Como consecuencia de este modelo, surgen nuevos actores como las corporaciones internacionales, las cuales tienen un rol importante en la economía política mundial, pues en un mundo globalizado, las líneas entre las decisiones políticas y económicas son difusas, haciendo imposible la tarea de separar los aspectos políticos de los del mercado, cuando se trata de conseguir el último fin: la maximización de la utilidad. (Leiteritz, 2005).

Analizando el caso de Camerún, Herve Sokoudjou (2001), deja entrever, la relación entre un mundo globalizado, el rol de las transnacionales y el auge de los cultivos de palma de aceite:

(…) Las plantaciones de palma sirven a los intereses de las élites locales y de las empresas transnacionales con las que se alían para la obtención de beneficios mutuos… Los principales beneficiarios del auge de las plantaciones de palma serán las grandes empresas (crecientemente extranjeras) que controlan la producción, la industrialización y la comercialización en todos los niveles (Sokoudjou, 2001, p. 12 y 19).


En la actualidad la palma de aceite se cultiva en ciento dos municipios del país, en los departamentos del Cesar, Meta, Magdalena, Bolívar, Casanare, Chocó, Nariño, Caquetá, Santander, entre otros, actividad que se ha incrementado a partir del año 2000, pues se pasó de 10 departamentos con cosechas a 17 (Rey, 2013).

La producción de palma de aceite en Colombia se ha incrementado de manera dramática debido a los incentivos dados por el gobierno con el fin de suplir la creciente demanda mundial por el producto. El valor de las exportaciones se incrementó de 25.7 millones de dólares en el 2002 a 78 millones en el 2006, mostrando así una contribución considerable al PBI del país (Leech, 2009, 1)

A pesar de su alta demanda, este tipo de cultivos requiere de una gran inversión, pues según Fedepalma, se requiere el acceso de al menos tres mil hectáreas de cultivos para que éstos sean rentables, por lo que se han recomendado alianzas entre pequeños tenedores de tierras y las compañías extractoras. En muchas ocasiones, las alianzas consisten en relaciones contractuales que implican apoyo técnico, créditos, semillas, fertilizantes y plaguicidas o xenobióticos, mano de obra y definición de precios de mercado para su venta (Rey, 2013).

El Plan Colombia, el fortalecimiento de los monocultivos de palma y el aumento del despojo de tierras

El Plan Colombia fue un plan de 6 años que entró en vigor en el año 2000, propuesto por el expresidente Andrés Pastrana, como un medio de conseguir ayuda económica provenientes de los Estados Unidos, en su búsqueda de contraatacar las problemáticas sociales colombianas, como el conflicto armado, el tráfico de droga y el subdesarrollo (Veillette, 2005).

Ocampo (2009), en su texto Agroindustria y conflicto armado. El caso de la palma de aceite, explica en qué consistía el sistema de apoyo económico del Plan Colombia para la sustitución de cultivos ilícitos por palma:

Otros programas, como el Plan Colombia, aportan capital para la sustitución de cultivos ilícitos por palma, como en Tumaco, en donde muchos de los pequeños palmeros eran antiguos cultivadores de coca (Segura 2008). El apoyo del Gobierno en el establecimiento de nuevos cultivos se concentra principalmente en el Incentivo de Capitalización Rural, que implica la entrega de un subsidio para financiar los nuevos proyectos de palma (y otros), y que, dependiendo de quién lo solicita, puede usufructuar entre 1500 y 4000 salarios mínimos mensuales, del crédito que se tomó para financiar el proyecto. (Ocampo, 2009, citando al Ministerio de Agricultura. Pág. 176).


No obstante, el sistema de incentivos estatales para los pequeños palmeros o campesinos, representa un problema. Se exige el pago de los créditos a través de las cosechas del monocultivo, lo cual es contraproducente, ya que los frutos de las cosechas solo pueden ser recolectados a partir del tercer o cuarto año, lo que significa que los “beneficiados” se ven atrapados por un sistema cíclico de deudas, lo que desmerita la idea de que existe una redistribución de la riqueza equitativa entre grandes y pequeños productores. (Mingorance, Minelli, Le Du, 2004).

Por otro lado, no es una coincidencia que la apropiación y despojo de tierras y como consecuencia el desplazamiento forzado, se haya incrementado durante la puesta en marcha del Plan Colombia, pues el gobierno estadounidense hizo énfasis en que la lucha contra los cultivos de uso ilícito no solo debía incluir programas de aspersión sino también de sustitución de los mismos por Palma Africana ¿por qué Palma Africana? por la necesidad que tenía ese Estado de satisfacer sus intereses energéticos, debido a una posible crisis en los combustibles fósiles.

Se resalta del Plan Colombia, como lo menciona Stokes (2001), que las recomendaciones de los Estados Unidos meramente se enfocaron en la erradicación de los cultivos de uso ilícito y la lucha contra el narcotráfico, así como en la ayuda y asesoramiento a las fuerzas militares colombianas, en su búsqueda de combatir al grupo armado FARC EP. ¿Qué pasó entonces con las fuerzas paramilitares? grupos armados que también están fuertemente involucrados con el tráfico de droga, incluso más que las FARC EP, aun así, el gobierno estadounidense decidió ignorarlos.

El autor concluye que Los Estados Unidos decidieron no enfocarse en los movimientos de los grupos paramilitares, ya que, de manera directa o indirecta, éstos beneficiaban y defendían sus intereses, al proteger a las compañías norteamericanas de los ataques guerrilleros. Stokes llega a esta conclusión al analizar otras implicaciones del gobierno estadounidense y fuerzas paramilitares:

El uso de paramilitares por Los Estados Unidos como “ejércitos mercenarios”, es un patrón establecido dentro del hemisferio occidental, y hace parte del pilar de la política contrainsurgente estadounidense. Tradicionalmente utilizados como medio para el montaje y esparcir las campañas anticomunistas, las fuerzas paramilitares son una herramienta conveniente para los Estados, pues contribuyen a la exención de responsabilidad (Stokes, 2001).


A pesar de que el gobierno estadounidense no es el directo responsable del surgimiento de las fuerzas paramilitares y su incidencia en la apropiación y despojo de la tierra, sí se vio beneficiado por las acciones llevadas a cabo por estos grupos. Las fuerzas paramilitares generaron terror en las comunidades, fomentando el desplazamiento forzado de campesinos, y, por ende, tener acceso a la tierra para su eventual venta y así facilitar la producción y exportación de la Palma Africana.

Una posible crisis energética es la base del interés en Latinoamérica de países desarrollados como los Estados Unidos, pues a través de la tan anhelada inversión extranjera, países como Colombia buscan satisfacer la demanda de agrocombustibles como la Palma Africana. (Stokes, 2001).

Los impactos de los monocultivos en el ecosistema y la soberanía alimentaria

Como se mencionaba al inicio del artículo, el aumento de la demanda por agrocombustibles por parte de países “desarrollados”, se fundamenta en una posible crisis de los combustibles fósiles, ya que ésta pondría en riesgo su necesidad energética. Lo grave del asunto, es que la producción de agrocombustibles, como la palma de aceite, tiene serias implicaciones en el ecosistema de los países productores, ya que, en aras de suplir la necesidad de países como Estados Unidos, se comprometen hábitats naturales, debido a la necesidad de expansión de la producción de agrocombustibles, generando como consecuencia, altas tasas de deforestación en los países productores. (Altieri, 2009).

En Colombia, las plantaciones de palma tienen diversas consecuencias en el ecosistema, así como para la población, pues como lo expresa Álvarez (2009), la tecnología utilizada en torno a estos monocultivos requiere que la vegetación nativa a su alrededor sea removida, lo que implica la pérdida de otros recursos como la madera y otras especies de palma. Otra de las afectaciones, una de las más recurrentes, se ve reflejada en los suelos en donde se ubican los monocultivos, es la mecanización de la tierra, lo que implica comprometer las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, y que, como consecuencia, puede generar erosión y el desarrollo de terrenos inestables. (Soler, León, 2009).

El impacto de los monocultivos no solo se ve reflejado en el ecosistema, pues amenaza también la soberanía alimentaria de muchos países. A pesar de que organizaciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), destacan la participación de los agrocombustibles en el movimiento “verde” por mejorar las condiciones de vida de los seres humanos y el ecosistema, también resaltan su preocupación frente a la competencia por el territorio entre los agrocombustibles y la producción de alimentos. Vélez y Vélez (2008), hacen mención de lo anterior en su artículo Los espejismos de los agrocombustibles:

Sin embargo, las críticas y dudas surgen desde el seno mismo de esta institución: el documento elaborado para el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, “Evaluación de la Situación de la Seguridad Alimentaria Mundial” (2007), señala que hay competencia entre la producción de alimentos y la agroenergía, y que el crecimiento incontrolado de ésta traerá grandes dificultades e impactos imprevisibles sobre los alimentos, tanto en su disponibilidad como en el acceso, la estabilidad y su utilización. Estos agrocombustibles, especialmente los líquidos, prenden las alarmas en la medida en que se producen con base en productos agrícolas que también se usan para la alimentación, amenazando la soberanía alimentaria de los pueblos (Ver en este mismo libro el artículo de Juan Carlos Morales). (Vélez y Vélez, 2008. Pág. 38).


Consecuencias medioambientales de los monocultivos de palma en el Chocó

Las consecuencias en el ecosistema chocoano, especialmente en los municipios de Jiguamandó y Curvaradó muestran, en primera instancia, implicaciones ilegales frente al acceso a zonas de reserva forestal para la explotación del suelo con fines comerciales:

Una circunstancia agravante de la situación es el hecho que en el proceso de cultivo de palma africana, las empresas no han tenido en cuenta trámites y requerimientos básicos ante autoridades ambientales de tipo regional; no poseen documentos como el concepto de viabilidad ambiental y tampoco permisos para concesión de aguas y aprovechamiento forestal. Se percibe, además, una incoherencia o falta de coordinación entre las diferentes entidades del orden regional y nacional, pues, las entidades autónomas regionales están tomando decisiones y dando cierto apoyo a proyectos que van en contra de los requerimientos planteados por el orden máximo nacional (principalmente la Constitución y la ley 70 de 1993) ». (Herrera y Primavera, 2007. Pág. 102).


Otra de las consecuencias de las plantaciones de palma en el departamento, es la deforestación, situación que tiene como efecto directo la expulsión o erradicación de fauna silvestre, debido a la alteración y sustitución del ecosistema nativo por el de la palma, se tiene como consecuencia, un empobrecimiento de la biodiversidad que depende del entorno natural. (Mingorance, Minelli, Le Du, 2004). El fenómeno de la deforestación, tiene bajo amenaza el territorio conocido como el Chocó Biogeográfico, región que alberga alrededor de ocho mil especies de plantas y más de seiscientas especies de aves. (Arboleda, 2008).

La deforestación no solo tiene como consecuencia el deterioro de la biodiversidad, pues a su vez, modifican y deterioran los recursos hídricos según las necesidades de la palma, pues este tipo de cultivos requieren de sistemas de drenaje artificial, ya que las tierras del departamento son muy húmedas, dificultando –en condiciones normales- la puesta en marcha de la palma en sus suelos (Mingorance, Minelli, Le Du, 2004; Herrera, Primavera, 2007).

Con respecto a lo anterior, Herrera y Primavera (2007), citan en su artículo el estudio de Human Rights Everywhere, expresan:

(…) la tala de bosque y los sistemas de drenaje de las plantaciones modifican los cursos hídricos y modifican las cuencas de drenaje naturales. El desvío de quebradas y las enormes zanjas que se alinean alrededor de los cultivos crean un nuevo sistema pensado únicamente para regular las necesidades hídricas de la palma, evacuando el resto del agua sin prever los efectos que ocasione río abajo (...) Los procesos erosivos producidos por la tala masiva del bosque provocan la sedimentación de los ríos, que ya viene siendo un problema grave en varios sectores de la cuenca del Atrato. El río Jiguamiandó sufre taponamiento grave y la gran sedimentación que presenta el Atrato en su desembocadura de Bocas de Atrato dificulta la navegación y requiere de grandes presupuestos para su dragado. Se originan problemas de movilidad y transporte con repercusiones económicas negativas para la región”. (Herrara y Primavera, 2007. Pág. 105-106).


Ante la situación del departamento del Chocó, la Defensoría del Pueblo (2005), a través de su resolución N. 39, mencionó que desde, el concepto de desarrollo sostenible, la agroindustria de la palma africana se caracteriza por no tener un sistema de producción sostenible, pues hasta el momento solo se enfoca en la sostenibilidad económica. De igual manera, la Defensoría (2005) resalta a través de investigaciones del Instituto Alexander Von Humboldt que los cultivos de palma no conviven con el ecosistema existente, por el contrario, lo reemplaza y por ende destruye la fauna y la flora asociada.

Se resalta que las implicaciones de la palma de aceite en el ecosistema chocoano, no se limitan solamente a los derechos de la naturaleza, pues de igual manera, se ven vulnerados Derechos Humanos como el Derecho a gozar de un ambiente sano y al balance ecológico, así como al Derecho al territorio y a la identidad cultural y étnica. Lo anterior se fundamenta en el impacto generado por la infraestructura en torno a los monocultivos, la cual no se ha llevado a cabo bajo los permisos respectivos, irrespetando así el balance o equilibrio dinámico ecológico de la zona (Defensoría del Pueblo, 2005).

Asimismo, las comunidades que han vivido en las zonas forestales húmedas, como lo son la comunidad negra e indígena, se han visto directamente afectadas por la expansión de las tierras destinadas para la siembra de palma, ya que, en este sentido, ven en riesgo los conocimientos, prácticas culturales y de sustento que habían venido desarrollando alrededor de los territorios. (Defensoría del Pueblo, 2005).

Vulneración de derechos humanos en el marco de los monocultivos de palma en el Chocó: violencia y condiciones laborales

Las problemáticas y el impacto de los monocultivos de palma en torno a los derechos humanos, en primera instancia están relacionados con la falta de o débil presencia del Estado en la zona. Las inversiones realizadas en cuanto a la cadena productiva -seguridad, infraestructura eléctrica, vías de comunicación-, contribuyen a que se perciba una sensación de progreso y mejora de las condiciones de las comunidades, en otras palabras, estas empresas comienzan a reemplazar el poder estatal en la zona, generando así, una especie de obligación indirecta de la comunidad hacia las compañías. (Ocampo, 2009).

A pesar de los beneficios expresados anteriormente, las compañías de palma de aceite necesitan expandirse con el fin de incrementar su producción para así ser rentables. Esta expansión solo se logra a través de la adquisición de nuevos terrenos. En el caso colombiano, el acceso a la tierra puede convertirse en un proceso turbio debido dos inconvenientes: la precariedad de la definición de derechos de propiedad de la tierra y el involucramiento de grupos armados que facilitan su obtención.

El involucramiento injerencia de grupos armados al margen de la ley, como lo son los paramilitares, que, a través de métodos como la extorsión, la amenaza y el asesinato, desenlazan consecuencias como el desplazamiento forzado y la pobreza. (Goebertus, 2008 & Leech, 2009). En sentido similar, Rey corrobora esa consecuencia:

Muchos predios los ocupan históricamente personas que no tienen título, lo cual genera fallas de información y afecta la definición de precios, y por ello la consecución de tierras en países como Colombia tiende a expresarse mediante la usurpación y el robo. La violencia se ha constituido en un método para imponer reglas en mercados en extremo informales. Autores como Fajardo (2002), Zuluaga (2002) e Ibáñez y Querubín (2004) ponen de relieve que el desplazamiento no es un resultado casual de la guerra. En realidad, la expulsión de la población es una estrategia de la guerra misma por medio de la cual se intimida a campesinos y se abaratan tierras para apropiarse de ellas e imponer mecanismos de producción de recursos legales o ilegales, ya sea para la organización delictiva o para la elite terrateniente local. Los campesinos abandonaban la tierra o vendían muy barato. Las masacres sembraron el terror y en ese río revuelto se hicieron infinidad de transacciones y se creó un verdadero caos jurídico. Muchos carecían de títulos diferentes a la mera posesión; otros, teniéndolos, los transfirieron y otros más abandonaron la tierra (Molano, 2012, p. 24).” (Rey, 2013. Pág. 6-7).


En el caso chocoano, los municipios de Jiguamandó y Curvaradó han sido testigos de graves violaciones de derechos humanos en torno a la apropiación de las tierras para los cultivos de palma, entre éstas, asesinatos, torturas, masacres, desapariciones forzosas y desplazamiento forzado, lo que hace explícita la relación entre los cultivos y el conflicto. (Rey, 2013; Ocampo, 2009). Lo anterior, se puede evidenciar en lo expresado por diversas organizaciones -entre esas, ONGs, entidades públicas y empresarios-, quienes se encargaron de verificar las irregularidades denunciadas por la comunidad. (Swiss Info, 2005; Defensoría del pueblo, 2005).

La apropiación de los territorios comunales de comunidades afrocolombianas, por parte de las empresas y grupos armados, dio como resultado el asesinato y desaparición de alrededor de 110 personas. (Salinas y Seeboldt, 2010). El Concejo Noruego de Refugiados (2007), en su informe Resistencia al desplazamiento por combatientes y agentes de desarrollo: zonas humanitarias en el noroccidente colombiano establece lo siguiente frente al surgimiento de grupos paramilitares y al negocio de la palma africana:

El apoyo paramilitar para el establecimiento de las plantaciones de palma africana en Jiguamiandó y Curvaradó́ fue admitida públicamente por uno de los líderes paramilitares en junio de 2005. “Y se dice que en algunos territorios de Río Jiguamiandó ya hay campos de palma africana brotando, según los grupos de auto-defensa [paramilitares] en conversaciones con el gobierno sobre los planes económicos que pondrían en marcha una vez se lleve a cabo la desmovilización. Los lotes adquiridos ilegalmente en medio del conflicto armado se discuten dentro de estos planes. (Consejo Noruego de Refugiados, 2007. Pág. 13).


El involucramiento de grupos armados -como los paramilitares-, en los cultivos de palma de aceite en el Chocó, salpica a empresas como Urapalma, señalada de tener fuertes vínculos con estos grupos, beneficiándose del acceso a la tierra a través de actos violentos propiciados por los paramilitares. (García, 2014).

La vulneración de derechos humanos, no solo se manifiesta a través de actos violentos. La violación de derechos laborales y pésimas condiciones de trabajo, es otra característica de los monocultivos de palma en la zona. Para ser considerado como un producto rentable, bajo una mentalidad económica neoliberal, se debe buscar la reducción de costos para así obtener ganancias a través de una estrategia de precios. Lo anterior –como consecuencia de la ausencia estatal– se ve representado en salarios por debajo de lo habitual y omisiones en pagos de seguridad social. (Mingorance, Minelli, Le Du, 2004; Swiss Info, 2005; Salinas y Seeboldt, 2010).

La Reforma Rural Integral ¿una pequeña esperanza?

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto (2016), en su punto número uno, cuenta con un plan para la transformación estructural del campo, llamado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. Con la reforma, se busca encontrar la solución de una de las raíces del conflicto colombiano: la lucha por el territorio, la cual ha tenido como resultado, graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado, masacres, asesinatos, entre otros.

La reforma Rural Integral, hace específica la necesidad de restituir y formalizar la posesión de las tierras, evitando así las problemáticas en torno a la tenencia de los territorios y proporcionando una oportunidad para superar la pobreza y la desigualdad en el campo. Igualmente, propone una opción de sustento económico alternativo para las comunidades que habitan en zonas protegidas como lo son las cuencas, páramos y humedales. (Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, 2016).

Lo anterior, de ser implantado bajo un modelo honesto, y con una mentalidad de acabar con una de las raíces del conflicto armado colombiano, arroja una esperanza para la problemática en torno a la apropiación y despojo de tierras para fines de explotación comercial de grandes empresas, pues permitiría que el campesinado y las comunidades rurales, puedan tener un sustento que no dependa de los intereses económicos de entes armados, políticos e internacionales. Asimismo, de ser otorgados otros medios de sustento para aquellas poblaciones que habitan en zonas forestales y reservas protegidas, en concordancia con una reglamentación ambiental exigente y cuidadosa del ecosistema, podría generar cambios positivos en cuanto a los impactos negativos de monocultivos en los suelos, fuentes hídricas y fauna y flora.

Conclusiones

(A modo de continuar con la discusión en el futuro)

Los monocultivos en general, y en el caso particular de este artículo, los de palma de aceite, ya sea para la producción de alimentos o de agrocombustibles, presentan graves implicaciones a nivel social y ecosistémico. Los países productores de palma de aceite –en su mayoría, en vía de desarrollo- cuentan con factores similares: pobreza, corrupción, medidas de protección ambiental laxas, baja presencia estatal en zonas rurales y condiciones de desigualdad, que facilitan de manera directa o indirecta, la reproducción de irregularidades en torno a los monocultivos, como lo son la apropiación y despojo de tierras de manera ilegal, o a través de medios ilegales.

Lo anteriormente concluido, se ve reflejado en el caso del departamento del Chocó, en donde, por su histórica baja o nula presencia estatal, se ha fomentado el abuso de compañías, sean éstas nacionales o internacionales, para la apropiación y explotación comercial de territorios colectivos designados para la comunidad, buscan expandir la producción de palma de aceite (o africana) en aras de incrementar sus tasas de margen de utilidad. Esta problemática, se ha visto envuelta en escándalos por el apoyo de fuerzas paramilitares, quienes, a través de medios de intimidación y violencia, han propiciado desplazamiento forzado de las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como desapariciones forzadas, asesinatos y masacres, obteniendo así el acceso a territorios, los cuales son vendidos o puestos a disposición de las empresas palmeras.

En el departamento del Chocó, no solo se han visto vulnerados los derechos anteriormente mencionados, pues también se destaca la amenaza de los monocultivos, a prácticas culturales y de sustento en torno al ecosistema por parte de sus habitantes, violando así los derechos al territorio y a la identidad cultural y étnica. Así mismo, se ponen en riesgo las reservas forestales del Departamento, atentando contra la fauna y flora local y por consecuencia, amenazando las fuentes hídricas, con sus aguas subterráneas, debido a la intervención en infraestructura necesaria para el mantenimiento de los monocultivos de palma, lo que claramente compromete el derecho a gozar de un ambiente sano. Cabe resaltar igualmente, que estos métodos de explotación de la tierra, ponen en peligro otras formas de sustento económico de la región, como lo es la explotación de especies maderables. (Defensoría del Pueblo, 2005).

No queda duda, de que el modelo económico basado en la plantación de palma de aceite, no es sostenible, ya que ha fallado en cumplir las condiciones que establece el concepto de sostenibilidad, pues en este sentido, no ha sido responsable con el ecosistema y ha contribuido a la vulneración de derechos de la comunidad, generando así un impacto negativo en la misma. En cuanto a términos económicos, no ha sido un modelo que haya propiciado una distribución de la riqueza equitativa en la región chocoana, pues ha enmarcado a los pequeños productores en un sistema de créditos del que muy difícilmente se podrán desligar.

Se pregunta entonces, sobre el impacto de la propuesta de Reforma Rural Integral, realizada en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, en esta problemática territorial. ¿Apaciguará ésta las necesidades de las comunidades rurales frente al territorio? ¿Brindará una solución a la constante lucha entre las grandes empresas y los pequeños productores? ¿Reducirá las implicaciones violentas en torno al acceso al territorio? Queda entonces un sentimiento de duda, que, sin embargo, es esperanzador, en la búsqueda de una solución holística para la problemática que gira en torno al acceso y sustento producido por los suelos del territorio colombiano.

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